Por Miquel Roig
Expansión, 29/11/2017.
El Panel de Apelación de la Junta Única de Resolución (JUR)
emitió ayer un duro dictamen contra la opacidad del consejo directivo de la
propia JUR en el proceso que llevó a la venta del Banco Popular a Banco
Santander por el precio simbólico de 1 euro y que ocasionó pérdidas a
centenares de miles de accionistas y bonistas.
A raíz de esta decisión, la JUR deberá publicar el documento
de valoración del Banco Popular elaborado por Deloitte (excluyendo información
sensible y confidencial); una versión más amplia de la decisión adoptada el 7
de junio por la que se decidió la venta a Santander; y el documento del último
plan de resolución de Popular (también omitiendo datos sensibles).
El Panel de Apelación de la JUR es un organismo formado por
profesionales independientes de prestigio al que pueden apelar inversores que
se sientan perjudicados por las decisiones que adopte la JUR en el desempeño de
sus funciones. El dictamen, adoptado el martes pero publicado hoy, es la
respuesta a seis recursos interpuestos por inversores institucionales. Uno de
ellos, el presentado por Aeris Invest, hólding del inversor chileno Andrónico Luksic,
que contaba con un 3,45% del accionariado de Popular antes de la intervención
europea del pasado 6 de junio.
"Aunque este acceso no es completo, supone un avance
muy significativo para los afectados a la hora de superar los problemas que les
está planteando la política de opacidad de la JUR", ha afirmado Aeris en
una nota de prensa.
La JUR, por su parte, ha emitido un comunicado en el que
asegura estar "ahora analizando los pasos que deben ser tomados en los
próximos días". Estas podrían incluir la contestación a la decisión del
Panel, que es recurrible.
Sin embargo, los seis dictámenes del Panel, no idénticos
pero sí muy parecidos entre ellos, son bastante contundentes en algunos puntos.
Por ejemplo, afirman que la decisión de la JUR de denegar
completamente el acceso al documento de valoración del banco supone un
"error manifiesto" que pone en riesgo "los derechos
fundamentales" de los inversores y los "principios de apertura,
transparencia, rendición de cuentas y control democrático" de las
instituciones europeas, sus cuerpos y agencias.
Pero las críticas del Panel también se extienden a la
publicación de la decisión de venta de Popular a Santander. En su opinión, la
JUR tachó demasiada información de ese documento, por considerarla sensible o
confidencial. "Los argumentos del Consejo [de la JUR] para justificar la
excepción a la publicación son tan abiertamente vaogs y generales que no
cumplen con la obligación del Consejo de motivar sus decisiones, porque no
permiten que el demandante pueda cuestionar su corrección".
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