Por Inmaculada de la Vega
El País, 13/07/2015.
La buena suerte de Ernesto Soriano se acabó
convirtiendo en un cúmulo
de infortunios. En 2007, el Instituto de la Vivienda de Madrid le
adjudicó un piso un 40% más barato de lo que costaba en el mercado. Soriano, de
22 años, vivía con su abuela, de 72. Ambos acudieron al Banco Santander para
pedir una hipoteca con la que poder pagar los 19.000 euros de entrada, pero la
entidad se lo denegó a los dos.
Su abuela vio entonces un anuncio
de Punto Financiero, una empresa
de préstamos que se ofrecía a darles el dinero que podrían devolver
en pequeñas cuotas. Para abonarles el préstamo les pidieron las escrituras del
piso que poseía la mujer.
Ante el notario Joaquín Delibes,
abuela y nieto recibieron un sobre con los 19.000 euros. También estaba
presente el prestamista César Ibáñez. Pero la cantidad que firmaron haber
recibido era mucho mayor: 37.000 euros y, además, con un recargo del 30% de
intereses por cada día de retraso en el pago.
Con los
reveses de la crisis y abrumados por deudas que no podían pagar,
miles de familias picaron en el anzuelo. En televisión, en Internet, los
anuncios de dinero fácil y rápido les llevaron directamente a determinados
prestamistas. A veces eran incluso los mismos bancos que les cerraban el grifo
los que les hablaban de las empresas de “capital privado” que podrían
prestarles para salir del apuro.
Al principio los prestamistas les
tranquilizaban y ofrecían una cantidad hasta que consiguieran “una hipoteca en
un banco de primer orden”, con la que poder saldar todas las deudas y quedarse
con una cuota mensual asumible. Pero una cosa es lo que les decían verbalmente
y otra lo que firmaban en la notaría.
La firma ante
notario de la escritura y letras de cambio hacía que no sospecharan
nada y que creyeran que lo prometido verbalmente era lo que figuraba en los
numerosos folios, de difícil comprensión, que firmaban también sin consultar
con nadie, y siempre presionados para que lo hicieran rápido con diferentes
excusas. Lo habitual es que firmaran, sin darse cuenta, que habían recibido una
cantidad mucho mayor que la que realmente les daban. Esa era la comisión que se
llevaban el prestamista o los intermediarios.
El préstamo que recibieron
Ernesto Soriano y su abuela acabó convirtiéndose en una losa. Cuando quisieron
darse cuenta, la situación pasó a ser angustiosa porque no podían afrontar el
pago de las cuotas. “Un día llegó la empleada de Punto Financiero con un
empleado de Bancaja para que firmase un crédito de 85.000 euros a riesgo de
perder la vivienda. Me comprometí a pagar 450 euros al mes hasta 2038. En 2011
me quedé sin trabajo y no podía pagar. Le iban a quitar la casa a mi abuela y
tuve que refinanciarlo con Bankia (que había absorbido a Bancaja). Hasta 2060 tengo
que pagar 261 euros al mes cuando ya llevo devueltos más de 40.000 euros. En
resumen, recibí 19.000 euros pero estoy pagando un crédito de 85.000 euros que
no he visto en mi vida. Pagar esa cuota supone, entre otras cosas, que no puedo
tener hijos porque no podría mantenerlos”.
Todo eso sigue ocurriendo. Los
prestamistas hacen dos cosas. Por un lado pedirles como garantía algún
inmueble, habitualmente su vivienda o la de sus padres, y, después, darles un
préstamo a un tipo de interés tan desorbitado, sobre todo en caso de que se
retrasen en la fecha de pago, y por un periodo de tiempo tan corto, que se
aseguran de que nunca lo podrán pagar.
En el despacho de los mismos
notarios van, una tras otra, víctimas que en ocasiones solo necesitan una
pequeña cantidad, como en el caso de Ernesto Soriano. Él, de momento, no ha
perdido la vivienda pero otros muchos sí, y en algún caso por un préstamo de
solo 10.000 euros.
En España, el de determinados
prestamistas es un enriquecimiento rápido, a la vista de todos y con toda
impunidad. Se puede ver en los medios de comunicación y lo vive a diario el
abogado del bufete Alberche, Carlos J. Galán, que colabora, entre otras, con la
Asociación Stop Estafadores que preside Juan Puche.
Tenazmente, desde su blog en
Internet, Puche denuncia a un prestamista muy conocido que acumula inmueble
tras inmueble —detecta unos 4.000 registrados en su entorno— a cambio de
prestar pequeñas cantidades.
“¿Por qué si son tramas
organizadas no prosperan las denuncias en la vía penal?”, se pregunta otro
afectado, Antonio Garrido, que vive con la angustia de que su madre pierda la
casa. “Es muy difícil probar los hechos cuando se enfrenta la denuncia de una
víctima cualquiera con la palabra del notario”, aclara Galán.
El registrador Rafael Arnáiz explica
que si se presta con usura, se puede declarar nula esa cláusula en la vía
civil: el prestamista devuelve lo prestado más intereses, si le pillan y no hay
más sanción. “Lo difícil es demostrar que no entregó la cantidad que consta en
la escritura y que ha habido falsedad de documento público. Apenas se
interponen querellas criminales”, dice.
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