Por Eduardo Bayona
Público.es, 16/03/2016.
La Sareb ha hecho honor a su nombre artístico de “banco
malo”: las 80 viviendas que cedió al Gobierno de Aragón para usos sociales y
realojo de familias desahuciadas son inhabitables. Esa conducta sitúa a la
sociedad estatal como la nota discordante del sector bancario en la comunidad,
que ha comenzado a movilizar su parque de vivienda y a ofrecérselo al Gobierno
PSOE-Cha en aplicación del decreto de emergencia aprobado en diciembre.
“No sirve ninguna, están en muy mal estado”, señala la
directora general de Vivienda del ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, que anota
que “el parque que la Sareb cedió a través del convenio se encuentra en un
estado deplorable, las casas necesitan una rehabilitación integral”. Algunas de
ellas han sido desvalijadas, y a varias les faltan la grifería o las baldosas.
El Sareb cedió esas 80 viviendas durante cuatro años al
Gobierno de Aragón mediante un convenio, suscrito en febrero del año pasado con
el ejecutivo PP-Par, por el que la comunidad iba a destinarlas a alquileres
sociales con rentas mensuales de entre 75 y 300 euros.
“El acuerdo viene a confirmar nuestro compromiso con la
sociedad”, dijo entonces, Jaime Echegoyen, el presidente del banco malo.
Acababa de firmar un acuerdo por el que el Gobierno de Aragón se comprometía,
además de a asumir el mantenimiento de los inmuebles y las reparaciones, a
pagar un canon de 190.000 euros anuales que cubriera el acondicionamiento de
las casas, los seguros y los gastos de comunidad.
El Gobierno de Aragón
logra que la banca movilice su parque de vivienda vacía
El Gobierno de Aragón, sin embargo, sí está logrando que la
banca movilice su parque de viviendas vacías procedentes de desahucios y
ejecuciones hipotecarias para destinarlas a realojar a personas sin techo y a
familias en situación de vulnerabilidad.
De hecho, una entidad financiera, la Unión de Crédito
Hipotecario (UCI), ya ha puesto a disposición del Departamento de Vertebración
del Territorio más de cien casas y pisos vacíos en la comunidad para
incorporarlas al Fondo Social de Vivienda que contempla ese decreto.
Paralelamente, explicó Andreu, tres bancos han iniciado los
convenios para aportar pisos, o recursos para rehabilitar las de otras
entidades o solucionar problemas de infravivienda, a ese programa. No obstante,
declinó ofrecer cifras sobre el número de inmuebles que ya están sobre la mesa
por no estar cerrados los acuerdos.
Las cuatro entidades han movido ficha antes de que, este viernes
18 de marzo, concluya el plazo para presentar el primer listado con las
“viviendas desocupadas” procedentes de ejecuciones hipotecarias que la banca
posee en la comunidad.
Multas de 1.500 a
3.000 euros por cada casa desocupada que oculte la banca
El decreto, que define como casa vacía la que lleva un
mínimo de seis meses sin ser ocupada, habilita a la consejería que dirige José
Luis Soro, de Chunta Aragonesista (Cha), para imponer multas de entre 1.500 y
3.000 euros a los bancos por cada inmueble de ese tipo que le oculten, ya sea
la matriz financiera o sus filiales inmobiliarias.
Las negociaciones, no obstante, no eximen a las entidades de
entregar la información antes de que acabe la semana, aunque el ejecutivo
valora ser “flexible” en los casos en que haya voluntad de cerrar convenios.
“El objetivo es que las entidades que fueron parte del
problema pasen a ser parte de la solución”, explica Andreu, que señala que,
pese a la previsión normativa de las multas, “el afán de esta iniciativa no es
recaudatorio, sino que el objetivo es solucionar el problema”.
La iniciativa desata
la ira del Gobierno en funciones
El decreto de emergencia, uno de los pilares de la nueva
política social aragonesa junto con el proyecto de ley que regulará la Renta
Social Básica, las iniciativas para combatir la pobreza energética y la
propuesta de establecer un ingreso mínimo vital, ha provocado reacciones
contradictorias.
La de la banca ha sido tendente más bien a la colaboración,
ya que “bastantes entidades financieras han contactado con el Gobierno para
concretar qué información deben facilitar y cómo han de presentarla”, señala
Andreu.
Mientras tanto, la iniciativa ha hecho que el Gobierno en
funciones desate el enésimo episodio de crispación, en el que ha amenazado con
llevar al Constitucional varios puntos de esa norma, entre ellos la creación
del Registro de Viviendas Desocupadas y la obligación a la banca de ceder las
casas desocupadas para usos sociales.
El decreto contempla que los bancos obtengan
contraprestaciones –arriendos, básicamente- por ceder esas casas vacías cuando
sean ocupadas a través del registro, mientras que negarse a entregarlas puede
conllevar para esas entidades multas progresivas que en nueve meses se
dispararían hasta el 25% del valor catastral, lo que supondría más de 20.000
euros para un piso medio en Zaragoza.
Casi un millar de
familias en lista de espera y más de 4.000 inscritas
Cuando el decreto cumple sus tres meses de vigencia, y antes
de que los registros que creó estén formalmente operativos, la Dirección
General de Vivienda tiene ya en lista de espera a cerca de 900 familias con el
derecho a acceder a una casa reconocido: 559 en la provincia de Zaragoza, 172
en Huesca y 137 en Teruel. Más de la mitad de ellas se concentran en la capital
zaragozana -539-, mientras que en la oscense hay 140 y en la turolense, 91.
“Todavía no existe el fondo social, pero sí hay ya un
listado de personas con derecho a vivienda”, explica Andreu
“Todavía no existe el fondo social, pero sí hay ya un
listado de personas con derecho a vivienda”, explica Andreu, que anota que
alrededor de la cuarta parte de las más de 4.000 solicitudes recibidas han sido
desestimadas por no reunir los requisitos.
Su equipo comenzará la semana que viene a depurar la
información que entreguen los bancos –ubicaciones, títulos de propiedad,
eventual uso-, que, posteriormente, deberá ser cruzada con las necesidades de
las familias para comenzar a asignar las casas. Paralelamente, deberán
comprobar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles y preparar las
normas sobre precios y otros aspectos.
“Nos va a costar depurar toda esa información”, anota
Andreu, que, no obstante, muestra su confianza en “que empecemos a ver
resultados este mismo año” y en poder cumplir uno de los objetivos: “A los
primeros que vamos a realojar es a los afectados por desahucios”.
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