Por Joan Ramón
Sanchis Palacio
El País, 30/05/2017.
El sistema bancario español es uno de los más sólidos y
fuertes de Europa, afirmaba el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero al inicio de la crisis financiera de 2007. Ahora es Mariano Rajoy,
actual jefe del Ejecutivo, el que afirma que la banca en España ha superado la
crisis financiera y es sólida y rentable. Ni tenía razón Zapatero entonces ni
la tiene ahora Rajoy.
Sobre la banca española existe muy poca transparencia y los
mensajes lanzados desde el Gobierno pueden estar justificados con el propósito
de evitar pánicos financieros que puedan acabar en huidas masivas de depósitos.
Pero lo cierto es que la banca española no goza de buena salud. Y la prueba
fehaciente de ello –posiblemente no sea la única– es la situación crítica en la
que se encuentra actualmente el Banco Popular. Téngase en cuenta que en el
cómputo de los niveles de capitalización de los bancos, sobre los que se
superan los famosos test de estrés, se están incluyendo los créditos fiscales,
que corresponden a la parte de impuestos que las entidades deberían pagar por
la obtención de beneficios económicos, y que no están pagando.
El Banco Popular es el sexto banco más grande de España con
una cuota de mercado según depósitos del 7% sobre el conjunto del sistema
bancario. No presenta el tamaño del Santander o del BBVA pero su dimensión es
significativa y en el segmento de la financiación a pymes alcanza el 18% de
cuota de mercado. Se trata, por tanto, de una entidad de cierta dimensión y de
relevancia en la financiación bancaria, que también participó activamente en la
creación de la burbuja inmobiliaria de los años noventa y dos mil. De hecho,
una de las causas que han provocado su mala situación es el elevado volumen de
activos inmobiliarios tóxicos que ha ido acumulando durante la crisis; al no
haber utilizado la venta de esos activos a la Sareb como sí que han hecho otras
entidades, por ejemplo Bankia, el Popular se ha visto obligado a dotar cada vez
más provisiones, lo que ha agravado su situación. En el año 2016 sus pérdidas
fueron de alrededor de 2.000 millones de euros y algunas entidades señalan que
puede tener unas pérdidas ocultas de más de 3.000 millones de euros.
Por otra parte, el Banco Popular acumula créditos morosos
por más de 17.000 millones de euros, un volumen superior al de dos otras
grandes entidades, Santander y Caixabank, lo que supone una tasa de morosidad
del 14,66%, cinco puntos por encima de la media del sector, que está en el 9%,
y solo superada por Liberbank (16,56%), aunque muy próxima también al Banco de
Crédito Cooperativo (cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar, 13,93%) y al BBVA
(11,49%). Todas estas tasas de morosidad, que se encuentran por encima del 10%
(junto con Mare Nostrum, con el 10,47%), son insostenibles a medio y largo
plazo. Para evitar la caída del banco, se ha propuesto su venta a alguna de las
entidades bancarias de mayor dimensión (Santander, BBVA o la propia Bankia).
De la crisis del Banco Popular, después de todas las medidas
que se han tomado tanto por parte de la Unión Europea a través del BCE como
desde el Ministerio de Economía y el Banco de España, se desprende una serie de
conclusiones que conviene destacar.
Primero, la crisis de la banca en España no ha finalizado
aún. Al principio fueron las cajas de ahorros las que fueron cayendo, por lo
que se optó por su transformación en fundaciones bancarias privadas y la cesión
de su negocio a los grandes bancos; pero ahora empiezan a caer los bancos
privados. Esto demuestra que las medidas tomadas han sido totalmente
ineficaces. Y han sido ineficaces porque se ha hecho un diagnóstico equivocado
del problema de la banca. Las fusiones bancarias y el aumento de la
capitalización han servido para aumentar el tamaño de las entidades y
concentrar aún más el sector –la banca española es la que más se ha concentrado
en Europa durante la crisis– con la consiguiente pérdida de poder para los
consumidores, y no han resuelto sus problemas de fondo. Por tanto, a fecha de
hoy continúa pendiente la implementación de una verdadera reforma del sistema
bancario español que evite nuevas crisis.
