Por José María
Camarero
Diario Sur.es, 03/02/2019.
El beneficio de la gran banca ha superado los 16.600
millones de euros en 2018, un 22% más que el ejercicio anterior, en lo que
supone el sexto incremento anual consecutivo. Aún quedan lejos los 23.400
millones que ganó todo el sector hace diez años. Entre una cuantía y otra no
solo median unos 7.000 millones, sino también un reguero de fusiones, cierres
de oficinas, recortes de plantilla, limpieza de balance del ladrillo tóxico y
un rescate millonario para la mitad del sector.
Diez años se han cumplido desde que los empleados de Lehman
Brothers salieran de sus oficinas en Nueva York cargando con sus pertenencias,
en lo que fue el germen de una crisis que impactó durante años al sector y
cuyas consecuencias siguen sobre la mesa. Con las cuentas de 2018 sobre la
mesa, ningún banco es ahora como en 2008. Tampoco la relación que tienen los
clientes con su entidad es la misma una década después.
Salvo contadas excepciones, la marca del banco con el que opera
se ha transformado. Las antiguas cajas se han fusionado entre ellas o bien se
han integrado en las grandes corporaciones. De casi 50 entidades, España ha
pasado a tener poco más de diez grandes grupos. «A nivel doméstico, la mayor
parte de este trabajo de integraciones ya está hecho», explica Francisco Uría,
socio financiero de KPMG. Queda pendiente la integración entre Unicaja y
Liberbank, cuyos responsables negocian desde diciembre esta operación. La
reconversión del sector no ha parado: desde los primeros SIP (Sistema
Institucional de Protección), una combinación heterogénea de todo tipo de
cajas, pasando por las adquisiciones a un euro de parte de estas entidades
entre los grandes grupos hasta el último rescate del Popular. De paso, el
Estado ha inyectado más de 100.000 millones de euros en todo tipo de ayudas de
las que no prevé recuperar de forma íntegra.
De este cruce de intereses ha derivado una de las peores
consecuencias de esta década: la reestructuración de la banca. La plantilla del
conjunto de entidades financieras se ha reducido en un 30% -casi 100.000
trabajadores menos- y el goteo es incesante. Para este año, Santander tiene
previsto aplicar otro ERE para completar la absorción de Popular, y CaixaBank
hará lo mismo dentro de su nuevo plan estratégico, además de las continuas
salidas de personal que se registra año tras año.
La sangría de trabajadores de banca ha ido en paralelo a la
del cierre de oficinas, un proceso cuyo impacto ha sido mucho mayor para los
clientes. Lejos quedaron los bajos de edificios de los nuevos barrios donde las
entidades pujaban por abrir una oficina. Ahora, esos locales han quedado
desiertos de rastro financiero. En diez años, la reducción de sucursales ha
superado el 40%. Estos cierres «tienen que ver mucho con la crisis, pero
también con el hecho de que la tecnología ha tomado una dimensión enorme»,
explica Francisco Uría.
A la banca ya no le hace falta una sucursal en cada esquina
porque la mayor parte de la operativa habitual -transferencias, pago de recibos,
movimientos, peticiones, etc.- se hacen a través de internet. Junto a este
proceso el sector ha iniciado lo que Juan Ignacio Sanz, profesor de ESADE,
define como una «redefinición de las oficinas». Cada vez hay más sucursales de
amplias dimensiones, dedicadas al asesoramiento, en las que los clientes
incluso pueden tomarse tranquilamente un café.
España todavía se encuentra lejos de los niveles de
digitalización bancaria que tienen otros países europeos, como los nórdicos,
donde el 80% de las relaciones entre clientes y entidades es puramente digital.
¿Ventajas? La inmediatez y la facilidad para conocer el perfil de cada usuario.
¿Inconvenientes? La ausencia de contacto «requerirá un mayor esfuerzo en
fidelizar a sus clientes, a los que ya no conocen tan bien como antes», explica
Juan José Toribio, profesor de IESE.
Ademas, el cierre de oficinas, producto de esa
digitalización, está provocando lo que los expertos consideran como un abandono
bancario. Porque en 4.244 localidades de toda España ya no hay rastro de
bancos. Representan un 52,2% de todos los municipios, según los últimos datos
del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).
