Por Clara Blanchar
Diario El País, 4/08/2103.
Nadie tiene la culpa. Y si la hay,
se la echan a su antecesor en el cargo. Someramente, es lo que han
dado de sí las cuatro primeras sesiones de la comisión del parlamento de
Cataluña que investiga el derrumbe de las cajas catalanas y el prejuicio
causado a los ciudadanos que compraron preferentes o han sido desahuciados.
Hasta ahora se ha centrado en Catalunya Banc, la antigua Caixa Catalunya. Hoy
nacionalizada, suma 12.000 millones euros de inyecciones públicas y afronta el
despido de 3.000 empleados y el tercer
intento de venta. Han comparecido cuatro expresidentes, un director
general, los sindicatos. Nadie asume nada. Ni siquiera su accionista mayoritario,
el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), sobre las dos
subastas fallidas.
Los comparecientes han dirigido
la entidad —fruto de la fusión en 2009 de las cajas de Catalunya, Manresa y
Tarragona— desde 1984 hasta el pasado mes de mayo. Los momentos de autocrítica
se pueden contar con los dedos de una mano. Como cuando el lunes pasado el
expresidente Antoni Serra Ramoneda soltó: “La culpa de lo que ha pasado la
tenemos todos, aquí todo el mundo ganaba dinero”.
Todo el mundo lo hacía y se
ganaba mucho dinero, acaba saliendo de la boca de los comparecientes. Ya se
hable de comprar la aseguradora MNA en 1995, —una pesadilla que ha acabado
costando entre 210 y 300 millones—; de invertir
en ladrillo hasta con promociones en Polonia sin valorar el riesgo
—la justificación es que durante años dio grandes beneficios—; de abrir
oficinas por toda España sin estudiar su viabilidad; de emitir preferentes
desde las islas Caimán —porque así lo establecía el Banco de España—; de dar
hipotecas a 40 años a mileuristas —¿quién iba imaginar que tasas de paro de más
del 25%?— de fiar decisiones estratégicas a consultoras carísimas, —para eso
les pagaban seis millones al año—; de votar el salario de directivos que
cobraban un dineral —si eran sueldos de mercado—…
Pese a que todos se sacuden las
culpas, los grupos parlamentarios convienen que la comisión es útil. Está
destripando cómo actuaba la cúpula de la mayor caja de un modelo, el catalán,
que se basaba en la proximidad del cliente —rentas medias y bajas y pymes— y en
una potente obra social. “Sí está sirviendo para ver el delirio en el que se
convirtieron las cajas cuando se pusieron a hacer de bancos sin que los
directivos estuvieran capacitados y sin que nadie rindiera cuentas”, opina el
diputado de Ciutadans Jordi Cañas, que protagoniza duros interrogatorios.
“Por ahora la conclusión es que
había manga ancha con los equipos directivos, que tenían mucho poder”, acuerda
la diputada del PSC Alicia Romero, y “se dejaron llevar por la vorágine”. Desde
ICV, Josep Vendrell apunta al “abismo entre lo que costará el rescate de las
nacionalizadas a los ciudadanos y la asunción de responsabilidades, que no
puede quedar impune”. También de impunidad hablan los diputados de la CUP.
David Fernández ha llamado “ladrón” a los ex presidentes Narcís Serra y Adolf
Todó: les ha leído la definición del término y les ha exigido que “devuelvan”
sus pensiones “estratosféricas”.
