Por Jesús Sérvulo
González
El País,
10/08/2018.
Las comunidades autónomas recaudaron 345,6 millones de euros
por el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito que pagaron los
bancos en 2016, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. Esta
cantidad es un 28% inferior a la que ingresaron el ejercicio precedente.
Extremadura, Andalucía y Canarias recibieron otros 277 millones de euros por
las compensaciones que el Estado les abona por haberles congelado esta tasa
durante casi una década. Los bancos también pagaron menos en 2017, según las
previsiones presupuestarias de las autonomías.
En pleno debate suscitado por el anuncio del Gobierno de
Pedro Sánchez de establecer un nuevo impuesto a la banca para ayudar a
financiar las pensiones, el gravamen sobre depósitos de las entidades de
créditos pierde fuelle. Este impuesto, que pagan los bancos por los ahorros que
sus clientes mantienen en sus oficinas, aporta cada vez menos recursos a las
arcas de las comunidades autónomas. Los 345,6 millones recaudados en 2016,
supone un 28% menos que el ejercicio anterior. Este impuesto, que no lo pagan
directamente los ciudadanos sino los bancos, se reparte entre las autonomías
según el número de oficinas que hay en cada territorio y los ahorros
depositados en ellas.
La historia de este impuesto refleja lo enrevesado del
sistema tributario español y la complejidad de las relaciones entre las
diferentes administraciones territoriales. El impuesto nació en 2001. Fue
ideado por el expresidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien trató
de aprobarlo con la idea de financiar determinados programas sociales. Ibarra
creía que los bancos apenas dejaban rendimientos por la actividad en
Extremadura porque tributaban en otros territorios.
Recursos judiciales
Pero la iniciativa del impuesto extremeño fue recurrida por
el Ejecutivo de José María Aznar y quedó varado durante 10 años en los
tribunales. En 2010, Andalucía también trató de sacarlo adelante, pero se
encontró con el mismo obstáculo judicial. Esta vez frente al Ejecutivo socialista
de Zapatero, que defendía que había que evitar la “segmentación y distorsión
del mercado financiero”. Dos años más tarde, fue Canarias la que intentó
aplicarlo. La historia se repitió.
Pero el 14 de noviembre de 2012 cambió el relato. El
Tribunal Constitucional avaló finalmente, tras una década, el impuesto
extremeño. Ibarra, ya retirado de la política, celebró sacó pecho: “Hoy todo el
mundo tiene sus rencillas, sus cuitas y sus quejas respecto al sistema
financiero. Es muy fácil apuntarse a la crítica a los bancos, pero entonces, en
plena expansión económica, ellos eran los buenos y los gobernantes extremeños
eramos los malditos, los ignorantes, los analfabetos, los rojos peligrosos, el bellotari..”.
En ese momento, algunas comunidades trataron de aprovechar
el nuevo escenario jurídico. La crisis había dejado como un colador las arcas
regionales y Cataluña o Asturias trataron de aprovechar esa oportunidad.
Pero el Ejecutivo popular levantó un nuevo muro. Para
taponar la proliferación del impuesto y que cada comunidad tuviese una
regulación diferente sobre el mismo hecho imponible, el Ministerio de Hacienda,
que en aquella época dirigía Cristóbal Montoro (PP), trató de bloquearlo. Creó
un tributo similar pero de carácter estatal, que anulaba los que tenían las
comunidades autónomas. Además, fijaba un gravamen del 0% para proteger a los
bancos de tributar.
La decisión provocó un gran revuelo entre las comunidades,
que se quejaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) —el
cónclave del ministerio de Hacienda y los consejeros del ramo— en 2013. Ante la
presión de los barones autonómicos y las dudas legales, Montoro elevó el tipo
impositivo del tributo al 0,03% sobre los depósitos bancarios a partir de 2015.
El dinero recaudado se repartiría entre las comunidades. Ese año se recaudaron
unos 478 millones. Además, Hacienda aportó otros 310 millones en compensaciones
a las comunidades que habían establecido el impuesto originariamente
(Extremadura, Andalucía y Canarias).
El año siguiente los bancos pagaron un 28% menos, unos 345,6
millones, según la ejecución presupuestaria de las cuentas autonómicas
recopilada por Hacienda. El Estado además, abonó a Extremadura, Andalucía y
Canarias otros 277 millones por las compensaciones. Los Presupuestos regionales
de 2017 revelan que la cosecha de este tributo sigue empeorando ligeramente.
Habrá que esperar a la liquidación definitiva para ver cuánto ha sido la
recaudación real. Mientras tanto se aviva la polémica por el nuevo impuesto a
la banca.
A la espera del nuevo
tributo a las entidades financieras
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace
unas semanas en el Congreso de los Diputados que aprobará un nuevo impuesto a
las entidades de crédito para financiar las pensiones. El nuevo tributo tendría
carácter finalista y su aportación iría a tapar exclusivamente el déficit de la
Seguridad Social.
“El impuesto sobre el sector bancario se hará en línea con
lo que se está trabajando en Europa”, dijo la ministra en la Cámara Baja. El
Gobierno, no obstante, no tiene definido aún la estructura del impuesto.
Montero explicó que el Ejecutivo sigue “explorando” diferentes alternativas
para el impuesto a la banca“para que el sector haga una contribución efectiva
en términos tributarios”.
Las últimas críticas de los principales bancos españoles han
enfriado la medida. El Ejecutivo ha dejado de hablar de la medida después de que
el banco más grande, el Santander, advirtiera de que si finalmente se aprueba
el nuevo impuesto “cambiará sus estructuras legales”, aunque no baraja
trasladar su sede fuera de España. Hacienda admite la dificultad técnica de
establecer el nuevo impuesto.
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