Por Antonio Sánchez Andrés
(Universidad de Valencia).
La paradoja de Kaldor,
03/05/2018.
Recientemente han aparecido noticias sobre la continuación
en la privatización de Bankia, asunto que pone sobre la mesa, una vez más, la
conveniencia de reflexionar sobre el papel del Estado en el sector bancario.
Diversas aportaciones se han realizado sobre este polémico aspecto de la
política económica. A favor de una banca pública activa se ha argumentado que
facilitaría la circulación del crédito en la economía, en especial en periodos
de crisis, que constituiría un instrumento singular de apoyo a las pequeñas y
medianas empresas, que permitiría una mayor aproximación a la población
ajustándose a sus necesidades en un periodo de reestructuración bancaria tan
fuerte como el actual o sería un vector esencial en evitar la exclusión
financiera de importantes segmentos de gente con ingresos reducidos. Por
supuesto, los contrarios a este tipo de política responden que estas
consideraciones son falaces y que la banca pública no añadiría ningún valor
añadido al papel desempeñado por la privada, además de que el ámbito económico
se vería entorpecido por las intervenciones unilaterales políticas. En este
trabajo se pretenden aportar algunas reflexiones complementarias acerca de la
relevancia de mantener algún banco importante como público y se excluyen
consideraciones acerca de la nacionalización de toda la banca. En parte, en
estas reflexiones se encuentra subyacente la limitada competencia que existe en
el sector bancario, cuando existe, que se ha acentuado en España con la crisis
económica y sobre la que pasan sigilosamente los adversarios al mantenimiento
de la banca pública.
La cuestión importante en nuestras circunstancias actuales
se refiere a las razones que argumentan el mantener una banca pública con un
visible peso en el sector financiero y, en este caso, remite hacia una
reconsideración acerca del control estatal sobre Bankia. Los ámbitos
estratégicos de discusión se concentran en la fiabilidad y la volatilidad del
sistema financiero (bancario) español. En concreto, la consideración es qué
ocurre, a corto y medio plazo, con la estabilidad del sistema financiero y, a
largo plazo, con el riesgo sistémico. No obstante, ambos problemas se
encuentran relacionados.
Respecto al primero, los bancos como empresas privadas
buscan la obtención de beneficios y maximizarlos. En el ámbito financiero,
estas remuneraciones son mayores cuanto más elevado es el riesgo. En este
sentido, cabe destacar la innovación financiera orientada hacia la creación de
nuevos productos financieros que se organicen (estructuren) de manera opaca
integrando productos de diversa naturaleza o aquellos orientados a clientes que
no pueden responder por ellos. Estos han sido causas directas de la crisis
financiera de 2008. A partir de ese momento, se frenaron las mencionadas
innovaciones financieras, pero diez años después ya se han comenzado a generar
productos financieros cada vez portadores de mayor riesgo. En concreto, ya se
han lanzado productos financieros estructurados que cada vez son más similares
a los emitidos antes de la crisis o se ha iniciado la concesión de préstamos
hipotecarios por el 100 por cien de los valores de referencia. En ciertos
casos, estas conductas salen a la luz, pero en otros casos quedan ocultas. El
problema es que, alejándose de los problemas de 2008 y con la opción de
aumentar los beneficios bancarios, esa innovación financiera de creciente
riesgo ya se está acelerando. El resultado es que se están creando las bases, y
cada vez más sólidas, para una nueva crisis financiera y económica.
Por supuesto, las autoridades supervisoras financieras
deberían desempeñar un papel activo en evitar este tipo de problemas. Sin
embargo, como demuestra la historia, su comportamiento ha dejado bastante que
desear. En estas condiciones, la existencia de una banca pública importante, al
estar dentro del negocio financiero, podría revelar de manera más diáfana y
temprana los comportamientos arriesgados desarrollados en este sector
económico. Es decir, una función relevante de la banca pública sería la
generación de información que permitiese anticipar conductas que condujesen a
la crisis al sector y a la economía española en su conjunto. En efecto, la
adopción de las políticas concretas para limitar esas conductas se encontraría
en otra dimensión, pero la información sería un factor crucial. También debe
reseñarse que la banca pública, con una lógica de funcionamiento, en parte
distinta de la privada, podría constituirse en un moderador de efectos de
crisis. En este sentido, y adicionalmente, la banca pública también se
constituiría en un instrumento del Estado para influir sobre las
irregularidades en el sector que completaría a la política macroprudencial. Por
supuesto, esta propuesta es rechazada por la banca privada y explicaría el gran
interés dentro del sector por acelerar el proceso de privatización de Bankia
puesto que sería un instrumento potente que revelaría parte de sus conductas
“anómalas” y, en ciertos momentos, contrarrestarlas. En estas condiciones,
mantener una banca pública resultaría un vector esencial para defender el interés
general y la estabilidad de la economía española en su conjunto, así como del
sector financiero en particular. La importancia de esta circunstancia
argumentaría a favor de la necesidad de renegociar con la Unión Europea
(Memorando de Entendimiento) las condiciones de privatización de Bankia.
