Por Laura Galaup
El Diario.es, 03/08/2018.
Las familias que están a punto de ser desahuciadas se han
encontrado en estos últimos meses con un nuevo aliado: el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU se ha convertido en su
último recurso para evitar el desalojo.
Hace ahora un año, en julio del 2017, este organismo condenó a España
por no garantizar una alternativa habitacional en 2013 a la familia de Mohamed
Ben Djazia. Tras ser desahuciado, él, su mujer y sus hijos de 8 meses y 2 años
pasaron cuatro días durmiendo en un coche.
El Comité determinó que el desalojo de Ben Djazia
"constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada". 12
meses después, esta institución ha solicitado medidas cautelares en otros 18
casos y han recibido 25 quejas. En el último mes, las asambleas de vivienda han
hecho públicos dos requerimientos en la
Comunidad Valenciana y uno en la de Madrid.
La última resolución emitida por este organismo se dictó el
pasado lunes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos
humanos amparaba a una familia con dos niñas de 10 y 12 años, que reside
ocupando un piso de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid en
San Martín de la Vega. El escrito se emitió 24 horas antes de la fecha
programada para el desahucio.
Actuando en nombre del Comité DESC, el Alto Comisionado
solicitó al Estado "tomar medidas para evitarles posibles daños
irreparables", mientras la institución internacional investiga el caso.
Para evitar el desalojo, determinaron la suspensión del lanzamiento o que se
les proporcionase una vivienda alternativa.
El 30 de julio llegó la comunicación internacional, el 31
estaba programado el desahucio. Desde la Comunidad de Madrid aseguran que el 30
llamaron a la familia para comunicarles que habían pedido al juzgado la
paralización de desalojo, tras la intermediación del Ayuntamiento. A pesar de
que la fecha coincide con la resolución emitida por la ONU, fuentes oficiales
del Gobierno regional inciden en que esta decisión "no ha tenido nada que
ver" con la petición internacional. Sin embargo, según la documentación
facilitada por el grupo municipal de Sí se puede!, la Agencia tenía constancia
de este caso desde el 20 de julio. Fecha en la presentaron un recurso ante esta
administración.
Actualmente, el Comité DESC está analizando 25 casos de este
tipo contra España y 22 se han recibido en 2018, informan desde el departamento
de prensa de este organismo. En 18 solicitaron medidas cautelares. Tras la
resolución del año pasado en la que se determinó que el Estado había vulnerado
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor
desde el 2013, los movimientos en defensa de la vivienda han decidido recurrir
a esta institución.
La vivienda, un
derecho humano
Javier Rubio, el abogado que defendió el caso de la familia
de Mohamed Ben Djazia, destaca que el Comité DESC introduce un enfoque
diferente al de la justicia española al posicionarse sobre estos casos.
"La ONU toma la perspectiva de la declaración universal de 1948 en la que
se declara la vivienda como un derecho humano, nuestras administraciones
generalmente no la entienden así", incide. Los afectados recurren a esta
institución una vez que les han denegado vivienda pública y han agotado la vía
interna del recurso en los tribunales.
Ante estos casos, este organismo decide entre derecho a la
propiedad y el derecho a la vivienda. "El Comité pide que se haga un
juicio de proporcionalidad para determinar cuál conviene respetar más y
considera que el derecho a la vivienda es más protegible que en otros
casos", incide Paco Morote uno de los portavoces estatales de la PAH.
A pesar de que desde el año 2013, España tiene que cumplir
el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales que reconoce en su artículo 11 que los estados
parte "reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado
para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a
una mejora continua de las condiciones de existencia", en estos últimos
meses han llegado más peticiones de intermediación porque la PAH ha difundido a
través de distintos colectivos el fallo de Ben Djazia.
