Por Bernardo de
Miguel
El Confidencial,
30/10/2017.
Casi siete años de trabajo académico, político y legislativo
tirados a la basura. La Comisión Europea ha renunciado, de manera definitiva, a
la tramitación del proyecto de reglamento que pretendía reducir los riesgos en
el sector financiero para evitar la (re)aparición de entidades demasiado
grandes para dejarlas caer (too big to fail, en expresión anglosajona).
La propuesta se ha estrellado en el Parlamento Europeo,
donde lleva bloqueada desde 2015 y sin visos de arrancar. Fuentes financieras
atribuyen el estancamiento a las maniobras de los eurodiputados franceses, que
habrían cerrado filas, por encima de colores políticos, para evitar el acuerdo
sobre una propuesta que inquietaba a toda la banca europea pero, muy en
particular, a la francesa.
El hundimiento de la norma también puede convenir a la banca
española, porque su introducción hubiera dificultado la expansión de las
grandes entidades, en particular, Santander, BBVA y Caixabank. El sector temía
que el endurecimiento de los controles a partir de un determinado umbral de
activos (100.000 millones de euros) restase atractivo a las posibles fusiones
dentro de España y de la zona euro.Esa amenaza ha desaparecido.
“No se prevé un acuerdo”, concluye la Comisión Europea en su
programa de trabajo para 2018, aprobado la semana pasada, en el que retira
definitivamente la propuesta. El organismo que dirige Jean-Claude Juncker
intenta consolarse asegurando que la estabilidad financiera perseguida por la
norma “se ha abordado ya con otras medidas, en particular, la entrada en vigor
de los brazos de supervisión y resolución de la Unión bancaria”. Pero en
Bruselas nadie duda de que el proyecto, calificado hasta ahora de
“esencial", ha caído víctima del lobby en contra organizado, sobre todo,
por la banca francesa.
Finance Watch, organización no gubernamental que escruta la
reforma bancaria, “deplora” la decisión de la Comisión de retirar la propuesta.
Y señala que, a pesar de las medidas adoptadas, “ha habido poco progreso en
resolver el riesgo sistémico que supone el tamaño, la complejidad y la
interconexión entre los grandes bancos”.
El Reglamento era una de las respuestas europeas más
drásticas a la crisis financiera y su objetivo era evitar la repetición de unos
rescates que requirieron 4,5 billones de euros en ayudas y avales públicos.
El proyecto logró el respaldo del consejo de ministros de
Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) en junio de 2015. Y se anunció entonces
como la medida imprescindible para proteger los depósitos de los ahorradores de
los riesgos derivados de las actividades de riesgo de las entidades
financieras.
La norma no imponía la separación total entre las dos
actividades (banca comercial y de inversión) pero obligaba a los bancos a
aislar los depósitos de sus operaciones de inversión en beneficio propio (el
llamado propietary trading).
La presión de Francia logró establecer ciertos umbrales,
para eximir de la supervisión reforzada a los bancos con menos de 100.000
millones en activos o con una actividad de trading por debajo de 70.000
millones o al equivalente al 10% de sus activos.
Berlín también se salió con la suya y se acordó no aplicar
el Reglamento a las entidades con depósitos garantizados por debajo de los
35.000 millones de euros, un umbral que dejaba fuera a la banca pequeña y
mediana de Alemania.
Aun así, la patronal bancaria francesa reaccionó airada al
acuerdo del Ecofin y lo calificó como “uno de los mayores escándalos
financieros de la historia europea”. Las entidades galas temían que la norma
frenase su actividad en la banca de inversión y que ese lucrativo negocio quedará
en la zona euro en manos de entidades británicas y estadounidenses, a pesar de
que en ambos casos ya están sometidas a controles más exhaustivos que en Europa
(norma Vickers en Reino Unido y Volcker en EE UU).
Fracaso previsible
“El fracaso de la norma es tan lamentable como previsible”,
ha señalado Christian Stiefmüller, analista de Finance Watch. Stiefmüller
atribuye el descarrilamiento del Reglamento “al puño de acero que el lobby
financiero todavía ejerce sobre los gobiernos y los legisladores”. Y lamenta
que “se ha perdido una gran oportunidad para hacer el sistema financiero más
resistente”.
La retirada definitiva del Reglamento pone fin a un proyecto
que arrancó a finales de 2011. El entonces comisario europeo de Mercado
Interior y hoy negociador europeo del brexit, Michel Barnier, creó un grupo de
expertos, bajo presidencia de Erkki Liikanen, para analizar la posibilidad de
una separación estructural entre banca comercial y de inversión.
El grupo, del que formó parte José Manuel Campa, publicó su
informe un año después. Y a principios de 2014, la CE aprobó el proyecto de
Reglamento para acabar con el too big to fail. Siete años de trabajo echados a
la basura por el Parlamento Europeo.
Marcha atrás en la
regulación
- El abandono del Reglamento sobre la limitación del tamaño de las entidades financieras es la enésima señal del frenazo y marcha atrás en la regulación del sector financiero puesta en marcha a raíz de la crisis de 2008.
- El año pasado, la Comisión Europea suavizó los requisitos de capital pactados a nivel internacional en el marco conocido como Basilea III. Bruselas aseguró que la adaptación era necesaria debido a la especifidad de la economía europea, donde las empresas dependen mucho más del crédito bancario que en EE UU, donde se recurre de manera más frecuente a la financiación a través de los mercados bursátiles. Bruselas también ha relajado las normas sobre capital riesgo, para intentar desarrollar ese mercado.
- El frenazo también ha afectado a la unión bancaria. La Comisión ha propuesto aplazar sine die la creación de un fondo europeo de garantía de depósitos para mutualizar el riesgo de futuras crisis bancarias. Berlín se niega a crear ese fondo mientras no se saneen los balances de las entidades financieras de la zona euro, que tras la crisis acumulan más de 800.000 millones de euros en préstamos dudosos o fallidos. Como vía de escape, la CE propone crear un fondo que ofrezca, en caso de necesidad, liquidez a los países en crisis, pero siempre reembolsable.
- La creación de un impuesto al sector financiero (tasa Tobin) también lleva meses estancada.
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