Las disculpas de los
protagonistas:
Antoni Serra Ramoneda,
presidente entre 1984 y 2005. Reconoció cobrar 19.000 euros netos en
2005:
- “En mi tiempo no hubo irregularidades. En el resto, creo que no”
Josep Maria Loza,
director general entre 1998 y 2008. Cobró una indemnización cercana a
los 10 millones:
- “Siempre actué de acuerdo a la normativa y todas las decisiones y todas las decisiones pasaban por el Consejo”
- “Ante un problema crítico, la búsqueda de excusas y culpar a los que no están es el camino más usado”
Narcís Serra, presidente
entre 2005 y 2010. Cobró cerca de 200.000 euros anuales:
- “El gran responsable [de la quiebra] es la crisis y el paro: no hay dinero para pagar las hipotecas”
- “Somos responsables de un crecimiento que nos complació demasiado y que no podía acabar bien”
Adolf Todó, director
general (2008-2010) y presidente entre 2010 y 2013 En 2011 cobró cerca
de 1,5 millones y exigió una indemnización de 4,5:
- "En 2008 acudimos al Banco de España para pedir un plan de recapitalización para el sector y la creación de un banco malo y me dijeron ‘por encima de mi cadáver”
Por orden de comparecencia, el
primero fue el
expresidente y exdirector general Adolf Todó (desde 2008),
destituido en mayo pasado por el FROB. Asumió un 5% de culpa, echó el 95%
restante a su antecesor (Josep Maria Loza) y lamentó que llegó de la saneada
Caixa Manresa y encontró una situación tan grave que pidió al Banco de España
recapitalizar la entidad y crear un banco malo y le respondieron que ni hablar.
Todó, que llegó
pidiendo un sueldo de 800.000 euros, atribuyó su destitución a haber
defendido la venta de la entidad.
En la segunda sesión, Narcís
Serra (presidente de la entidad entre 2005 y 2009, el máximo periodo de
exposición inmobiliaria) defendió que su cargo era institucional y no ejecutivo
y culpó a la
crisis y el paro de la quiebra, exonerando a los gestores. Serra
discrepó de la gestión de Loza, pero dijo que no actuó “negligentemente” y
acabó admitiendo que la cúpula “se complació ante un crecimiento excesivo que
no podía acabar bien”. Sobre las inversiones en ladrillo, recordó que la
actividad promotora dio en 2007 un beneficio récord de 593 millones. Y dijo que
los súper sueldos, aunque “desproporcionados”, estaban en línea con el mercado.
La tercera sesión bajó a las
oficinas, con el impactante relato de los sindicatos —que votaron los sueldos
de la cúpula— sobre las
presiones de la dirección y el "clima de terror" en el que
trabajan, empujados a vender más tarjetas y seguros, colocar más hipotecas y
dando la cara ante los 80.000 clientes afectados por preferentes que se
vendieron con información falsa. Los empleados tienen un teléfono de atención
psicológica las 24 horas del día. En la misma jornada compareció el
representante del FROB en el consejo de administración Catalunya Banc, José
Antonio García, que defendió la actuación de la propiedad en una entidad
“perfectamente capitalizada, con ratio superior a la que exige el regulador,
que tiene liquidez” y que, dijo, “a finales de año valdrá más”.
Esta semana, la última antes de
vacaciones, era el esperado turno de Josep Maria Loza, director general durante
una década (1998-2008) y objeto de las miradas de anteriores sesiones. Loza se
explayó al relatar sus vínculos personales con la entidad de la que su padre
fue chofer, y durante tres horas repitió que siempre actuó “de acuerdo a la
normativa” de organismos como el Banco de España y que todas las decisiones pasaban
por el consejo de administración. Loza sorprendió al insinuar “la posibilidad”
de devolver la indemnización, que recibió, de cerca de 10 millones.
El lunes también compareció quien
presidió Caixa Catalunya durante dos décadas (entre 1984 y 2005), Antoni Serra
Ramoneda, quien señaló distintos errores de gestión. Como “la pifia”
que supuso la compra de MNA, asesorados por Boston Consulting, o la emisión de
preferentes: “Claro que me repugnaba emitirlas desde las islas Caiman, pero o
pasabas por ahí o no te comías un rosco”, llegó a decir. El diputado de ERC
Pere Aragonès cree que hay que distinguir entre las responsabilidades
“concretas de equipos de personas”, —a su juicio “Serra y Loza, y en menor
medida Todó”— y las de “las prácticas fomentadas por el mismo regulador, que
hacían difícil que los gestores se apartaran de la ola general”. Se refiere a
cuestiones como la emisión desde paraísos fiscales.
La comisión va para largo. Faltan
por declarar los gestores de otras cajas como Laietana o Penedès, los
organismos reguladores, los expertos, los consumidores o la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH). En la lista figuran también las cúpulas
actuales y anteriores de Bankia y el ministro de Economía, Luis de Guindos y
sus antecesores, Pedro Solbes y Elena Salgado.
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