Diario Público.es,
18/06/2013.
La Secretaría General de Consumo
de la Junta de Andalucía ha abierto una inspección a los 20 bancos denunciados
por FACUA-Consumidores en Acción por las cláusulas suelo de sus hipotecas,
según un comunicado de FACUA. El Servicio de Consumo de Sevilla ha indicado a
FACUA que "detectadas presuntas irregularidades en los hechos denunciados,
se procede a la realización de las actuaciones legalmente establecidas"
ante una de las primeras denuncias presentadas. Andalucía es una de las
primeras comunidades que inicia inspecciones a los bancos por la
aplicación de estas cláusulas abusivas a raíz de las denuncias de FACUA.
Ahora, el organismo de la
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales está
inspeccionando y analizando los casos denunciados en los que incluye como
documentación decenas de contratos con estas cláusulas aportados por socios de
la organización.
La Ley 13/2003 de Defensa y
Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía establece un régimen
sancionador que en casos de infracciones muy graves puede alcanzar "el
comiso del beneficio obtenido con la infracción" y, "con carácter
excepcional", el "cierre" temporal de los establecimientos o
"la suspensión del servicio o de la actividad en la que se cometiera la
infracción" hasta por un año. "El beneficio ilícito se calculará,
cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos",
establece la norma.
Según el comunicado, los bancos
denunciados son Bankia, BBVA, Caja España-Duero, Unicaja, Caja Rural del Sur,
Banco Popular, Cajasol Caixabank, Novagalicia Banco (antes Caixa Galicia),
Cajasur (del grupo Kutxabank), Banco Pastor (del grupo Banco Popular), Banco
Gallego, Cajamar Caja Rural, Banco Etchevarría, Caja Granada (del grupo Banco
Mare Nostrum), Arquia, Sabadell Atlántico y Caixa Penedès (ambas del grupo
Banco Sabadell) y las entidades Banco Castilla-La Mancha CCM, Caja de
Extremadura y Cajastur (del grupo Liberbank).
FACUA ha solicitado a las
comunidades autónomas que insten a la cesación de la cláusula suelo y la
devolución del dinero, y la aplicación de multas proporcionales a los miles
de millones de euros obtenidos por la banca con uno de los mayores fraudes
financieros que se han producido en España. La organización de consumidores ha
argumentado la ilegalidad de las cláusulas suelo y las competencias de las
autoridades de consumo para intervenir en el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios aprobado mediante el Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, las leyes y estatutos
autonómicos de protección al consumidor y la Directiva 93/13/CEE del Consejo,
de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores.
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