Por Thomas Marois
La Diaria, 23/08/2018
El peso del sistema financiero y de sus lógicas en la
economía y la intensa concentración de capital que caracteriza a esta etapa
marcan una nueva fase del capitalismo. ¿En qué medida el crecimiento de las
finanzas y el predominio de la lógica financiera profundizan los fenómenos de
concentración de la riqueza y generan nuevas elites? ¿Es posible pensar en
mecanismos de inclusión en este contexto? ¿Es posible pensar en finanzas
alternativas? ¿Qué rol juegan los estados, cada vez más jaqueados ante poderes
ajenos a la deliberación democrática? Este mes, Dínamo buscará responder
algunas de estas preguntas.
Cuatro décadas de fundamentalismo neoliberal, impulsor de un
combate sin descanso contra el sector público y contra el concepto de lo
público, generaron una profunda crisis en materia de reproducción social y
sustentabilidad ambiental. Se han dado respuestas atomizadas y simplistas a
problemas colectivos y complejos. Las ganancias de corto plazo triunfaron sobre
la planificación de largo plazo. La solvencia personal es más importante que la
contribución a la comunidad. Hoy los jóvenes tienen pocas expectativas de estar
mejor económicamente que sus padres. El autoritarismo ha asomado su horrible
cabeza mediante formas renovadas de racismo y sexismo. Hay una aparente inercia
política para confrontar la extendida desigualdad y exclusión. Y si no
cambiamos radicalmente la manera en que producimos energía y usamos los
recursos naturales, estamos en riesgo inminente de condenar a la humanidad a la
muerte. A corto plazo, el individualismo competitivo y los imperativos de
ganancias del neoliberalismo y la financierización no han logrado resolver los
problemas del desarrollo. Incluso peor: estas aproximaciones con base en el
mercado han agravado los desafíos sociales, económicos, políticos y ambientales
que hoy enfrentamos.
Pero hay esperanza. De hecho, no sólo hay esperanza, sino
opciones disponibles y deseables que ofrecen al sector público alternativas
para enfrentar los desafíos sociales.
Financiar la transición verde aparece como un problema. La
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y Agenda de Acción de Addis Abeba de
2015 reconocen que la transición hacia un futuro con bajos niveles de carbono y
resiliente requerirá un importante financiamiento (las estimaciones lo sitúan
en 90 trillones de dólares). Sin embargo, hoy el sistema financiero está
estructurado “sobre marcos y horizontes de corto plazo [...] la preocupación
principal es obtener ganancias rápidamente”.1 Este enfoque cortoplacista y
orientado a la ganancia no es un accidente. Refleja los encuadres de política
convencionales que han promovido las soluciones financieras del sector privado,
a la espera de que las señales del mercado aborden estos desafíos. El
financiamiento privado no ha respondido ni con la rapidez ni en la magnitud en
que era necesario.
Como respuesta, los hacedores de política han redescubierto
los bancos públicos. Se trata de bancos propiedad del Estado y controlados por
el Estado, o de otras entidades públicas que se rigen por el derecho público.
Estos bancos operan a nivel municipal, provincial, nacional, regional y
multilateral. Y pueden funcionar de manera distinta que los bancos privados.
Los bancos públicos no están obligados a tener como primera prioridad los
imperativos de ganancias; sus mandatos incluyen objetivos de desarrollo, apoyo
a la agricultura, al pequeño comercio, a las exportaciones y al turismo, entre
otros. El mandato de obtener una ganancia está en pie de igualdad con estos
otros objetivos. Por lo tanto, los bancos públicos pueden destacarse en
perseguir objetivos como el desarrollo sostenible.
Los bancos públicos, además, tienen una capacidad financiera
destacable. A pesar de los 40 años de esfuerzos de privatización neoliberal,
los bancos públicos controlan alrededor de 25% de los activos globales de la
banca: tienen 35 trillones de dólares en activos, lo que constituye 46% del PIB
global. La mayoría de los expertos hoy concuerdan en que movilizar estos
recursos financieros públicos puede ser un notable impulso a la construcción de
estrategias alternativas y de desarrollo con cuidado del ambiente.
Sin embargo, los bancos públicos son sólo potencialmente
impulsores de este desarrollo, y no hay garantías sólidas de que sus recursos
serán usados para el interés común. Algunos bancos públicos siguen destinando
dinero a petróleo sucio y carbón, mientras que otros se ven envueltos en
escándalos de corrupción.
Desde 1980 los bancos públicos han tenido que adaptarse al
contexto competitivo del capitalismo financiero y lo han hecho en formas que
muchas veces imitan las prácticas de los bancos privados. Durante este período,
los abogados del mercado y los académicos del mainstream han minado las
percepciones sociales sobre el valor de los servicios públicos en general, y
sobre la eficiencia de los bancos públicos en particular. Se abogó a nivel
global por las privatizaciones. Sin embargo, la crisis de financiamiento para
el cuidado del ambiente que atravesamos actualmente ha exigido volver a pensar
en el potencial de los bancos públicos. Este replanteamiento sobre el rol de la
banca pública surgió en la última década e involucró a instituciones clave como
el Foro Económico Mundial (FEM), el Banco Mundial y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas instituciones globales han
“redescubierto” el rol de la banca pública y lo han incorporado a sus
narrativas sobre sustentabilidad orientadas al sector privado y basadas en el
mercado. El argumento es que la banca pública debería facilitar el
apalancamiento de los recursos financieros privados absorbiendo los riesgos
financieros y de acumulación de capital de la transición global verde. En otras
palabras, los bancos públicos deben hacerse cargo de las inversiones verdes
para disminuir los riesgos e incrementar los retornos privados, de modo de
hacer los proyectos verdes aceptables para ese sector. Los intereses privados,
ahora con otro envoltorio, continúan primando por sobre el interés público.
Por un lado, necesitamos alternativas financieras para
enfrentar los desafíos del capitalismo contemporáneo –uno de los más
importantes, el desafío de la transición global verde–. Por otro lado, el
diseño de estos mecanismos financieros no puede quedar librado a las
instituciones convencionales y los intereses privados. Los académicos críticos
no deberían quedarse al margen en la proposición de respuestas programáticas a
los problemas reales del mundo. Los sindicatos, los activistas, las
organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y los académicos
deberían pensar juntos cómo involucrar a la banca pública en el financiamiento
de la transición verde.
En este punto, debemos formularnos la siguiente pregunta:
¿cuál es el tipo de banca pública que precisamos para una transformación verde
que apunte al interés común? El concepto de “interés común” es difícil de
definir. No hay una respuesta unívoca o fácil, y no pretendo ofrecer una
interpretación definitiva. Considero que la definición surge de un proceso
histórico y social. Tiene que ver con la toma de decisiones informada y
democrática por el bien de una comunidad por sobre el enriquecimiento
individual y las prácticas intolerantes. El interés público significa respetar
y proteger a las futuras generaciones del daño –sea este social, político,
económico o ambiental–. No hay garantías de éxito en su búsqueda, y de seguro
habrá confrontación. De todos modos, el concepto tiene el potencial de promover
la conciencia de la interdependencia mutua y una ética del cuidado mutuo y de
la colaboración en la comunidad. El sector público tiene el potencial de
priorizar los beneficios públicos por sobre los privados, y de esa forma servir
al interés común. Tiene el potencial de democratizar la economía, de movilizar
el conocimiento de los trabajadores, de trabajar colaborativamente más allá de
las fronteras de los países, y de promover empleos decentes y condiciones de
trabajo adecuadas para la gente.
Características
deseables y posibles
Propongo aquí un tipo ideal de banca pública que se
estructure en torno a cinco características centrales: un mandato en pro del
interés público; sustentabilidad financiera; estrategia operacional;
democratización de la gobernanza; e integración de la comunidad y de los
trabajadores. Aunque se trata de un tipo ideal, algunas de estas
características pueden encontrarse en muchos bancos públicos en todo el mundo:
el French Caisse des Dépôts; el IlBank turco, el Kuntarahoitus de Finlandia, el
Banco de Desarrollo de China, el Banco de Inversión Nórdico, el Banco de
Desarrollo de África del Sur, entre otros. Dos de los bancos públicos más prometedores
desde una perspectiva de equidad y de transformación verde son el Banco Público
de Desarrollo de Alemania y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal de Costa
Rica. Estos dos ejemplos combinan una serie de características prometedoras,
tales como la gobernanza democrática y la sustentabilidad financiera, con
mandatos relativos al género, la equidad y la sustentabilidad.
Además de las cinco características mencionadas, planteo
tres proposiciones interrelacionadas y subyacentes. En primer lugar, para que
un banco público sea de hecho sustentable y sirva al interés común debe ser
democrático. Los bancos públicos que no son democráticos tienen más chances de
involucrarse en hechos de corrupción y de cometer abusos para favorecer al
interés privado.
En segundo lugar, los bancos públicos deben
reconceptualizarse y alejarse de los enfoques tradicionales que los han
retratado como inherentemente corruptos e ineficientes, independientemente de
la época y el lugar. En cambio, se debe instalar la idea de que lo que los
bancos públicos sean y hagan depende de las relaciones de poder históricas,
sociales, políticas y económicas que los definen como instituciones. Los bancos
públicos progresistas existen porque en ellos han permeado los valores
progresistas. Y tan importante como esto: los bancos existentes pueden cambiar
para bien.
En tercer lugar, si bien reclamar que los bancos públicos
defiendan el interés común es una condición necesaria en la lucha por una
transformación verde, no es suficiente. Los bancos públicos sólo trabajarán en
pro del interés común si se produce un cambio más amplio desde el punto de
vista económico y político hacia una sociedad más justa y equitativa. Pero es
una relación de ida y vuelta. Las sociedades comprometidas con objetivos de justicia
social y cuidado ambiental son más proclives a tener bancos públicos con esos
mandatos, y, al mismo tiempo, bancos públicos con estos mandatos son más
proclives a apoyar sociedades más justas socialmente y más cuidadosas del
ambiente. En otras palabras, los bancos públicos no pueden separarse de la
sociedad en la que existen, y la sociedad con objetivos de justicia social y
cuidado ambiental no pueden cumplir con estos objetivos sin instituciones
financieras públicas poderosas que sean capaces y quieran apoyar estos rumbos.
Hoy hay una aceptación global del potencial que tienen los
bancos públicos para contribuir a una transformación verde. Pero ese potencial
se quiere redireccionar hacia consecución de objetivos privados más que de
interés público. Es urgente reclamar que la banca pública actúe en función del
interés común para lograr una transformación en pro de la equidad y el cuidado
del ambiente. No debemos idealizar a las instituciones financieras públicas,
pero sí proponer alternativas justificables, sustentables y equitativas si
esperamos que estas aboguen por el interés común.
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