En busca de la
rentabilidad
Aunque de cara a la galería la banca gana cada vez más
dinero -en los seis últimos años sus beneficios se han multiplicado por diez
tras un 2012 nefasto-, sus intestinos aún viven con fragilidad. «Uno de los
elementos más positivos del sector de los últimos años ha sido que han
conseguido reforzar su capital y su solvencia», indica Francisco Uría. «Eso
debe jugar en el futuro a favor de su confianza», apunta. La limpieza de
balances ha sido la más cuantiosa que han realizado las entidades de toda la
Unión Europea tras el 'boom' inmobiliario español que se vivió hasta bien
entrado 2008. Solo el año pasado se despojaron de 90.000 millones de activos
'tóxicos'. Además, ya no pesa sobre ellos el impago de créditos, cuya tasa de
morosidad superó el 13,6% en 2013; ahora se encuentra en el 6%.
Pero para disgusto de los banqueros -no así de sus
clientes-, los tipos de interés siguen anclados en mínimos históricos del 0%.
Así lleva el precio oficial del dinero desde mediados de 2014. Cuando todos los
ejecutivos del sector pensaban que 2019 sería el año de la vuelta al incremento
de tipos, el BCE no lo tiene ahora tan claro como hace algunos meses por la
ralentización económica de la eurozona. «Las entidades tratan de recomponer su
cuenta de resultados», explica Juan José Toribio, buscando ingresos ajenos a
los puramente bancarios. Porque el margen de interés de las entidades sigue
siendo muy escaso.
Las comisiones por la venta y gestión de fondos de inversión
y los seguros son dos de las alternativas más buscadas. En el campo de la
financiación, los créditos al consumo tratan de suplir las amortizaciones del
negocio hipotecario. Pero son soluciones temporales: «Un banco está creado para
ganar dinero con el margen financiero», explica Toribio. Y, con los tipos al
0%, no son capaces. «Por eso tratan de reinventarse», indica este profesor.
Porque la rentabilidad del conjunto del sector es uno de los hándicap con los
que tienen que capear.
Judicialización
financiera
Los presidentes de la gran banca que han comparecido esta
semana para presentar sus resultados anuales han tratado de explicar que el
impacto de una posible resolución condenatoria del Tribunal de Luxemburgo por
la comercialización del IRPH (Índice de Referencia de Precios Hipotecarios)
entre sus clientes. Todos apuntan que el coste sería mínimo y no cuentan con
que ningún tribunal anule un indicador que ha sido aprobado en el pasado por
los supervisores.
La cuestión del IRPH es otra de las que les queda pendiente
al sector en materia de comercialización de sus productos hipotecarios. Con la
llegada de la crisis, y ante la imposibilidad de abonar las cuotas, los
clientes comenzaron a percatarse de que las condiciones en las que les habían
vendido esos productos no eran las correctas, porque se les había ocultado
información o, en el mejor de los casos, no se les había informado sobre todos
los riesgos asociados a esa operación.
El profesor Juan Ignacio Sanz, de ESADE, apunta que en estos
diez años «ha cambiado radicalmente la relación del cliente con su entidad».
Los ciudadanos «han aprendido mucho», explica este experto, quien recuerda que
antes «había un gran desconocimiento de todas las cuestiones financieras» de
los contratos.
El tsunami de demandas al que ha tenido que hacer frente la
banca ya le ha supuesto un desembolso superior a los 2.000 millones de euros,
fundamentalmente procedentes de la devolución de las cláusulas suelo. Aún sigue
abierto el mecanismo extrajudicial puesto en marcha hace dos años por el
Gobierno para que los posibles afectados por la limitación de los tipos de
interés hipotecarios reclamaran a sus entidades sin necesidad de pasar por los
juzgados. De este proceso se han resuelto 400.000 devoluciones, pero casi la
mitad de las quejas han sido rechazadas por diferentes motivos.
Cuando los bancos aún no habían acabado de quitarse de
encima el estigma de los suelos, el Tribunal Supremo abrió una nueva compuerta
que supone un coste millonario a las entidades por tener que reintegrar el pago
del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Finalmente, el alto
tribunal evitó la retroactividad de esta medida, pero el Gobierno aprobó un
decreto ley en el que obligaba a la banca a abonar ese tributo desde mediados
de noviembre; hasta entonces, era el cliente el que lo pagaba.
La cuestión de las hipotecas referenciadas a otras divisas
también ha afectado a varias entidades financieras que comercializaron créditos
para vivienda vinculados a monedas ajenas al euro -habitualmente al franco
suizo o al yen japonés- para abaratar sus costes, aunque la cotización de esas
monedas ha disparado esa factura mensual.
Ante todas estas cuestiones a las que ha tenido que hacer
frente la banca, los legisladores han negociado en los últimos meses la nueva
ley hipotecaria, que se encuentra en su fase final en el Senado. Supone aclarar
más los términos de estos contratos, en los que el peso de los gastos irá,
sobre todo, a las entidades financieras.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario