Por Xavier Caño
Tamayo (Attac)
Espacio Mex,
20/08/2018.
Este jueves, 23 de agosto, se cumplen 7 años de la
modificación del artículo 135 de la Constitución Española. Una reforma que en
absoluto fue en beneficio de la gente y sí del sector financiero. Se perpetró
en pleno agosto, cuando la mayor parte de la ciudadanía estaba de vacaciones, y
se hizo con urgencia. ¿A qué tanta prisa? ¿No podían esperar a septiembre? Da
que pensar.
Un muy veloz acuerdo entre el presidente de gobierno,
entonces Rodríguez Zapatero, y el presidente del Partido Popular y jefe de la
oposición, Mariano Rajoy, perpetró esa reforma urgente del artículo 135.
Hasta entonces ese texto solo indicaba que el Gobierno debía
estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito, y que
las partidas para pagar los intereses y amortizar el capital de la deuda
pública del Estado debían estar incluidas en los presupuestos generales y no
podían ser enmendadas o modificadas, en tanto cumplieran las condiciones de la
emisión de deuda.
Sin embargo, desde 2011 ese mismo artículo dice que todas
las administraciones públicas someterán su gasto e inversiones al principio de
estabilidad presupuestaria y dice también que el Estado y las Comunidades
Autónomas no podrán tener en sus cuentas un déficit superior al establecido por
la Unión Europea. Por cierto, el déficit de los Estados no es algo negativo,
aunque debe ser manejable; de hecho es totalmente legítimo y lo utilizan los
países desde tiempo inmemorial.
El PSOE, que gobernaba entonces, pretendió que no había otra
opción que modificar la Constitución porque, de no hacerlo, el sector
financiero no compraría deuda pública y eso forzaría al gobierno a hacer más
recortes sociales al no disponer de financiación suficiente. Algo que suena
mentar al coco, como se hace con los niños.
La banca por encima
de todo
En plata, los intereses de los acreedores poseedores de
deuda pública están por encima de satisfacer los derechos que garantiza la
Constitución (atención a la salud, educación, apoyo al desempleo, pensiones,
vivienda, atención a dependientes…). De ningún modo se defiende que no se
paguen intereses de la deuda pública sino que se denuncia que éstos estén por
encima de los gastos que atienden derechos fundamentales.
¿Se hizo esa modificación pensando en la gente común que
compra letras del Tesoro como modesto ahorro que renta poco, pero rinde algo?
No. Esa reforma constitucional se hizo para garantizar las ganancias del sector
financiero, bancos y fondos de inversión que son los que compran cientos de
millones de euros de deuda pública en letras, bonos y obligaciones del Estado.
El negocio de la
deuda pública
Las leyes europeas prohíben al Banco Central Europeo (BCE)
comprar deuda directamente a los Estados, pero sí permite y promueve los
préstamos multimillonarios del BCE a los bancos. Así los bancos privados
consiguen desde hace años generosos préstamos de miles de millones de euros del
BCE al 0% de interés.
Con esos millones generosamente prestados a los bancos,
éstos adquieren deuda pública de los Estados cuyos intereses a abonar pueden
ser de 2%, 3%… Y los Estados no tiene otra que pagarlos porque ahí pueden
colocar deuda pública en grandes cantidades. La banca consigue dinero al 0% de
interés, lo presta al 3%, por ejemplo, y se embolsa fácilmente un bonito
beneficio.
Por eso se modificó el artículo 135 de la Constitución
Española, para garantizar el negocio a los bancos, fondos de inversión y
entidades financieras semejantes.
Sin olvidar que buena parte de esa deuda se contrajo por el
desembolso multimillonario del Estado para rescatar a los bancos, que hace
nueve años se iban al garete por una crisis provocada por una desaforada
especulación financiera y, porque no decirlo, una estafa generalizada con
hipotecas basura. Por ese rescate, el Estado Español ya ha perdido 60.000
millones de euros (que no recuperará) como ha reconocido hace unos meses el
propio Banco de España.
La crisis como
negocio millonario
Y así, mientras grandes bancos y otras entidades financieras
disfrutaban y disfrutan de saneados beneficios por bajos costes de
financiación, el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos han de pagar más
intereses. Sin olvidar que la modificación del 135 impone una austeridad
presupuestaria que conlleva recortes sociales. Es decir, menos dinero para
infraestructuras necesarias, servicios públicos, protección del medio ambiente,
combatir la desigualdad creciente y erradicar la pobreza. Ese 135 deja a la
ciudadanía indefensa frente al poder financiero que no solo exige recortes
sociales sino también privatizar servicios públicos que, en tanto que públicos,
aseguran el ejercicio y disfrute de derechos humanos fundamentales.
Cerca ya del décimo aniversario de la crisis financiera (que
se cumple a mediados de septiembre) y
siete años después de la nefasta modificación del artículo 135, no cabe duda de
que la Constitución no debe estar al servicio del poder financiero sino de la
ciudadanía.
Desde la quiebra de la banca Lehman Brothers, se dio patente
de corso a la banca y a los llamados ‘mercados’ para mangonear las finanzas y
el resultado ha sido la catástrofe global que conocemos y hemos sufrido. Pero
ni mercados ni poder financiero han asumido responsabilidad alguna en la misma,
aunque si han cargado sobre las espaldas de la ciudadanía el precio de su
fracaso y de sus más que sospechosas especulaciones. ¿Hasta cuándo?
Disponible en:
https://espaciomex.com/opinion-y-analisis/aniversario-de-la-reforma-constitucional-en-espana-a-favor-de-la-banca/
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