Segundo, la crisis financiera en España no ha sido una
crisis del modelo de cajas de ahorros, como algunos, interesados en denostar la
banca pública, están afirmando. El modelo de cajas de ahorros no era un modelo
caduco e ineficaz, sino todo lo contrario, pues durante varias décadas había
demostrado con claridad su eficiencia y rentabilidad, ganando cuota de mercado
a la banca privada. Su problema no ha sido que fueran entidades públicas, que
de hecho no lo eran, ni tampoco que estuvieran politizadas, al menos no del
todo, sino algo que compartían con el resto del sistema bancario: una mala
gestión del riesgo crediticio que se ha traducido en la concesión de créditos
inmobiliarios y a la construcción sin criterios profesionales y un mal gobierno
corporativo basado en la falta de transparencia y en el abuso de operaciones
especulativas de alto riesgo.
Lo que sí que es cierto es que la excesiva politización de
las cajas ha ayudado a incrementar los problemas asociados con este
comportamiento, pero no fue lo que lo causó. Esto es muy importante señalarlo,
porque se ha demonizado a las cajas de ahorros, responsabilizándolas de todos
los males de la crisis, lo que ha justificado su eliminación. Lejos de
desaparecer, con la eliminación de las cajas de ahorros el mal gobierno de la banca
española irá aumentando con el paso del tiempo, pues son las grandes entidades
las que más practican este tipo de comportamientos especulativos y
oportunistas.
El modelo de banca de proximidad, que representaban las
cajas de ahorros junto con las cooperativas de crédito, era especialmente
apropiado para la economía española, porque desempeñaba una función clave en la
financiación de la economía productiva y en particular de las pymes. Así es
como sucede en los principales países de la Unión Europea (Alemania, Francia,
Holanda e Italia), donde la banca de proximidad alcanza cuotas de mercado
próximas al 40%, mientras que en España su peso se ha reducido a un 5%.
Tercero, el Banco de España, como institución responsable de
la supervisión y control del sistema bancario español, está teniendo una gran
responsabilidad en la crisis bancaria. No fue capaz de detectar a tiempo la
excesiva dimensión que estaban adquiriendo los créditos hipotecarios en bancos
y cajas, ni tampoco de tomar medidas para resolver este problema. Sin embargo,
no se han depurado responsabilidades; ni siquiera se han asumido.
Lo realmente grave es la fuerte politización del Banco de
España, pues el nombramiento de sus principales cargos, entre ellos el de
Gobernador, corresponde al partido político en el Gobierno. Este hecho le
convierte en una correa de transmisión del ministro de Economía de turno y sus
decisiones más relevantes están fuertemente condicionadas. Por lo tanto, sería
urgente un cambio organizativo profundo y radical de esta institución, si
realmente se quiere resolver el problema de fondo del sistema bancario español.
Cuarto, el tamaño no es una variable determinante en el
éxito de una empresa y, por consiguiente, las fusiones no son la solución a los
problemas de la banca en España. No existen garantías que cuando un banco
aumenta de dimensión, mejore su capacidad de gestión, rentabilidad y
eficiencia. Esto es una falacia del neoliberalismo que deberíamos abandonar.
Sin embargo, el aumento de tamaño de un banco sí que incrementa su riesgo
sistémico y la probabilidad de que en caso de quiebra pueda arrastrar a una
parte importante de la economía.
En definitiva, la crisis del Banco Popular hace volar por
los aires las recetas neoliberales que desde el Ministerio de Economía se han
estado aplicando desde que estallara la crisis financiera. Los problemas
estructurales de la banca española siguen existiendo, y solo con una reforma de
fuerte calado, que transforme las estructuras organizativas y de decisión
internas de los bancos, será posible conferir solidez y estabilidad a las
entidades. No se necesitan bancos grandes, sino bien gestionados, con un
sistema de gobernanza basado en la transparencia y la profesionalidad, sin
injerencias políticas ni interesadas que buscan beneficiar a unos pocos. Se
precisa también una reforma radical del Banco de España, que despolitice su
gestión para así asegurar el cumplimiento de sus funciones de control y de
supervisión.
Los ciudadanos no podemos seguir pagando, con nuestros
impuestos, la mala gestión de los banqueros de este país. En este sentido, la
compra del Banco Popular por parte de Bankia supondría una vez más tener que
sanear una crisis bancaria con el dinero de todos los contribuyentes.
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