En estas comunicaciones, la ONU interpela directamente al
Estado. Hace dos semanas, las plataformas en defensa de la vivienda también
dieron difusión al caso de una familia de Oliva (Valencia) que, tras la
intermediación del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la difusión de su
situación, consiguió una vivienda municipal. En marzo, el Comité ordenó la
paralización de la salida de otra vivienda ocupada por una familia en el barrio
madrileño de Villaverde y solicitó al Estado que tome "medidas para evitar
posibles daños irreparables" a la familia, tal y como contempla el quinto
artículo del Pacto.
Ante el desahucio de una nueva familia valenciana programado
para el pasado viernes en la localidad de Burjassot, el Comité reiteró a España
(ya se había pronunciado en ese mismo sentido un mes antes) la necesidad de que
suspendiese el lanzamiento o les otorgase una vivienda alternativa. La
Generalitat ha tomado parte en el procedimiento y el mismo día del desahucio la
Entitat Valenciana d’Habitatge les facilitó por procedimiento de urgencia una
casa.
Solicitud desoída
Sin embargo, estas peticiones internacionales no tienen una
efectividad del cien por cien. En Mazarrón (Murcia) el 26 de junio se ejecutó el desahucio de una familia a
pesar de que un día antes el Alto Comisionado solicitó al Estado "tomar
medidas para evitar posibles daños irreparables" suspendiendo el
lanzamiento o facilitarles "una vivienda alternativa adecuada".
Morote asegura que los denunciantes están actualmente viviendo en "casa de
unos familiares" y que el "proceso judicial está recurrido". El
Ayuntamiento ha rechazado aclarar en qué situación se encuentra el expediente
de esta familia.
Rubio lamenta que el Estado no está "preparado"
para atender todas las resoluciones del Comité. "No hay vivienda pública y
los servicios sociales están saturadísimos", apunta. Además, según añade,
estas familias hacen frente a otra adversidad: no hay comunicación entre el
juzgado que tiene que determinar la medida cautelar y la Representación
Permanente de España ante Naciones Unidas, que recibe la notificación.
Finalmente, según denuncia el letrado, el magistrado es
informado de estas decisiones por la defensa del demandado. "Se genera un
problema más de andar por casa, menos jurídico y más humano, ya que al juez no
le llega por una vía oficial y por desconocimiento de estos mecanismos no sabe
cómo reaccionar", explica.
Desde el Ministerio de Exteriores recuerdan que estas
medidas son cautelares, mientras el Comité estudia cada caso. Además señalan
que las comunicaciones de este organismo "pueden llegar en fases tardías
de los procedimientos internos". "Se está trabajando internamente a
fin de agilizar la comunicación y la coordinación entre las diferentes
instituciones implicadas en la tramitación de estos casos", aclara un
portavoz del departamento de prensa de Exteriores.
Petición al Gobierno
central
Sobre la actuación judicial, Morote reseña que las
comunicaciones de la ONU "están recibiendo un trato desigual"
dependiendo del juzgado en el que recaiga. Por eso, para evitar esa disparidad,
la PAH ha solicitado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que les
comunique cuándo van a dar cumplimiento a las medidas de los tratados
internacionales y qué modificaciones legales se pueden introducir para que
cualquier juez respete las peticiones de medidas cautelares solicitadas por el
Comité DESC.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
la ONU examinó a España el pasado mes de abril y en el informe emitido mostró
su preocupación por la situación en la que se encuentra el derecho a la
vivienda, sobre todo en los colectivos en riesgo de exclusión social.
"Preocupa al Comité el número insuficiente de vivienda social",
recogían en las conclusiones emitidas.
A su vez, reseñan su inquietud por "la falta de un
marco legislativo adecuado que determine las debidas garantías legales y procesales
para las personas afectadas" por desahucios hipotecarios e impagos de
alquiler. Para combatir esta situación recomienda al Estado "que adopte un
protocolo de actuación en casos de desahucios que asegure una coordinación
adecuada entre los tribunales y los servicios sociales locales, así como entre
los servicios sociales mismos".
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