Editorial, Cinco Días, 22/07/2015.
El llamamiento realizado ayer por
Bruselas en favor de la creación de instituciones de banca pública para
desarrollar, entre otros aspectos, el denominado plan Juncker constituye un
giro en la postura –más bien fría– del organismo hacia este tipo de entidades.
Tras años de desconfianza respecto a un modelo visto como fuente potencial de
interferencias políticas y de mala gestión, la Comisión Europea aboga por la
creación de lo que denomina Bancos Nacionales de Promoción, cuyo objetivo será
cubrir la escasez de financiación en áreas como la I+D, algunas
infraestructuras o ciertos proyectos medioambientales, pero especialmente
canalizar el plan Juncker de inversión 2015-2018. Una línea de financiación que
aspira a movilizar 315.000 millones de euros de capital público y privado.
El pronunciamiento de Bruselas
llega cuando ya hay nueve países miembros que han anunciado su intención de
utilizar este modelo para colaborar con el plan de financiación, entre ellos
España, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La CE propone un
perfil de entidades sometidas a un férreo control, centradas en áreas a las que
no llega la banca comercial y en las que primen los criterios profesionalizados
de gestión. La intención de Bruselas es monitorizar el cumplimiento de esos
criterios y, en caso de que estos sean acreditados, considerar la actividad de
esta banca al margen de las finanzas públicas y sin impacto, por tanto, a
efectos del Plan de Estabilidad. Pero si las decisiones de la entidad están
sujetas a control directo de la Administración, sus operaciones deberán
aparecer en contabilidad nacional.
Los motivos que subyacen a este
impulso europeo a la banca pública son eminentemente prácticos. El fuerte
proceso de concentración llevado a cabo en el sector financiero tras la
reordenación y capitalización realizada en los últimos años ha tenido
consecuencias en el ámbito de la inversión. Es el caso de operaciones que por
exceso o defecto de cuantía no resultan interesantes, en términos de negocio,
para la banca comercial. Bruselas está preocupada por la caída que la crisis
económica ha provocado en la inversión –de en torno a un 20%– y que resulta
urgente recuperar. Ese es el motivo por el que la CE ha puesto en marcha el
plan Juncker y por el que insta a los Estados miembros a impulsar estas
entidades públicas especializadas, que llevarán la financiación a las empresas
y los segmentos que más lo necesitan. El reto que tiene Bruselas ante sí –y con
ella los países que opten por este modelo– es ejercer una supervisión eficiente
que impida que la banca pública vuelva a caer en los vicios e ineficiencias
heredados del pasado.
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