lunes, 30 de octubre de 2017
El Parlamento Europeo aborta el límite al tamaño de los bancos
Por Bernardo de
Miguel
El Confidencial,
30/10/2017.
Casi siete años de trabajo académico, político y legislativo
tirados a la basura. La Comisión Europea ha renunciado, de manera definitiva, a
la tramitación del proyecto de reglamento que pretendía reducir los riesgos en
el sector financiero para evitar la (re)aparición de entidades demasiado
grandes para dejarlas caer (too big to fail, en expresión anglosajona).
La propuesta se ha estrellado en el Parlamento Europeo,
donde lleva bloqueada desde 2015 y sin visos de arrancar. Fuentes financieras
atribuyen el estancamiento a las maniobras de los eurodiputados franceses, que
habrían cerrado filas, por encima de colores políticos, para evitar el acuerdo
sobre una propuesta que inquietaba a toda la banca europea pero, muy en
particular, a la francesa.
El hundimiento de la norma también puede convenir a la banca
española, porque su introducción hubiera dificultado la expansión de las
grandes entidades, en particular, Santander, BBVA y Caixabank. El sector temía
que el endurecimiento de los controles a partir de un determinado umbral de
activos (100.000 millones de euros) restase atractivo a las posibles fusiones
dentro de España y de la zona euro.Esa amenaza ha desaparecido.
“No se prevé un acuerdo”, concluye la Comisión Europea en su
programa de trabajo para 2018, aprobado la semana pasada, en el que retira
definitivamente la propuesta. El organismo que dirige Jean-Claude Juncker
intenta consolarse asegurando que la estabilidad financiera perseguida por la
norma “se ha abordado ya con otras medidas, en particular, la entrada en vigor
de los brazos de supervisión y resolución de la Unión bancaria”. Pero en
Bruselas nadie duda de que el proyecto, calificado hasta ahora de
“esencial", ha caído víctima del lobby en contra organizado, sobre todo,
por la banca francesa.
Finance Watch, organización no gubernamental que escruta la
reforma bancaria, “deplora” la decisión de la Comisión de retirar la propuesta.
Y señala que, a pesar de las medidas adoptadas, “ha habido poco progreso en
resolver el riesgo sistémico que supone el tamaño, la complejidad y la
interconexión entre los grandes bancos”.
El Reglamento era una de las respuestas europeas más
drásticas a la crisis financiera y su objetivo era evitar la repetición de unos
rescates que requirieron 4,5 billones de euros en ayudas y avales públicos.
El proyecto logró el respaldo del consejo de ministros de
Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en junio de 2015. Y se anunció entonces
como la medida imprescindible para proteger los depósitos de los ahorradores de
los riesgos derivados de las actividades de riesgo de las entidades
financieras.
La norma no imponía la separación total entre las dos
actividades (banca comercial y de inversión) pero obligaba a los bancos a
aislar los depósitos de sus operaciones de inversión en beneficio propio (el
llamado propietary trading).
La presión de Francia logró establecer ciertos umbrales,
para eximir de la supervisión reforzada a los bancos con menos de 100.000
millones en activos o con una actividad de trading por debajo de 70.000
millones o al equivalente al 10% de sus activos.
Berlín también se salió con la suya y se acordó no aplicar
el Reglamento a las entidades con depósitos garantizados por debajo de los
35.000 millones de euros, un umbral que dejaba fuera a la banca pequeña y
mediana de Alemania.
Aun así, la patronal bancaria francesa reaccionó airada al
acuerdo del Ecofin y lo calificó como “uno de los mayores escándalos
financieros de la historia europea”. Las entidades galas temían que la norma
frenase su actividad en la banca de inversión y que ese lucrativo negocio quedará
en la zona euro en manos de entidades británicas y estadounidenses, a pesar de
que en ambos casos ya están sometidas a controles más exhaustivos que en Europa
(norma Vickers en Reino Unido y Volcker en EE UU).
Fracaso previsible
“El fracaso de la norma es tan lamentable como previsible”,
ha señalado Christian Stiefmüller, analista de Finance Watch. Stiefmüller
atribuye el descarrilamiento del Reglamento “al puño de acero que el lobby
financiero todavía ejerce sobre los gobiernos y los legisladores”. Y lamenta
que “se ha perdido una gran oportunidad para hacer el sistema financiero más
resistente”.