El segundo problema vinculado al largo plazo es el riesgo
sistémico. Este es el que normalmente se barajó para justificar a finales de la
década anterior que las entidades financieras no pudiesen quebrar. Es decir, si
quebraba un banco se extendería la desconfianza hacia las otras entidades del
sector y se generaría una crisis de mayor envergadura. Así pues, esta
consideración excluye el fenómeno disciplinario de mercado de las quiebras
(bancarias) del panorama económico español. Nótese que en EE.UU. sí quebraron
algunas entidades y, por tanto, sí surge la amenaza de que aquellos bancos que
sobrepasen ciertos límites puedan tener lúgubres expectativas. Aquí, no. Este
factor se encuentra agravado con la impunidad de que han gozado los directivos
de los bancos y, por añadidura, en el caso de que la justicia haya reconocido
sus irregularidades, los afectados se han visto beneficiados por la concesión
de indultos gubernamentales.
Como el sino de las empresas privadas es la búsqueda del
beneficio y maximizarlo, esta característica conduce a las entidades
financieras a entrar progresivamente en actividades o generar productos
(innovación financiera) con mayor componente de riesgo. Más aún, si el tamaño
del banco es muy grande también pueden presentar interés en generar
desestabilización financiera, y con los recursos económicos e informativos de
que disponen, conseguir manipular las situaciones y maximizar sus beneficios
(ya han aparecido casos recientemente). En cuanto al acceso a actividades de
mayor riesgos se deben realizar dos consideraciones. Si tales estrategias son
exitosas, entonces constituyen un drenaje de recursos de otros agentes y, por
tanto, en detrimento de otros sectores económicos con el consiguiente impacto negativo
sobre el tejido productivo del país. En caso de fallar y tener problemas,
entonces no es grave la situación, por un lado, para las correspondientes
entidades financieras, porque con los recursos de los contribuyentes se
cubrirían los agujeros financieros y, por otro lado, para aquellos que tomaron
las decisiones, puesto que se les respetarían los ingresos astronómicos
percibidos junto con los futuros, que suelen adoptar diversos nombres. Ambas
situaciones se han dado en la crisis española de 2008.
De la argumentación anterior se deriva que el riesgo
sistémico se ha constituido en un problema estratégico, al menos (por aquello
que nos afecta), en España. Como los bancos son entidades privadas en
condiciones que (en último extremo) no se les exigen responsabilidades de
mercado, aunque muchas de sus acciones puedan tener éxito, es una cuestión de
tiempo que tengan resultados negativos, y provocarían una nueva crisis en
España. La defensa de la competencia y de la estabilidad a largo plazo de la
economía española requiere realizar intervenciones relacionadas con, en primer
lugar, moderar el riesgo sistémico y, en segundo término, eliminarlo. Mantener
la banca pública iría en el sentido de moderar el riesgo sistémico pues
mantendría el número de agentes en juego y favorecería la competencia. Quizá
para finalizar se podría argumentar que privatizar Bankia supondría la
existencia del mismo número de participantes en ese mercado, pero de tipo
privado. No obstante, esta última consideración presenta una limitación que
transforma la situación en bien distinta. Los grandes grupos privados tienen
tendencia a la colusión o a la formación de cárteles y, en caso de tratarse de
una empresa pública, se resistiría de mejor manera a esta tendencia y se
lograría una mejor defensa de la competencia. Así pues, la existencia de una
banca pública relevante ofrecería transparencia al sector financiero y
estabilidad a la economía española en su conjunto.
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