Por Rodolfo Rieznik
El diario.es, 06/11/2015.
Entre 2010 y 2015, en su afán de cumplir con la exigencia de
la Unión Europea de llevar el déficit público a un 3% del PIB, los gobiernos,
primero del PSOE y después del PP, han realizado ajustes presupuestarios en
gastos sociales cercanos al 10% del PIB. Teniendo en cuenta que el PIB español
estuvo en estos últimos 5 años estancado en el entorno de 1,05 billones de
euros, los recortes han totalizado unos 100 mil millones de euros. El déficit
público, todavía en 2015, no ha alcanzado el 3% exigido por Bruselas y la
corrección presupuestaria en relación al PIB no llega al 6%. La diferencia
entre el 10% de rebaja en prestaciones sociales indicado más arriba y el 6% de
la corrección presupuestaria está en partidas cómo el gasto financiero de la
deuda pública derivada del rescate bancario que aumentó brutalmente. Del 35% de
deuda sobre PIB en 2007 al inicio de la crisis, hemos pasado a un 100% en 2015.
El pago de intereses ha pasado de 17 mil a 35 mil. Esto sólo ha supuesto un
1,5% sobre el PIB.
El catálogo de los recortes fue amplio e indiscriminado: en
pensiones, desempleo, salarios, salud, educación, cultura, dependencia, etc. Y
se manifestó como rebajas en partidas del gasto público, de dotaciones de
recursos humanos y reducciones en inversión y mantenimiento.
Ese 10% de caída en el gasto social fue una auténtica
demolición del estado del bienestar. El punto de partida de esta destrucción de
derechos de los ciudadanos está en el reducido peso de lo público en España: en
gasto estatal en España ocupa el quinto puesto por abajo con un 46% y el
tercero por la cola en recaudación con el 37% sobre el PIB. Además, por el lado
de los ingresos los ciudadanos salen doblemente castigados por la carga cada
vez más regresiva de los impuestos: la tributación descansa mayoritariamente en
los salarios, bajos y medios, y en los impuestos indirectos, liberando al capital
de aportar el peso porcentual que le corresponde: grandes empresas y
contribuyentes eluden pagar al estado la proporción de ingresos que deberían.
Este es el “paisaje” en el cual las políticas neoliberales
proliferaron e impusieron una transferencia continuada de los servicios
públicos1 a la “iniciativa” privada en
nuestro país. En realidad los ajustes y recortes fueron la expresión de una
agresión ideológica, no contable a los servicios públicos. La contracción
presupuestaria del estado en materia social en esta segunda década del siglo
XXI completa el retroceso en derechos ciudadanos iniciado a fines del siglo
pasado con el traspaso de los servicios (luz, agua, gas) hasta entonces
provistos por empresas de carácter público con el argumento de que el mercado
resolvería más eficazmente la prestación de los mismos2.
Ahora con la oleada indiscriminada de derechos sociales
privatizados se están transfiriendo crecientemente los pagos fiscales de los
contribuyentes a las empresas prestadoras como ingresos “cautivos” de éstas.
Esto es: la mercantilización completa de los derechos de los ciudadanos.
Primero fueron los servicios básicos y ahora los derechos básicos. Ingresamos a
la sanidad privada nuestros impuestos cada vez que se privatiza un hospital. Lo
mismo hacemos con la educación cada vez que una nueva escuela concertada
reemplaza a un colegio público. Otro tanto sucede con la justicia cuando se
arancela el acceso a su prestación, e incluso cuando nos obligan a pagar para
recuperar judicialmente lo que no pertenece (los pleitos de los preferentistas)
La mercantilización incontrolada de los servicios públicos
como electricidad, gas y teléfono (internet) etc, hace que hoy sea una
dificultad para muchas familias climatizar adecuadamente un hogar o utilizar un
electrodoméstico3. Con la
universalización del “internet de las cosas” ya no es posible tramitar
administrativamente servicios públicos para quienes no disponen de la
intendencia o infraestructura mínima en su casa. La cita previa y el formulario
digital dejan marginados y excluidos a ciudadanos carentes de servicios
globales de telecomunicaciones.
Una economía de
servicios públicos y el estado del bienestar
La onda larga del crecimiento de la economía capitalista
posterior a la II Guerra Mundial basada en la energía del petróleo permitió el
desarrollo multiplicado de bienes de consumo duraderos y de nuevas ramas
industriales (automóvil, línea blanca, electrónica). Con el tiempo, la
competencia y el progreso técnico propiciado por la electricidad, la
electrónica, la informática, la robotización y la automatización acrecentaron
el nacimiento de nuevas actividades económicas. Unas estructuras productivas
más complejas impulsaron una mayor división social del trabajo y de los
instrumentos del trabajo. El sector servicios pasó a ser cada vez más relevante
en la estructura económica de los países como aglutinador necesario de un
proceso productivo cada vez más fragmentado. La racionalidad de
infraestructuras se reveló imprescindible en sectores como el eléctrico y el
energético por los altos costes de inversión y el carácter de monopolio natural
que asignaban al estado el papel de agente suministrador de dichos servicios.
Sin embargo, la expansión de los servicios públicos fue
expresión del desarrollo capitalismo competitivo y maduro pero también de la
necesidad de las empresas de ahorrar en los costes de infraestructuras básicas.
