Por Antonio M. Vélez
/ Belén Carreño
El diario.es,
02/11/2015. (Extracto).
Dos colaboradores asiduos de la Fundación para el Análisis y
los Estudios Sociales (FAES), el laboratorio de ideas del PP, y dos
exdirectivos de Banco Santander, uno de ellos, también exalto cargo del
Ministerio de Economía durante la época de Rodrigo Rato. Es el perfil elegido
por el Gobierno para cubrir las cuatro vacantes que el Ejecutivo se ha sacado
de la manga para tomar el control del Instituto de Crédito Oficial (ICO) más
allá de la presente legislatura.
Los cuatro nuevos "consejeros independientes"
elegidos para el ICO, todos hombres, son personas de confianza del ministro de
Economía, Luis de Guindos, encargado de proponer su elección. Dos de ellos
tienen fuertes vínculos con FAES. Los tentáculos de la fundación que preside
José María Aznar llevan tiempo instalados en el seno del ICO. El 'think tank'
del PP fue el anterior destino profesional del actual director general de
Estrategia y Financiación del banco público, Fernando Navarrete, que hasta 2012
fue director de Economía y Políticas Públicas de FAES. Le sustituyó en ese
puesto Miguel Marín, vinculado a Eneas, una consultora que ha cobrado cerca de
2 millones de euros de Gobiernos del PP por ayudarles a ahorrar.
Como ya adelantó eldiario.es el 25 de octubre, el Ministerio
de Economía ha aprovechado una disposición final de una ley publicada el 2 de
octubre para dejar en manos de personas ajenas al sector público las
principales decisiones del ICO. Los cuatro vocales recién elegidos a propuesta
de Economía tendrán un voto "doble" cuando se decidan en el consejo
del ICO operaciones financieras. Esto hará de facto que las decisiones del
banco público queden en sus manos, ya que el resto del consejo, incluido el
presidente, solo sumaría siete votos.
En la práctica, tendrán derecho de veto sobre las decisiones
que afecten al activo y pasivo de la organización, esto es, al crédito del
banco público, en virtud de ese cambio legal incluido de tapadillo por el
Gobierno en la recta final de la legislatura.
El ICO asegura que con estos nombramientos "se
refuerza" el peso de los gestores independientes "y se consigue una
mayor transparencia e independencia en el funcionamiento del Consejo para
asegurar una asignación eficaz de la actividad financiera del Instituto".
"De este modo el Gobierno Corporativo de la entidad se encuentra alineado
con las mejores prácticas europeas en instituciones homólogas a ICO",
añade.
Ahora, y gracias a este 'intento' de despolitización del
organismo, el marchamo de FAES va a llegar hasta el Consejo General del único
banco público que hay en España. La entidad está presidida desde agosto de 2014
por la exdiputada del PP Irene Garrido, primera mujer al frente del organismo
desde su creación en 1971. Los cuatro profesionales "independientes"
a los que, en los estertores de la legislatura, ha designado el Gobierno como
nuevos consejeros, van a tener en sus manos las decisiones de calado que tome
el organismo respecto a concesiones de crédito en los próximos tres años.
La nueva normativa impone como únicos requisitos para esos
nombramientos que se trate de "personas de reconocido prestigio y
competencia profesional en el ámbito de actividad del Instituto",
entendiendo su independencia como que el candidato en cuestión "no sea
personal al servicio del Sector Público". Sin embargo, tres de estos
elegidos pertenecen al cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado, el mismo al
que pertenecen Guindos y otros ministros o altos cargos como José Manuel Soria
o el secretario de Estado de Comercio y ex directivo de FAES, Jaime
García-Legaz.
El pasado viernes, el Gobierno se apresuró a nombrar a los
nuevos vocales mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, sin que se haya
publicado siquiera el reglamento que debe regular la "causa de cese"
de estos consejeros y el régimen jurídico al que quedarán sometidos. Un Real
Decreto que está pendiente de aprobación y que ya se sometió a audiencia
pública, según fuentes de Economía, que añaden que su retribución será muy inferior
a la de un alto cargo de la Administración: unos 1.000 euros brutos mensuales,
a razón de una reunión al mes (según datos del informe de Gobierno corporativo
del banco público en 2014).
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