Por Beatriz Fernández
Olit
El diario.es, 13/11/2015.
Cuando se habla de exclusión financiera, rara vez pensamos
en los países ricos y altamente bancarizados como España. Nos escudamos en
cifras que muestran que un 94% de los hogares disponen de una cuenta bancaria
[1] para pensar que este problema no nos afecta. Sin embargo, la Comisión
Europea define la exclusión financiera como el “proceso por el cual la gente
encuentra dificultades en el acceso y/o uso de servicios y productos
financieros en el mercado general, que sean apropiados a sus necesidades y les
permitan llevar una vida social normal en la sociedad a la que pertenecen”. Y
lo cierto es que nuestra sociedad nos condiciona enormemente respecto a la
utilización de estos servicios. ¿Quién puede disponer de un trabajo formal sin
cuenta bancaria en la que domiciliar la nómina? ¿Hay alternativa al préstamo
hipotecario para la compra de una vivienda? ¿Y qué pasará con las pensiones
públicas? Si no tienes capacidad de ahorro, la perspectiva te la pintan muy
negra.
Pues también es cierto que la brecha social se está abriendo
entre las personas que son capaces de acceder y utilizar estos servicios
bancarios en condiciones adecuadas, a quienes les aportan un valor añadido, y
otras personas a las que cada vez les cuesta más acceder a una cuenta bancaria,
que han de pagar un mayor coste por mantener sus ahorros en un banco o al
solicitar un crédito y se enfrentan a mayores dificultades porque la atención
es menos personalizada. Estas personas se definen como consumidores vulnerables
en el mercado bancario, y pueden experimentar mayor dificultad para eludir
malas prácticas comerciales o para controlar sus decisiones financieras.
Recordemos que apenas un tercio de la población se puede
considerar completamente integrada desde un punto de vista social (en 2007 este
porcentaje era del 50%, Fundación Foessa 2014 [2]): la mayor parte de la
ciudadanía se enfrenta a problemas de precariedad laboral y económica, de salud
y de participación social o política. A estas personas les queda la banca
low-cost, innovadora y basada en algoritmos y medios electrónicos con los que
es complicado negociar, con una restricción importante a servicios que
requieren la evaluación de riesgos, como el crédito – palabra que significa
confianza-, y el recurso de recurrir a familiares y amigos cuando necesiten
financiación para un imprevisto, aumentando el círculo de vulnerabilidad hacia
su entorno más cercano. Y es que en España el crédito rápido o incluso tipo ‘
payday loans’, con tintes de usura, se enfrenta a fuertes lazos sociales que,
al menos, han evitado un recrudecimiento de la situación de sobreendeudamiento
generalizado.
De la desigualdad socio-económica a la exclusión financiera
En particular, las zonas urbanas se están enfrentando a una
creciente desigualdad socioeconómica, factor que puede llevar a la
discriminación bancaria de determinados barrios y colectivos. De hecho, la
reducción de oficinas durante la última reestructuración bancaria ha sido más
intensa en barrios con menor actividad económica, menores niveles de renta y
mayor porcentaje de población extranjera.
Se asume que los servicios bancarios son básicos para la
completa integración de las personas en la sociedad actual, pero los poderes
públicos están deshaciendo su participación en las entidades bancarias. Existe
una contradicción entre lo que tiende a considerarse un servicio básico y la
desvinculación pública que delega su prestación a los mercados. La reciente
crisis ha demostrado que el mercado financiero es imperfecto y que las
consecuencias sociales causadas por los intereses contrapuestos de diferentes
grupos de interés pueden llegar a ser muy graves.
La intervención estatal reciente de entidades con graves
problemas de solvencia demuestra que no basta con considerar la prestación de
servicios de transacción, de ahorro y de crédito como una mera cuestión de
mercado, sino que implica responsabilidades para toda la sociedad. Sin embargo,
esta intervención se considera transitoria, hasta que las entidades rescatadas
puedan ser de nuevo atractivas para los mercados de capitales. Las dificultades
de uso de los servicios bancarios, el concepto más relevante para la exclusión
financiera en los países desarrollados, pueden seguir agravándose en una
situación en la que el mercado toma las decisiones y la sociedad se limita a
asumir la responsabilidad ante los fallos del mismo.
