Por Alfredo Pascual
El Confidencial,
31/07/2018.
La vida de Mar Uriarte (Almería, 1975) se complicó una
mañana de enero de 2012. Ese día, el director de la sucursal de Bantierra-Caja
de Abogados donde trabajaba le pidió que adelantase el almuerzo, ya que a las
tres había programado una importante reunión de negocios en su despacho. En la
sucursal de la calle Ponzano, en Madrid, adonde la acababan de destinar, solo
estaban el director, el subdirector y ella. "Por la puerta entraron nueve
personas, siete de ellas de origen asiático y dos españoles", relata Uriarte,
que se licenció en Derecho pese a haber dedicado su carrera a la banca.
"Los españoles se nos presentaron como prescriptores. Es habitual que en
los bancos haya intermediarios que cobren una comisión por llevar hipotecas de
terceros, pero en la Caja de Abogados nunca se había hecho. Pues bien, nos
anunciaron que estos prescriptores no solo iban a cobrar del banco, sino
también del cliente", continúa.
"Fueron tres horas de reunión en las que nos explicaron
que los prescriptores nos iban a traer operaciones hipotecarias de ciudadanos
chinos ya montadas, con el papeleo y todos los trámites hechos. Así que nos
dejaron un montón de carpetas con hipotecas y se marcharon", relata.
Uriarte quedó sorprendida no solo por las formas sino porque la Caja de Abogados
históricamente se limita a tratar con sus colegiados y conocidos, y no con
empresarios chinos. "El director nos explicó que esta nueva línea de
negocio era crucial para el banco, y que debíamos estar contentos de que nos
trajesen las operaciones ya hechas. En ese momento, el banco llevaba dos años
casi en números rojos e hice por comprenderlo", afirma la abogada.
"A los 10 días, el director de la zona se presentó en
el banco para reunirse a puerta cerrada con los directores. Después de una
hora, salió mi director y me dijo que íbamos a reestructurar la sucursal y que
a partir de ese momento la prioridad eran los clientes chinos", dice la
abogada. "Y vinieron muchísimos. A mis clientes habituales, a los que
atendía yo sola, se sumaron los chinos, que venían con bolsas de plástico
llenas de dinero para que se lo cambiase en billetes grandes, 'de los morados',
se formaban unas colas tremendas", sigue. Así estuvo durante meses,
cambiando dinero constantemente: "Hasta los de Prosegur estaban enfadados
porque no paraba de pedirles billetes".
En marzo, Uriarte fue a hacer una sustitución a la sucursal
de Bantierra en plaza de Castilla, justo al lado de los juzgados. "Estaba
atendiendo y llegó un ciudadano español con un cheque a nombre de un ciudadano
chino con intención de cobrarlo. Yo me negué, porque no iba a pagar el cheque
de un señor chino a otro que se llamaba Roberto, y el cliente hizo salir a uno
de los jefes de la oficina, quien aceptó pagárselo sin problema. Yo me negué,
porque quería hacerlo con mis claves introducidas en el sistema, lo que a todos
efectos sería mi operación, pero me obligó a salir a 'tomarme un café". Cuando
regresó a la oficina, comprobó que la operación se había realizado con su
usuario y decidió tomar cartas en el asunto. "Era obvio que allí se
estaban haciendo cosas ilegales, lo sospechaban hasta los repartidores de
Prosegur, que me preguntaban con sarcasmo qué narices estábamos haciendo".
Según su versión, luego llegaron las hipotecas, y todas se
emitían con sus claves de empleada. "Todas venían firmadas por el mismo
tasador y seguían un patrón: se concedía la hipoteca contratando todos los
productos bancarios posibles y, a los pocos días, el ciudadano chino abría otra
cuenta con la cantidad exacta de la hipoteca. Al año, la mayoría liquidaba su
hipoteca, pero se quedaba con otros productos". Uriarte detalla el caso de
una limpiadora búlgara que trabajaba tres horas a la semana, con movimientos de
tarjeta de 30 y 40 euros, a la que le fue concedida una hipoteca por llevar
20.000 euros en efectivo. "Se hicieron al menos 50 operaciones de menos de
180.000 euros, que era lo máximo que se podía dar en la sucursal sin la
aprobación de la central, siempre conmigo delante. Por cada operación vendíamos
13 seguros, una locura que otras sucursales del país no podían ni soñar".
Tocar el silbato
A finales de año, Uriarte escribió un informe interno al
presidente y altos cargos del banco detallando las prácticas del banco.
