Varios Autores
Este martes en el Congreso de los
Diputados se vota la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular
para la dación en pago con efecto retroactivo, la paralización de los
desahucios y la promoción del alquiler social. Las entidades promotoras de la
ILP hemos conseguido un total de 1.402.854 firmas, lo que evidencia un clamor
ciudadano para cambiar la legislación hipotecaria y poner fin al drama de miles
de familias que se ven abocadas a la calle, sin vivienda y con una deuda de por
vida.
La votación de la ILP para la
dación en pago coincidirá con la votación de otra ILP, en este caso por la
regulación de la fiesta de los toros como bien de interés cultural, que según
parece si será tomada en consideración –con menos de la mitad de firmas-. Este
martes veremos qué prioridades son las que muestran tener los partidos
políticos de este país. Consideramos que supondría un grave insulto a la
democracia que el Congreso ni tan sólo tomara en consideración una demanda
ciudadana con un apoyo tan amplio, muy superior incluso al número de votos que
tienen algunos partidos con representación en el Congreso. Nos preguntamos para
que sirven entonces las iniciativas legislativas populares y el requisito de
recoger un mínimo de 500.000 firmas, si el Congreso puede rechazar sin
considerar un texto que triplica esta cifra.
Según datos del Consejo General
del Poder Judicial, entre 2007 y el tercer trimestre de 2012 se han producido
más de 400.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado Español. Las Comunidades
Autónomas que tienen el triste honor de encabezar el ranking de
desahucios son Andalucía (con 81.160), Cataluña (79.043) y el País Valenciano
(77.435).
Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen
a los sectores sociales más castigados por la crisis: las personas que han
perdido el trabajo. Por otro lado, a la pérdida del empleo y de la vivienda se
suma una consecuencia totalmente inesperada y de efectos muy graves: en el
estado español el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de
impago, la entidad financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su
valor de tasación, y seguir reclamando el resto de la deuda pendiente –más
intereses y costos judiciales- tanto a la persona afectada como a aquellos que
la hayan avalado.
Así, mientras que las entidades
financieras, en gran medida responsables de la actual crisis económica, reciben
miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con hipotecas
impagables siguen abocadas a la exclusión social.
Hoy, día en el que el Congreso votará la aceptación a
trámite de la ILP por la dación en pago, no acaba nada. Al contrario, sigue la
lucha para garantizar el derecho a la vivienda en nuestro país. Una vivienda
digna es un elemento indispensable para garantizar el libre y correcto
desarrollo de cualquier persona de nuestra sociedad. Se trata de un derecho
necesario para poder ejercer otros, como el derecho al trabajo. No poder
disfrutar de una vivienda digna y adecuada a las necesidades de cada persona o
familia es un factor de riesgo de cara a la exclusión social. A pesar de ello,
la vivienda, a menudo, no se ha considerado un derecho, y si un negocio más por
la libre especulación.
Pedimos a los 350 diputados del
Congreso que voten hoy a favor de admitir a trámite la ILP por la dación en
pago y el alquiler social. Por respeto democrático al millón y medio de
ciudadanos que les han dado su apoyo y por respeto a las 400.000 familias que
ya han perdido su vivienda.
Josep Maria Álvarez,
Secretario General de UGT Catalunya
Ada Colau,
Portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
Joan Carles Gallego,
Secretario General de CC OO Catalunya
Jordi Giró,
Presidente de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya
(CONFAVC)
Àngels Guiteras,
Presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Vanesa Valiño,
Directora del Observatorio DESC
Fuente: diario El País,
13/2/2013. Disponible en:
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