La retirada definitiva del Reglamento pone fin a un proyecto
que arrancó a finales de 2011. El entonces comisario europeo de Mercado
Interior y hoy negociador europeo del brexit, Michel Barnier, creó un grupo de
expertos, bajo presidencia de Erkki Liikanen, para analizar la posibilidad de
una separación estructural entre banca comercial y de inversión.
El grupo, del que formó parte José Manuel Campa, publicó su
informe un año después. Y a principios de 2014, la CE aprobó el proyecto de
Reglamento para acabar con el too big to fail. Siete años de trabajo echados a
la basura por el Parlamento Europeo.
Marcha atrás en la
regulación
- El abandono del Reglamento sobre la limitación del tamaño de las entidades financieras es la enésima señal del frenazo y marcha atrás en la regulación del sector financiero puesta en marcha a raíz de la crisis de 2008.
- El año pasado, la Comisión Europea suavizó los requisitos de capital pactados a nivel internacional en el marco conocido como Basilea III. Bruselas aseguró que la adaptación era necesaria debido a la especifidad de la economía europea, donde las empresas dependen mucho más del crédito bancario que en EE UU, donde se recurre de manera más frecuente a la financiación a través de los mercados bursátiles. Bruselas también ha relajado las normas sobre capital riesgo, para intentar desarrollar ese mercado.
- El frenazo también ha afectado a la unión bancaria. La Comisión ha propuesto aplazar sine die la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos para mutualizar el riesgo de futuras crisis bancarias. Berlín se niega a crear ese fondo mientras no se saneen los balances de las entidades financieras de la zona euro, que tras la crisis acumulan más de 800.000 millones de euros en préstamos dudosos o fallidos. Como vía de escape, la CE propone crear un fondo que ofrezca, en caso de necesidad, liquidez a los países en crisis, pero siempre reembolsable.
- La creación de un impuesto al sector financiero (tasa Tobin) también lleva meses estancada.
Disponible en:
domingo, 29 de octubre de 2017
La gran banca se resiste a pagar a los clientes que reclaman las cláusulas suelo
Por Marta Garijo
El diario.es, 28/10/2017.
El Gobierno aprobó en enero
un mecanismo extrajudicial para las cláusulas suelo con el que buscaba
desatascar los juzgados de casos tras la
sentencia europea que respaldaba que se pagara todo lo cobrado de más por estas
cláusulas cuando fueran consideradas abusivas. A pesar de este procedimiento,
los bancos que han dado datos sobre la gestión de sus reclamaciones están
rechazando casi la mitad de las recibidas.
Caixabank ha dicho que no a un 48% de las reclamaciones que le han
presentado mientras que Sabadell ha respondido negativamente a un 45% de ellas.
Las entidades alegan que las cláusulas suelo habían sido comercializadas con
transparencia para rechazar las reclamaciones.
En cifras, Caixabank ha devuelto 210 millones de euros en cláusulas suelo a 47.000
clientes mientras que el importe abonado por Sabadell asciende a los 95
millones de euros.
Por su parte, el consejero delegado de Santander, José
Antonio Álvarez, cifró en 200 millones de euros las devoluciones realizadas por
Banco Popular. En su día, Popular provisionó 534 millones de euros para hacer
frente a estas reclamaciones ante un riesgo potencial de 600 millones de
euros. Esta es otra de las entidades que
contaban con más cláusulas suelo dentro de sus hipotecas. Tras ser intervenida
en junio por la Junta de Resolución Única y vendida al Banco Santander por un
euro ha pasado a este grupo que está en proceso de integrarla. Santander
siempre ha dicho que no tiene cláusulas suelo en sus hipotecas.
BBVA ha rehusado por el momento a dar cifras sobre este
procedimiento de reclamaciones. El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres,
en la presentación de resultados del tercer trimestre únicamente ha dicho que
"la evolución en las reclamaciones es en línea con lo que habíamos
previsto, tanto lo que es el flujo como las previsiones y demás"
asegurando que la están gestionando en un procedimiento "muy ágil" y
que darán información "en las fechas previstas", aunque el banco no
especifica cuáles son estas.
El caso de BBVA es paradigmático porque la sentencia del Tribunal Supremo que
respaldó que había cláusulas suelo abusivas por falta de información, pero que
marcaba la fecha de devolución solo desde la fecha de la sentencia, era por una
hipoteca de este banco. Tras la sentencia europea de diciembre de 2015, el alto
tribunal adaptó su resolución y le dijo
a BBVA que tenía que devolver lo cobrado de más desde el momento en que entraba
en vigor la cláusula y no solo desde 2013.
