Por Odalys
Padrón
Público.es, 20/11/2015.
Muchas personas denuncian que para recibir una
ayuda social le obligan a tener una cuenta bancaria, lo que conlleva el pago de
comisiones a dicha entidad. Un pago, que en muchos casos, supone un perjuicio
considerable en la maltrecha supervivencia del perceptor de la prestación. A
pesar de que en la solicitud aparezca la opción de cobrar en ventanilla, la
realidad, expresada por el usuario, es que para lograrlo tienen que poner
reclamaciones lo que genera temor a que afecte al dictamen de la resolución.
También hay trabajadores que no quieren que se especule con su dinero, algunos
bancos utilizan el importe hasta seis días antes de ingresarlo en la cuenta del
asalariado, o simplemente quieren tener derecho a elegir. El Estatuto de los
Trabajadores así lo establece en su artículo 29 “Liquidación y pago” en el
punto cuatro “El salario, así como el pago delegado de prestaciones de
Seguridad Social, podrá efectuarlo el empresario en moneda de curso legal, o
mediante talón u otra modalidad de pago similar a través de entidad de crédito,
previo informe al comité de empresa o delegado de personal”
Hay una desconfianza cada vez mayor en la Banca
Privada, avalado por hechos como los informes de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores que habla de comercialización de fondos de inversión “no
ajustados a la normativa vigente”; la denuncia interpuesta a once entidades
bancarias por cobrar comisiones abusivas cuando se ingresa dinero en efectivo
en una cuenta de otra persona o entidad por ventanilla, lo que implica que las
entidades bancarias están cobrando dos veces por el mismo servicio, una al
usuario que recibe el ingreso, que ya paga una comisión de mantenimiento anual
de su cuenta, y otra a la persona que lo realiza; las multas multimillonarias a
bancos por manipular tipos de cambio, como los 3.450 millones de euros
interpuestos por los reguladores de EEUU, Reino Unido y Suiza a los bancos por
no haber aplicado los controles internos necesarios para evitar que sus
operadores pusieran los intereses del banco por delante de los de sus clientes
moviendo las cotizaciones antes de que se fijase el tipo de cambio de
referencia; las advertencias, desde Bruselas, de que España no cumplirá los
objetivos de déficit público fijados para este año y siguiente siendo una de
las razones principales que de las ayudas públicas destinadas entre 2008 a 2014
a la banca española no se recuperarán unos 46.000 millones de euros lo que
representa el 4,4% del PIB pese a los sólidos beneficios, 5.460 millones de
euros, que ha tenido la Banca Privada, según el Banco de España, en la primera
mitad de este año; los onerosos sueldos, pagos y jubilaciones de sus directivos
y asesores, por ejemplo el presidente de la Kutxabank cobra más en un día que
el sueldo medio de un trabajador en un mes, el sueldo actual es de 800.000
euros anuales, Ana Botín, presidenta del Santander cobró 6,8 millones de euros
en 2014 y Juan María Nin, expresidente de Caixabank recibió una indemnización
de 15 millones de euros al dejar su puesto, pagos irregulares de la Banca
Privada al exdelegado del Gobierno en el País Vasco, a través de un despacho de
abogados laboralistas, que según el aludido manifestó en el juzgado era una
“ley no escrita que ha funcionado con todos los gobiernos y todos los partidos
durante los últimos 30 años” y recientemente la connivencia detectada entre la
mafia china liderada por Gao Ping y la Banca Privada de Andorra donde su
consejero delegado, Joan Pau Miquel Prats, era conocedor del origen ilícito del
dinero y seguramente cooperador necesario del blanqueo dado que, según
información publicada, recibía comisiones que oscilaban entre 500.000 y 600.000
euros.
Y podríamos continuar pero es inmensamente
larga la lista de actuaciones y cobros que corroboran la enorme desconfianza de
la ciudadanía con la Banca Privada. Nos sentimos estafados. El Código Penal,
establece que en los delitos de estafa el denominador común es la presencia de
un engaño que implica defraudar la confianza depositada por la víctima,
agravándose cuando el culpable aprovecha su relación con la víctima o su
credibilidad profesional y más si afecta a bienes de primera necesidad. Todo lo
expuesto hace necesaria la creación de una Banca Pública que permita al
ciudadano tener el derecho, por ley, de poseer dinero de forma segura, pública
y sin costes “adicionales”.
La Banca Pública tiene un comportamiento
crediticio orientado a financiar infraestructuras y equipamientos públicos, a
colectivos con problemas de acceso al crédito, principalmente en relación con
la vivienda y las pymes y a proyectos empresariales de largo plazo que apuesten
por una modernización productiva de nuestro país teniendo como objetivo superar
las actuales carencias tecnológicas y de capitalización que tienen importantes
sectores abiertos a la competencia internacional. En la Banca Pública deben
primar los instrumentos de control democrático sobre su gestión y existir total
transparencia de sus actividades frente a la sociedad y sus representantes.
