La Opinión, 25/05/2018.
La prioridad bipartidista en el Congreso no es la
inmigración ni las armas de fuego en las escuelas. Es la ayuda a la industria
bancaria, aflojando controles establecidos hace unos años para evitar la crisis
financiera que condujo a la Gran Recesión.
Los argumentos de los banqueros, cabilderos y legisladores
en favor de cambiar la Ley Dodd Frank muestran a una industria en dificultades.
A un sector bancario comunitario y regional atrapado por regulaciones que no
los dejan operar de una manera que pueda ayudar a sus clientes de la pequeña y
mediana empresa.
No hay nada más alejado de la realidad que esa descripción.
El mismo día que la Cámara de Representantes dio su
aprobación final a la nueva ley, se informó oficialmente que el ingreso neto
del sector superó todos los récords al alcanzar $56,000 millones de dólares en
el primer trimestre de 2018. Una parte es gracias a la reducción de impuestos
de la reforma impositiva del año pasado. Sin eso de todas maneras hubiera sido
un récord al llegar a los $49,000 millones de dólares.
De esa cantidad, $6,100 millones pertenecen a los bancos
comunitarios, o sea 17.7% en relación al año pasado. S&P Global Market Intelligence
estimó que con esta ley los bancos regionales podrían pagar a sus accionistas
hasta $53,000 millones de dólares.
Esto se debe, por ejemplo, a que la nueva ley permite que 26
bancos que estaban en la lista de regulación estricta ya no lo estén. Se redujo
a 12 bancos al exigir que la mayor vigilancia sea ahora en los bancos con
$250,000 millones en bienes, en vez de $50,000 millones como era en la ley
original.
Este solo uno de los cambios. La nueva legislación autoriza
otra vez a los bancos más pequeños a hacer inversiones riesgosas, cuyos
fracasos son pagados por los contribuyentes y elimina el sistema interno que
identifica a un banco si discrimina con las minorías – tal como lo hizo Wells
Fargo-, entre otros.
La nueva ley mantiene el grueso regulatorio, sin embargo, a
lo largo del gobierno ocurre lo contrario.
La Oficina de Protección al Consumidor Financiero está
dirigida interinamente por el jefe de Presupuesto, Mick Mulvaney, cuya misión
es destruirla. La Junta de Gobernadores tiene cuatro vacantes, de siete
integrantes. No hay un subsecretario de Finanza Doméstica en el Departamento
del Tesoro.
La medida fue aprobada con la ayuda de senadores demócratas
que reciben donaciones de la industria bancaria y tienen una reelección en una
estados que ganó Trump en 2016. El populismo trumpista favorece a los banqueros
tan solo porque Obama los quiso vigilar.
El pasado y el presente de la industria bancaria indican que
se necesita una regulación estricta. Los ahorristas pequeños y los
contribuyentes fueron los perdedores de la última crisis. La nueva ley es un
apuesta demasiado arriesgada al futuro.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario