El Diario.es,
06/08/2018.
Ocho entidades bancarias, entre las que se encuentran las
principales del país, no han respondido a la petición del Gobierno de Aragón
para que aporten viviendas vacías y sin uso a la Bolsa de Alquiler Social,
según se desprende de una respuesta parlamentaria del consejero de Vertebración
del Territorio, José Luis Soro, al diputado de Podemos Raúl Gay.
Soro explica cómo solo tres de las once entidades
financieras con las que los responsables de la Dirección General de Vivienda,
que lleva Mayte Andreu, han mantenido reuniones para tratar de lograr cesiones
han accedido a hacerlo.
Estas tres, las aragonesas Caja Rural de Teruel y Bantierrra
y la catalana CaixaBank, “están en disposición” de hacerlo “mediante la
suscripción de un convenio o bien mediante cesión directa”, señala el
consejero.
La primera ofrece nueve casas en varias localidades de
Teruel en las que existen demandantes de vivienda. La segunda se abre a aportar
tres en Zaragoza y nueve en La Muela, aunque para que el Gobierno de Aragón
pueda incluir estas últimas en la bolsa social habrá que esperar a que la
entidad financiera termine de rehabilitarlas.
Y, por último, la tercera tiene el “compromiso de ceder un
mínimo de 25 viviendas en 2018”, si bien varias de ellas se encuentran en
proceso de rehabilitación, y se ha ofrecido a incrementar ese número en los dos
próximos años.
Más de 4.000 pisos
que ni venden ni arriendan
Por el contrario, los contactos no han dado resultado con
las rescatadas y en vías de fusión Mare Nostrum y Bankia, con tres de los
principales bancos del país como Santander, BBVA y Sabadell, con el extinto
Popular (adquirido por un euro por Santander hace poco más de un año) ni con
las cajas bancarizadas Laboral Kutxa e Ibercaja.
Llama la atención la postura de los bancos cuando, según los
datos que maneja el Gobierno de Aragón, el sector financiero acumula en la
comunidad 4.137 pisos y casas vacíos que
ni vende ni alquila, la mayoría de ellos procedentes de ejecuciones
hipotecarias y de acuerdos de liquidación de deudas tanto con particulares como
con empresas.
De hecho, la mayoría de esos bancos y cajas bancarizadas
mantienen acuerdos con fondos de inversión y con grandes inmobiliarias para
sacar al alquiler ese parque de viviendas y/o para venderlo con grandes
rebajas.
Así ocurre con la sociedad creada por Santander con
Blackstone para colocar su ladrillo y el del absorbido Popular en el mercado
del arriendo y con los acuerdos de Ibercaja con Casaktúa, de BBVA con Cerberus
o de Bankia con Haya Real Estate. Necesitan sacárselas de encima para deducir
sus gastos en suministros y comunidad y para sanear sus balances, ya que la normativa
financiera les obliga a provisionar el 75% de su valor.
La oposición del
Gobierno central
El Gobierno de Aragón, primero y mediante el Decreto de
Emergencia, y las Cortes de Aragón después con la Ley de Emergencia,
establecieron que los pisos propiedad de la banca y de grandes propietarios que
llevaran más de seis meses vacíos debían ser aportados a la bolsa de alquiler
social para alojar a familias sin techo, especialmente a las víctimas de
desahucios.
Sin embargo, los
recursos del anterior Gobierno central
( ) contra esas normas provocaron su suspensión por parte del Tribunal
Constitucional, con lo que a la comunidad autónoma únicamente le queda la vía
de la negociación.
Esta situación se da mientras el precio de la vivienda
encadena subidas en la comunidad, tanto en la
venta como en el alquiler, aunque
la burbuja que se estaba inflando en torno a esta modalidad comienza a
deshincharse.
Esa es una de las principales causas de que los desalojos
por impago, ya sea de rentas o de préstamos, alcanzaran el año pasado la cifra
de 1.789 en la comunidad: los jueces
solo apreciaron vulnerabilidad en 240 de ellos, uno de cada siete; mientras que
los realojos solo alcanzaron a 90 de estos últimos, uno de cada veinte del
total.
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