A pesar de las sentencias que han considerado abusivas
cláusula suelos por la falta de información a la hora de incluirlas en los
contratos, la tendencia general de la banca ha sido negacionista asegurando que
ellos habían informado correctamente a sus clientes. El decreto otorgaba a las
entidades un plazo de tres meses para contestar, por lo que un gran número de
reclamaciones que fueron metidas a comienzos de la puesta en marcha del
mecanismo ya están contestadas.
Únicamente Bankia y BMN aseguraron que ponían en marcha una
fórmula express para devolver a todos sus clientes lo cobrado de más por estas
cláusulas suelos incluidas en sus hipotecas. Bankia, participada por el Estado
en un 65%, estimaba cuando dio a conocer esta práctica que hay 60.000 clientes que podrán acogerse y
que con esta medida se ahorrarán unos 100 millones de gastos judiciales.
Bankia en un balance hecho el 26 de mayo señalaba que había
abonado casi 170 millones de euros a 34.000 clientes en concepto de devolución
de cláusulas suelo en menos de cuatro meses. Mientras que BMN habría devuelto 34 millones de euros en
este concepto hasta agosto.
Judicialización de
los casos
El decreto del Ejecutivo para implantar este mecanismo de
devolución de cláusulas suelo incluía la creación de una Comisión de
Seguimiento. El Gobierno no aprobó la creación de seguimiento hasta finales de
mayo y esta no se reunió hasta finales abonado de julio. En esta reunión, la
comisión decidió cómo y qué información
pedir a los bancos para elaborar sus informes. El órgano estableció que el
primer envío de datos sea a cierre de septiembre y estableció que la fecha
límite fuera el 9 de noviembre.
El rechazo de estas reclamaciones conllevará a la
judicialización de muchas de estas reclamaciones, según aseguran asociaciones
de consumidores y despachos de abogados. Aunque también alertan de que el
rechazo de las reclamaciones lleva a que muchos consumidores piensen que ya han
agotado sus vías y recuerdan que aunque la respuesta de la banca sea negativa,
se puede acudir a los tribunales. A esto se suma que se han creado juzgados
especializados para los casos relativos a hipotecas, que muchas voces critican porque se han colapsado
y se ralentizan los tiempos de resolución de casos.
Por su parte, el PSOE en una proposición no de ley
presentada en el Congreso advierten de que muchos bancos están rechazando las solicitudes de
devolución de aquellos clientes afectados por las cláusulas suelos que en algún
momento registraron un cambio en las condiciones de su hipoteca. "La
mayoría de las entidades están rechazando las solicitudes de quienes realizaron
una modificación en el capital o el plazo, o una subrogación (traspaso del
crédito a otro banco), al considerar que esa persona estaba perfectamente
informada de la limitación de los intereses" al renegociar su hipoteca,
explican en su iniciativa en la que piden al Gobierno que informe sobre el
número de devoluciones que se han producido y de qué entidades se niegan a
devolverlas.
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sábado, 28 de octubre de 2017
Una jornada presenta en Pamplona tres experiencias de banca pública en Alemania, Holanda e Italia
El diario.es, 27/10/2017
- 13:03h
El vicepresidente económico del Gobierno de Navarra, Manu
Ayerdi, ha abierto la jornada que sobre experiencias de referencia
internacional en banca pública se ha celebrado este viernes en el Planetario de
Pamplona, con la presencia de tres ejecutivos de otras tantas entidades
financieras de titularidad pública.
En su intervención, Ayerdi ha recordado las acciones que
desde el Gobierno de Navarra se están llevando a cabo para estudiar la
viabilidad de la creación de una banca pública en la Comunidad foral: un
estudio cualitativo de opinión a 28 agentes de interés en Navarra sobre el
valor que crearía una entidad financiera pública en los ámbitos social y
económico; un estudio jurídico realizado por los catedráticos de la UPNA,
Fernando de la Hucha y Rafael Lara; y la jornada de este viernes en la que han
intervenido tres representantes de bancas públicas de Alemania, Holanda e
Italia.
El propio Ayerdi ha manifestado que con estas tres acciones
se cumple con el compromiso adquirido en el acuerdo programático firmado por
las cuatro fuerzas que sustentan al Gobierno. Con la información generada,
Gobierno y cuatripartito valorarán la situación y tratarán de consensuar una
posible propuesta de actuación adecuada a la realidad y necesidades de Navarra.
