Diario El
País, 14/06/2013.
La justicia y la fiscalía deben
dar respuesta a las decenas de miles de afectados por la comercialización de participaciones
preferentes que aún no han recuperado su dinero. El arbitraje es una
de las soluciones, pero no será una opción para todos. Habrá afectados que
decidirán acudir al juzgado, a la vía civil. Y otros que consideren que los
bancos no solo deben devolver el dinero depositado, sino que deben responder
penalmente por lo que creen que fue un delito: la venta masiva de productos de
riesgo previstos para expertos a un público no preparado para saber lo que
estaba comprando.
El Consejo General del Poder Judicial
busca fórmulas para afrontar la situación y evitar el colapso ante la
presentación de decenas de miles de acciones de preferentistas. Para tratar de
anticiparse a un aluvión de demandas, hoy se anunciará en Santiago de
Compostela un plan de actuación para implantar medidas de refuerzo, de
organización, tecnológicas... que garanticen el derecho a la tutela judicial de
los afectados. Entre otras, se crearán unos servicios específicos de
tramitación de asuntos —en un primer momento en A Coruña y Vigo— que permitan
agilizar los casos. Se trata de medidas que, previsiblemente, se exportarán al
resto de España.
En Galicia se preparan para
recibir unas 15.000 demandas individuales según los cálculos realizados en
función de la gente que no llegará el arbitraje y de los que pueden confiar
razonablemente en que su caso prospere. El número final que llegue a los
juzgados de toda España, en todo caso, dependerá de si se sigue potenciando el
arbitraje y de si los requisitos se abren. “Si todos los que han invertido
10.000 o 15.000 euros recuperaran su dinero, llegarían muchas menos demandas a
los tribunales”, señala Manuel Almenar, vocal del Consejo. En Valencia y Madrid
se espera también que decenas de miles de afectados acudan a los tribunales.
Si la carga de entradas al año en
un juzgado civil es de unos 700 asuntos, cada uno puede asumir, con retrasos,
800 o 900. Con más de 1.000 se podría paralizar la justicia. Los cuellos de
botella serían dos: la tramitación de las demandas en la oficina judicial y la
toma de decisiones del juez. Serían necesarias medidas de excepción en ambos
ámbitos.
El primer problema es el que
pretende paliar el plan de Santiago de Compostela que se anuncia hoy con la
creación de unos servicios comunes y con las medidas de refuerzo de personal,
de jueces, de los servicios de orientación jurídica de los colegios de abogados
y de las oficinas de atención al ciudadano, entre otras. Será necesario
también incorporar aplicaciones informáticas y articular mecanismos para
que las citaciones sean telemáticas o establecer parámetros comunes para la
parte documental de forma que al juez le llegue ya el tema preparado.
Para abordar el segundo problema
hay dos vías posibles: especializar juzgados y dedicarlos en exclusiva a las
demandas por preferentes o repartirlas entre todos. En este último caso, los
servicios comunes serán esenciales para la gestión y trámite de los asuntos.
Todo sería más sencillo si
pudieran ejercitarse acciones colectivas pidiendo que la demanda se abra a
todos los perjudicados, o si la propia fiscalía pudiera pedir que se declaren
nulos estos contratos y que se resarza a los afectados. Pero estas fórmulas,
defendidas, entre otros, por organizaciones de consumidores y por la Fiscalía
de Galicia —que trató de iniciar esta vía—, plantean problemas jurídicos para
algunos juristas que defienden que hace falta que se demuestre en cada caso y
de forma individual que el banco no dio información suficiente.
Por otro lado está la vía penal,
abierta en algunos casos. El más conocido es la investigación del juez de la
Audiencia Nacional Fernando Andreu por las
preferentes en el caso Bankia —en contra del criterio de la
Fiscalía Anticorrupción, que defendió de manera férrea la vía civil—. Pero
algunas fiscalías sí han iniciado diligencias de investigación por preferentes.
Y la Unión Progresista de Fiscales manifestó en su último congreso su
preocupación por “la pasividad que está mostrando la Fiscalía General ante un
problema de gran impacto social y posible trascendencia penal como es el de las
participaciones preferentes” a pesar de que puede tratarse de “una estafa a
gran escala”. La organización afirmaba que no había “un planteamiento estratégico
global para poder articular una respuesta jurídico-penal eficaz y uniforme en
todo el territorio español”.
La Fiscalía General del Estado
acaba de pedir a los fiscales superiores que envíen información sobre las
diligencias incoadas por preferentes; las denuncias y querellas presentadas;
las diligencias previas; y las acciones civiles emprendidas. Pero el Ministerio
Público aún debe definir cuál va a ser su línea de actuación ante este grave
problema social.
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