Economías externas, las llamarían los economistas. El aumento exponencial de la
población en las ciudades por la expulsión de la población rural a las ciudades
y la creciente socialización de las actividades productivas de la economía de
fin del siglo XX obligó a desarrollar una dotación mínima de servicios sociales
para los ciudadanos. La vida urbana, a diferencia de la rural y campesina,
requiere de más infraestructuras básicas para el bienestar de la población:
sanitarias, de transportes, de comunicaciones, de asistencia social, jurídica,
etc.
La provisión por el estado de estos servicios públicos pasó
a ser una suerte de salario indirecto para los trabajadores y, en cualquier caso,
un derecho universal para las personas dada la naturaleza de los mismos para la
vida diaria de la gente. En la Europa occidental de posguerra y como resultado
también de la presión de la movilización social, los servicios públicos
quedaron ligados al concepto de estado del bienestar. Extendido como signo de
identidad europea aludía indirectamente, entre otras cosas, al amplio abanico
de servicios públicos al que los ciudadanos tenían acceso. Para
universalizarlos, muchos de ellos fueron inicialmente subvencionados: desde las
telecomunicaciones, pasando por el transporte y la energía, hasta los servicios
sanitarios y de los cuidados y la asistencia social. El acceso sin
restricciones a estos servicios les otorgó categoría de derecho ciudadano así
las personas podrían disponer de una vida digna. En esto se materializó en gran
parte el estado del bienestar.
Las privatizaciones:
un negocio de rentabilidad inmediata y de futuro incierto
La crisis iniciada en los albores del año 2008 y continuada
hasta nuestros días es una demolición por entregas del llamado estado del
bienestar en favor de una recomposición incierta, pero incondicional a favor
del capital. La Gran Recesión fue la excusa para el abandono más profundo por
parte del estado del suministro de servicios básicos y de infraestructura para
los ciudadanos.
Las privatizaciones fungieron como alternativa a la crisis
de negocios y como propuestas rentables para el capital privado, especialmente
el financiero. En términos ortodoxos fueron un intento de último recurso para
una acumulación con ganancias rápidas del capital dañado por el estallido de la
crisis. Esto, además de un ataque a las conquistas sociales se expresó como una
entrega casi incondicional4 al capital privado
de servicios para las personas hasta ahora excluidos del ámbito mercantil. La
transferencia de propiedad se hizo con enormes ventajas para los adjudicatarios
al conformarse los servicios públicos en mercados cautivos, esto es,
constituidos y excluidos muchos de ellos de la competencia por ser monopolios
naturales5, o cuasi naturales. Los derechos universales convertidos en negocios
de clientes seguros, es decir, actividades imprescindibles y necesarias para el
“buen vivir” de las personas. La oferta y la demanda no interactúan, no hay agentes
económicos sensibles a las señales del mercado. Los demandantes de bienes
públicos son “inelásticos” en relación a los precios y estos no son una
variable posible de ajuste. Así pasó, y seguirá sucediendo, con la
electricidad, con la sanidad, con la educación e incluso con la justicia, un
derecho hasta ahora no cuestionado como garantía de igualdad de todos los
ciudadanos de ante la ley.
No es casualidad que la corrupción, también, haya anidado en
la concesión de estos servicios públicos al capital privado. La tarta comercial
en juego fue, y es suculenta, inmediata y apetecible por los rápidos retornos
que dejan los mercados, como dijimos más arriba, ya constituidos, maduros y
cautivos en ingresos. Los robos en comisiones han sido un regalo en relación al
precio que deberían haber pagado por las inversiones ya amortizadas de los
servicios adjudicados. Sólo la educación, la sanidad, la electricidad y el agua
mueven más 120 mil millones de euros al año, un 12% del PIB. Corrupción por
otra parte que ha contribuido al encarecimiento de los servicios y nada ha
agregado, lógicamente, a la eficiencia económica.
Es insalvable e inevitable el conflicto inmediato que
surgirá entre la demanda ciudadana de servicios públicos universalizados y de
acceso asegurado y libre, con las aspiraciones de máximo beneficio de los
prestadores privados. La mercantilización de los servicios públicos seguramente
es la historia de una muerte anunciada.
Notas:
1“Servicio público es el conjunto de prestaciones reservadas
en cada Estado a la órbita de las administraciones públicas y que tienen como
finalidad ayudar a las personas que lo necesiten”
2Somos uno de los países que más pagamos por la electricidad
de Europa, la tercera más cara de los 27 y el que más pobreza energética
creamos. Las familias no pueden climatizar su hogar a las temperaturas
recomendadas ni en invierno ni en verano. El agua en Barcelona aumentó desde
2009 un 65%.
3Según el INE el 10,2% de los hogares (1,8 millones de
hogares) españoles tiene problemas para abonar los gastos relacionados con la
vivienda principal (hipoteca, alquiler, recibos de gas, electricidad,
comunidad, etc). El 42% tiene dificultades para gastos imprevistos, como puede
ser un aumento desmesurado del precio de la luz, cosa que ha sucedido con
frecuencia. El 22% de la población, un total de 10 millones de personas, están
en riesgo de pobreza energética
4Los llamados organismos reguladores de las privatizaciones
son impotentes para condicionar la seguridad y competitividad de estos
servicios traspasados.
5Monopolio Natural: son aquellos que, valga la redundancia y
debido a su naturaleza, no tiene sentido la competencia. Es decir, la existencia
de muchos agentes que agregan más al coste que al beneficio: es el caso de los
servicios de electricidad, gas y agua. Por ejemplo, no tiene sentido económico
que haya varios suministradores de agua potable en los hogares: más cañerías de
suministro de agua a un hogar en un edificio no incorporan ni eficiencia, ni
competitividad económica, sino lo contrario.
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