"Rivero, el presidente, me respondió que los servicios jurídicos se
ocuparían del asunto, y nunca más supe de ellos". La abogada, sintiéndose
amparada por la Ley de Blanqueo de Capitales, comenzó a sacar información y
dosieres del banco de cara a una hipotética demanda. Lo hizo durante siete
meses, hasta el mes de septiembre de 2014 cuando, al regresar de vacaciones, se
encontró con que se seguían firmando hipotecas fraudulentas, solo que ahora el
negocio se había trasladado a las sucursales de provincias. Volvió a levantar
la voz. "La situación en el banco era insostenible, teníamos broncas
continuas y muchísima tensión. Una mañana, mientras iba en la moto a trabajar,
me tuve que parar porque sentía que no podía respirar con el casco",
afirma.
Uriarte llegó a Urgencias en plena crisis de ansiedad y
posteriormente obtuvo una baja por depresión. "Me tomé un tiempo para
reflexionar. Estaba en una situación complicada porque por un lado quería decir
la verdad cuanto antes ante los juzgados, porque si un día aparecía en el banco
la UDEF me iban a buscar a mí la primera, que era la responsable de aquellas
operaciones. Por el otro, me daba mucha pena por los compañeros a los que iba a
implicar, sus familias... ¿Por qué unas personas con estudios y un buen puesto
se la jugaban de esa manera? No conseguía entenderlo", sigue la abogada.
También descubrió que los correos en los que describía la corrupción en el
banco habían sido borrados de los servidores de la entidad, si bien ella
conserva copias en sus correos privados.
Finalmente, el 14 de mayo de 2015, Uriarte acudió a la
Fiscalía Anticorrupción con un escrito de 30 páginas en el que se explican las
operaciones realizadas durante 2012 y 2013 con ciudadanos chinos. Toda la
cúpula de Bantierra se encuentra en estatus de investigada en este momento.
José Antonio Alayeto, presidente de la entidad desde su creación en 2011, fruto
de la fusión entre Cajalón y Multicaja, dimitó dos meses después de que Uriarte
presentase su escrito, a pesar de estar recibiendo unos importantes honorarios
para un puesto que, según los estatutos del banco, es más bien simbólico. Él y
otros nueve altos cargos de la entidad han prestado testimonio ante el juez y
permanecen a la espera del siguiente paso de Anticorrupción, que podría llegar
en septiembre.
Para llegar a este punto, Uriarte tuvo que atravesar un
calvario de más de dos años: "Estuve seis meses sin poderme levantar de la
cama, tomando 25 pastillas al día. No podía levantar las persionas, le tenía
pánico a cualquier contacto humano. Cuando empecé a recuperarme, me puse a
redactar el informe para Anticorrupción, escribiendo frases sueltas en un
folio".
Uriarte se incorporó al trabajo al recibir el alta, pero
solo aguantó un día: "Al llegar me dijeron que, como habían cambiado de
gestor informático, me metiera en las cuentas de conocidos e hiciera pruebas
para ir familiarizándome, lo que hacíamos todos los días, vaya. Y al día
siguiente me despidieron por meterme en las cuentas de los demás, un despido
procedente. Me pagaron 3.000 de los 88.000 euros que habría tenido que
recibir".
Desde entonces, Uriarte no ha vuelto a trabajar. A sus 44
años, explica su situación con lágrimas en los ojos, dando su carrera por
terminada: "Estoy estigmatizada en el sector bancario, nadie me da
trabajo. En cuanto explico lo que he vivido, dejan de escuchar. ¿Qué voy a
hacer, vivir debajo de un puente porque denuncié una situación de corrupción?
¿Qué va a ser de mí? Tendrían que pelearse los bancos por poder contratar a la
empleada más honrada de España, la única que se ha enfrentado a un banco
sola". Uriarte ha pasado gran parte del tiempo en los juzgados, intentando
que se le aplique la Ley de Blanqueo de Capitales, así como que se reconozca que
su despido no estuvo justificado o su causa médica. Su marido, Arturo Gómez,
ambos militantes de Ciudadanos en Majadahonda, ha vivido junto a ella todo el
proceso, que aún está lejos de terminar: "Hemos gastado todos nuestros
ahorros, más de 300.000 euros en abogados, solo para descubrir que en este país
no hay ningún interés en perseguir la corrupción, sino más bien lo
contrario". Ambos se sienten víctimas de tortura y no descartan elevar su
caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos si aquí son rechazadas sus
peticiones.
"Me han destrozado la vida, hasta me desapareció la
regla y no me ha vuelto, por lo que me han quitado también el derecho a tener
hijos. Pero si me vuelve a pasar, lo vuelvo a decir, yo no me callo
nunca", zanja Uriarte.
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