Muchos estarán pensando, llegados a este punto,
en las Cajas de Ahorros. Ha habido, en todo el proceso de crisis bancaria, de
forma intencionada en muchos casos y por desconocimiento en otros, una
identificación entre las Cajas de Ahorros y la Banca Pública. Craso error, se
trata de dos instituciones radicalmente diferentes en su propiedad y en sus
sistemas de gobierno corporativo. Las Cajas de Ahorros no eran propiedad de
ninguna administración pública a la que pudieran pedirse responsabilidades por
una deficiente gestión. Los gestores, los altos directivos fueron concentrando
el poder en sus manos imponiendo sus intereses por encima de los de las propias
entidades hasta poner en cuestión la propia viabilidad de estas. No había
accionistas, ni gobierno en el caso de que hubiese sido una Banca Pública que
defendieran sus intereses frente a los gestores.
España es uno de los países de la Unión Europea
que tiene menos Banca Pública y mayor inestabilidad financiera. Alemania tiene
el sector público más grande de Europa, que representa más de la mitad del
negocio bancario si se incluyen las potentes entidades corporativas. La VÖB, la
Asociación de Bancos Públicos Alemanes, tiene 32 miembros de pleno derecho,
bancos cuyas acciones son propiedad directa o indirecta de las autoridades
públicas. Entre sus miembros están los quince bancos regionales cuyos
propietarios son los respectivos gobiernos federales y cuya deuda está
garantizada por el Gobierno Central alemán. Francia y Austria mantienen
importantes entidades públicas. En los Países Bajos el Estado es el dueño del
capital del BNG, Banco Nederlanse Gemeenten, y el resto pertenece a diversos
municipios y provincias. Según la revista Global Finance es el segundo banco
más seguro del mundo. El Banco Público de Dakota del Norte (BND) es ejemplar,
es uno de los Estados de EEUU con menor nivel de desempleo, superavit
presupuestario y una de las mejores calificaciones de deuda. En este banco, por
ley, el Estado deposita todos los ingresos que recibe, su objetivo es impulsar
la economía de Dakota del Norte y tiene prohibido invertir fuera del Estado y dedicarse
a actividades especulativas. En la actualidad unos veinte Estados de EEUU han
iniciado trámites para constituir bancas públicas similares a la de Dakota del
Norte. Suecia nacionalizó, en 1992, todos los bancos insolventes por motivos de
urgencia, anteponiendo los intereses comunes a los de los accionistas de tales
bancos. En la actualidad el Estado sueco conserva, un 13,5% del capital de
Nordea, el gran banco nórdico surgido de la fusión de varias entidades suecas,
finlandesas, danesas y noruegas, Nordbanken, Merita Bank, Unibank y
Kreditkassen, a finales de los años noventa y uno de los principales bancos a
escala europea. La creación de este banco, que en la actualidad es uno de los
diez bancos europeos más rentables, según diversos analistas, fue fruto de la
reestructuración que hizo el gobierno sueco del sistema bancario para hacer
frente a una crisis financiera. La revista The Economist reconoce que China,
India y Brasil han salido mejor parados de la crisis financiera global gracias
a sus potentes bancos estatales.
Pero en España los mismos que no fueron capaces
de ver la crisis financiera que se avecinaba son los que decidieron rescatar a
la Banca Privada con cantidades que nos han costado a todos los ciudadanos,
según diversas fuentes consultadas, que oscilan entre 120.000 y 155.000
millones de euros, entre un 12% y un 15% del PIB. Seguramente propiciado por
ser España uno de los países donde la Banca Privada tiene mayor influencia
sobre los medios de comunicación y sobre las instituciones políticas. Hay
estudios que muestran como aquellos países con un sistema bancario público han
crecido más rápidamente que los países con sistemas bancarios privados. Además
muestran que dichos bancos públicos han sido, en general, menos corruptos y
especuladores que los bancos privados y han tenido mayores beneficios. La única
explicación factible, ante estos datos, es que en España el poder político está
dominando por la Banca Privada. Es imposible conocer, en la actualidad, la
condonación de los bancos a determinados partidos políticos con representación
institucional. El Banco de España, a pesar de tener los datos, no los hace
públicos. No hay voluntad política, en la actualidad, los políticos con
representatividad ejercen más como comerciales de la Banca Privada que como
defensores del interés general.
Disponible en:
http://blogs.publico.es/odalys-padron/2015/11/20/gobierno-un-comercial-de-la-banca-privada/
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