Por Rosa Pavanelli
(Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos)
El Diario.es. 07/05/2018.
La imagen ha dado la vuelta al mundo: se puede ver el
llamado “Col de l'Echelle” en los Alpes, un lugar donde los inmigrantes pasan
entre Francia e Italia bloqueado por una valla de plástico naranja. Unas horas
antes, una docena de militantes de extrema derecha, reunidos bajo el lema
"Génération identitaire" (Generación identitaria), habían plantado
esta barrera para "garantizar que ningún inmigrante ilegal pudiera entrar
en Francia".
Las autoridades francesas fueron muy rápidas en denunciar
"una operación de baja comunicación", mientras que acababan de
presentar a la Asamblea una ley de "asilo e inmigración" de carácter
represivo que consagra la regresión de los derechos de los extranjeros. Un
texto que se supone que combina "humanidad y firmeza", que en
realidad forma parte de una lógica de seguridad, transformado a extranjeros,
migrantes y refugiados en chivos expiatorios responsables de la crisis
económica y el desempleo.
Según el gobierno, el crecimiento anémico y los puestos de
trabajo en el extranjero también tendrían otros responsables: las empresas
públicas, necesariamente obsoletas, los sindicalistas, sectarios por naturaleza
y los funcionarios públicos, sinónimos de "privilegiados". Sus
estatutos son considerados oficialmente por el gobierno de Emmanuel Macron como
"inapropiados". La reciente reforma del Código de Trabajo francés
también hace que la referencia al contrato de empresa individual se extienda a
todos los empleados de los sectores público y privado.
Para romper este círculo vicioso y abrazar la
"modernidad", habría que vender los principales activos del Estado:
la lotería nacional, las infraestructuras aeroportuarias y en el futuro, las
presas, el transporte ferroviario de mercancías, y mucho más... Y no importa si
todos estos activos garantizan ingresos regulares para las finanzas públicas. A
corto plazo, su enajenación permitiría alimentar un fondo de inversión para
impulsar una nación que ahora se presenta como " start-up".
Esta lógica fue la que impulsó al Gobierno francés a abrir
las líneas ferroviarias a la competencia, preámbulo de la privatización de la
empresa estatal de ferrocarriles SNCF. Una reforma sin legitimidad democrática,
ya que nunca fue una de las propuestas de Emmanuel Macron durante la campaña
electoral. Y para lograrlo, nada mejor que sacar provecho de la frustración de
la población, cuya vida cotidiana se ve brutalmente degradada por las repetidas
interrupciones en el sector del transporte. Por no hablar de los fines de
semana de mayo, que se planifican con más ansiedad que entusiasmo.
Comprendemos el cansancio de la población francesa. No es
fácil defender a los funcionarios públicos contra los ataques del Gobierno,
cuando la calidad de los servicios públicos ha decaído en las últimas dos
décadas. En nombre de una "nueva gestión pública" -en realidad, la
adopción de la lógica de la empresa privada en el servicio público- se han
suprimido muchos trenes en horas valle y se han sustituido por autocares,
prácticamente ya no es posible comprar un billete en el último minuto sin
reserva, y los retrasos son cada vez más frecuentes a medida que se reduce el
personal de los servicios técnicos, una consecuencia de la reducción de los
costes.
También es difícil que los ciudadanos se movilicen para un
hospital cuyo mal funcionamiento es denunciado o para residencias de la tercera
edad desde las cuales emanan advertencias diarias sobre la imposibilidad de
recibir bien. Y es difícil ver a los estudiantes y a sus padres entusiasmarse
por una escuela y una universidad en crisis. En todas partes, el personal -en
su gran mayoría mujeres- intenta hacer todo lo posible para prestar el
servicio, en condiciones tan precarias que uno se pregunta si vale la pena
defender este "servicio público" que no es más que una sombra de sí
mismo.
Sin embargo, en la Internacional de los Servicios Públicos,
una federación sindical internacional dedicada a promover servicios públicos de
calidad en todo el mundo, somos conscientes de que la batalla que se libra
actualmente en Francia va mucho más allá del tradicional cara a cara entre los
sindicatos y el gobierno. Y que sus consecuencias se extenderán más allá de sus
fronteras. El reto no es sólo defender a las empresas públicas irreconocibles
desde hace años por los requisitos contables y las políticas de gestión
vigentes en el sector privado, sino exigir con fuerza y claridad la
reconstrucción de un servicio público de alta calidad, en nombre del interés
general. La idea de que la "apertura a la competencia" permite un
servicio de calidad y más barato es falsa, como lo demuestra la gestión privada
del agua en Francia, dominada por dos oligopolios. El fracaso es tan evidente
que más de 100 ciudades, entre ellas París, han decidido
"remunicipalizar" este mercado.
En esta batalla, no se trata sólo de rechazar la llamada
"modernización" defendida por el gobierno francés, sino de recordar
que el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a una jubilación digna, a
unas infraestructuras de calidad, a la movilidad de las personas, a la igualdad
entre mujeres y hombres, a la cultura, todo ello en condiciones respetuosas con
el medio ambiente, no son servicios administrados por entidades privadas o públicas,
sino derechos en una sociedad democrática. Y basta con mirar la desastrosa
historia de la privatización ferroviaria en el Reino Unido para recordar que el
sector privado es incapaz de hacerse cargo del interés público. En Francia,
como en el resto del mundo, el servicio público no puede dejarse al arbitrio
del mercado, del dumping social y de la competencia.
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