Por Marina Estévez
Torreblanca
El Diario.es, 07/05/2018.
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) va a presentar recurso
contencioso–administrativo contra una resolución del Consejo de la
Transparencia que le obliga a hacer públicos los sueldos de su personal de
confianza, aquel que trabaja con contrato individual fuera de convenio. Fuentes
de la entidad han confirmado a eldiario.es que recurrirán la orden dentro del
plazo de dos meses que está establecido.
El requerimiento, del pasado 27 de marzo, daba 15 días
hábiles al banco público para dar curso a la demanda presentada por un empleado
en noviembre pasado. No es el único caso de organismo público que se niega a
desvelar datos económicos pese a los
dictámenes del Consejo, dependiente del Ministerio de Hacienda, en sentido
contrario.
El ICO concede préstamos para financiar operaciones de
inversión y liquidez de las empresas. Está adscrito al Ministerio de Economía,
y de hecho el actual titular de esta cartera, Román Escolano, fue su presidente
entre 2012 y 2014.
Esta entidad pública empresarial tiene unos 300 empleados de
los que alrededor de 50 son cargos intermedios considerados personal de
confianza, y por tanto no sujetos a convenio, según explica su comité de
empresa. Son sobre todo jefes de área, de departamento y subdirectores cuyas
retribuciones no son públicas, en su mayoría provenientes del propio ICO. El
sueldo del actual presidente de la entidad, el ex eurodiputado del PP Pablo Zalba, sí está disponible en el Portal
de la Transparencia, y asciende a 130.359 euros anuales. En su día, el
organismo retrasó la publicación de este dato más allá de lo que marcaba la
ley.
En un contexto de congelación salarial y recorte de
incentivos para el resto de la plantilla, uno de sus empleados decidió requerir
la citada información. La solicitud fue denegada por el ICO. Recurrida esta
negativa ante el Consejo de Transparencia, la respuesta fue que "con
carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial
confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o
entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la
discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los
derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal".
Y añade la entidad
que se encarga de velar por la transparencia de los organismo públicos: "el interés de los ciudadanos
por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de
puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las
instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y
prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los
datos de carácter personal".
Según recuerda el comité de empresa del organismo, el ICO es
una entidad galardonada con premios a la responsabilidad social y fundadora del
grupo de acción de responsabilidad social en empresas públicas. "Quizá
piense la dirección que cuando recaiga sentencia ya no estarán por aquí. Y si
están, pues se recurre otra vez. Al ICO no le preocupa el coste reputacional
que pueda suponer, ni los gastos en los que va a hacer incurrir a la
Administración de Justicia y a la abogacía del Estado. La abogacía del Estado
tendrá que defender la postura del ICO y la del Consejo de la Transparencia,
pues ambos forman parte de la Administración. El escándalo es mayúsculo. ¿Qué
tiene el ICO que ocultar? ¿Por qué tanto celo en la ocultación?", se
preguntan los representantes de los trabajadores.
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