Una vez acordada, la propuesta será planteada a la ciudadanía navarra en el
marco de un proceso participativo, con el fin de recoger aportaciones de forma
previa a la decisión definitiva.
El profesor de la Universidad Pública, Mikel Casares, ha
sido el encargado de conducir la jornada y de moderar la mesa redonda con la
que ha concluido la sesión.
EXPERIENCIAS
INTERNACIONALES
El director del Departamento de Banca de Investitionsbank
Berlín (IBB), Matthias von Bismarck-Osten, ha explicado las principales
características de la entidad, que es el banco público de desarrollo del Estado
Federal de Berlín.
El IBB cuenta con una plantilla de 626 personas y su balance
general es algo superior a 19.000 millones de euros. La entidad facilita los
instrumentos financieros para el desarrollo empresarial, la vivienda y la
protección del clima y las infraestructuras. El grueso de su actividad va
enfocada en el apoyo a las empresas emergentes, start-ups, empresas
relacionadas con la vivienda y pymes mediante préstamos de capital riesgo y a
través de programas de subvención y servicios de asesoramiento, ha informado el
Gobierno foral.
Según Von Bismarck-Osten, el IBB acude a los mercados de
capital para refinanciarse (tiene la AAA, de Fitch) y emplea fondos de los
presupuestos regionales, federales y europeos. Según el marco legal, en este
caso el estatuto de la entidad y las normas empresariales, esta institución
financiera pública no tiene cartera de inversión y opera en cooperación y sin
competir con bancos comerciales y entidades de capital riesgo.
El director del Sector Público y Estructura Financiera del
BNG Bank, Edwin van Veenhuizen, ha explicado la estructura y misión del banco
del sector público de los Países Bajos. El BNG Bank es una entidad con 103 años
de historia, aunque su actual nombre comercial data de 2013. La administración
es la propietaria, a partes iguales entre el gobierno holandés y los gobiernos
locales. Sus títulos son nominativos y restringe su actividad crediticia a las
autoridades locales y a instituciones nacionales o comunitarias.
El objeto de su actividad es el interés público y sirve de
apoyo a las políticas del Gobierno. Según ha explicado van Veenhuizen,
"BNG Bank es el banco de y para las autoridades de los Países Bajos y las
instituciones del sector público". "El banco realiza una contribución
sostenible a la minimización de costes de prestaciones sociales públicas,
mediante la aportación de servicios financieros personalizados", ha dicho.
El banco, con sede en La Haya y 300 empleados, tiene activos
por valor de 154.000 millones de euros y un beneficio neto consolidado de 369
millones. En cuanto a la calificación, BNG Bank posee la triple A de Moody's y
S&P; y la calificación de AA+ por Fitch y está sujeto a la supervisión del
Banco Central Europeo.
Dentro del sector público cobra especial relevancia su apoyo
financiero a organismos responsables de vivienda, de salud o de educación en
niveles superiores, así como a organizaciones sin ánimo de lucro.
El tercer gestor experto en banca pública que ha intervenido
ha sido el vicedirector general de Finlombarda (Lombardia-Italia), Francesco
Acerbi. Ha relatado cómo, según la legislación italiana, el sistema público
opera en el ámbito nacional o regional, como es el caso de su entidad, que se
ciñe a la región de Lombardía.
Finlombarda cuenta con 173 personas a su servicio y su
misión es el desarrollo social, económico y territorial. Dispone de unos fondos
propios cercanos a los 260 millones de euros, unos activos de 395 millones y
gestiona activos para fondos regionales por valor de 1.665 millones de euros.
En 2016 tuvo un beneficio neto de 1,6 millones y su calificación es de BBB-.
La institución fue fundada en 1971 y desde 2004 el 100% del
capital es propiedad de la Región de Lombardía. Desde 2013 es el principal
operador de políticas públicas en el desarrollo regional. Las empresas de
tamaño pequeño y mediano son sus principales clientes, así como los proyectos
de infraestructuras y Servicios Públicos. La mayor parte de su cartera está
compuesta por productos que combinan recursos propios con ayudas regionales o
europeas.
Finalizadas cada una de las exposiciones individuales, los
tres directivos han respondido a preguntas de los asistentes a la jornada. Después
de la intervención de los tres invitados, se ha desarrollado una mesa redonda
acompañada de un turno de preguntas abierto al público tras el que se ha dado
por finalizada la sesión.
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