En términos territoriales, una asunción plena de los servicios
bancarios como servicio básico implicaría garantizar su prestación con una
cierta cobertura territorial y poblacional, como se realiza con los servicios
farmacéuticos, de transporte o postales.
El derecho a una cuenta bancaria en Europa
La Unión Europea ya ha comenzado el proceso para garantizar
el derecho a una cuenta bancaria para todos los ciudadanos a través de la
Directiva Europea de Cuentas de Pago 2014/92/UE, pero aún no se vislumbra cómo
se aplicará en España, a pesar de que el límite para su transposición vence en
septiembre de 2016. Como contraste, en Reino Unido se ha cerrado ya un proceso
de consulta pública abierto a los ciudadanos y diversos grupos de interés, y en
Alemania se perfila un proyecto de ley que pone un foco particular en la situación
de los refugiados y su derecho de acceso a una cuenta bancaria.
Será relevante comprobar si su aplicación en España tendrá
en cuenta al colectivo inmigrante no regularizado y cómo se considerará el
concepto de ‘personas residentes’, ya que la directiva incluye a las “personas
en busca de asilo, de conformidad con la Convención de Ginebra, de 28 de julio
de 1951, y el Protocolo, de 31 de enero de 1967, relativos al estatuto de los
refugiados y otros tratados internacionales pertinentes”, además de permitir
una interpretación extensiva del término.
En definitiva, la inclusión financiera de los ciudadanos
posee una perspectiva moral, implícita en el surgimiento de la banca social. De
hecho, “la banca sin ánimo de lucro surgió con el objetivo de restaurar la
confianza en el mercado bancario” (Hansmann, 1996) [3]. La crisis debería de
servir para replantear el modelo de banca social y su potencial papel para
recuperar la dañada confianza de la ciudadanía. La banca ética, aquella que
integra objetivos sociales y ambientales en su propio ámbito de negocio, ha de
replantearse su papel respecto a la inclusión financiera en los países
desarrollados, y en concreto en España.
Ésta, aunque se encuentra entre sus objetivos, no ha sido la
razón fundamental de su surgimiento, sino el apoyo a la economía social y sostenible.
Pero su objetivo de transformación de la economía es holístico e implica
atender otras derivadas sociales y éticas. El retroceso de la denominada ‘banca
social’, particularmente de las cajas de ahorro, puede crear un espacio vacío
de atención para colectivos desfavorecidos, que la banca ética debería afrontar
en la medida de sus posibilidades.
Revell (1989) [4] analizó el surgimiento de las cajas de
ahorro como entidades bancarias inclusivas, desde un doble objetivo: el
socioeconómico, para evitar que las personas traspasaran la línea de la pobreza
debido a sucesos imprevistos; y el político, para evitar conflictos
sobrevenidos a causa de la miseria “manteniéndoles [a ciudadanos con escasos
recursos] en las capas respetables de la sociedad”. Si en terminología actual
sustituimos ‘respetabilidad’ por ‘integración’, éste puede constituir el reto
social más importante para la banca española, en un entorno en el que la
desigualdad tiende a acrecentarse.
Notas:
[1] Banco de España (2014): Boletín Económico, enero 2014.
Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2011: métodos, resultados y cambios
desde 2008.
[2] Fundación Foessa (2014). Análisis y perspectivas 2014:
Precariedad y cohesión social. Madrid: Fundación Foessa y Cáritas Española.
[3] Hansmann, H., 1996. The Ownership of Enterprise. Belknap
Press, Cambridge.
[4] Revell, J. (1989). El futuro de las cajas de ahorros.
Estudio de España y del resto de Europa. Fundación FIES de la CECA. Madrid
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario