Nueva Tribuna.es,
24/03/2016.
El Gobierno y las comunidades autónomas siguen sin actuar
contra las cláusulas suelo. Esta semana se cumplen tres años de la batería de
denuncias que inició FACUA en marzo de 2013contra una veintena de bancos ante
las agencias, institutos, direcciones y secretarías generales de consumo de los
diecisiete gobiernos autonómicos, que son los organismos con competencias para
aplicar sanciones por este fraude masivo a los consumidores españoles.
Tampoco ha adoptado medidas la Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, el competente en las políticas de protección a
los consumidores.
FACUA considera escandaloso que las autoridades de
protección al consumidor autonómicas hayan optado por desentenderse de sus
competencias sancionadoras ante el mayor fraude de la historia. En casi todos
los casos, eludieron actuar ante las denuncias inventando que sólo pueden
actuar los tribunales, derivando las denuncias al Banco de España o rebotándolas
a otras comunidades autónomas. Es una muestra más de la pasividad de las
comunidades autónomas ante las graves irregularidades que sufren los usuarios,
la cuál provoca una cada vez mayor impunidad.
Pasividad de los
gobiernos de Zapatero y Rajoy
El macrofraude de las cláusulas suelo ha provocado miles de
millones de euros de beneficio ilícito para la banca, gracias a la ausencia de
actuaciones tanto de las comunidades autónomas como de los gobiernos de José
Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. PSOE y PP se han cambiado los papeles
a favor o en contra de la cláusula suelo según estuviesen en el Gobierno o la
oposición.
Desde 2009, FACUA ha pedido a los sucesivos gobiernos que
adoptaran medidas. Pero durante las tres legislaturas en las que se ha venido
cometido el fraude, el Ministerio de Sanidad, competente en las políticas de
consumo, se ha desentendido del asunto, no ha hecho ni un amago de llevar a los
tribunales a los bancos y ni siquiera ha instado a las comunidades autónomas a
multarlas.
Como es habitual con los fraudes masivos, las inacción de
las autoridades competentes han obligado a judicializar el caso de las
cláusulas suelo -FACUA representa a cientos de hipotecados en procedimientos
judiciales-. Ni siquiera provocaron la reacción del Gobierno de Rajoy las
críticas de la Comisión Europea contra la decisión del Tribunal Supremo de
eximir a los bancos de la devolución del dinero cobrado antes de mayo de 2013
pese a haber declarado ilegales las cláusulas suelo por falta de transparencia en
su comercialización.
Las leyes autonómicas de protección de los consumidores
facultan a las comunidades a imponer multas que pueden llegar a alcanzar entre
una y diez veces (según la comunidad) los beneficios obtenidos como
consecuencia de un fraude. Algo que nunca han hecho, denuncia FACUA, ni con la
banca ni con ninguna empresa que haya cometido un fraude masivo en las últimas
tres décadas. Las multas, en el reducido porcentaje de casos que se aplican,
representan cantidades insignificantes en relación a las irregularidades
cometidas, advierte la asociación.
Así han actuado hasta la fecha las diecisiete comunidades
autónomas ante las denuncias interpuestas por FACUA contra la banca por el
fraude de las cláusulas suelo:
Andalucía
En la anterior legislatura, la Secretaría General de Consumo
de la Junta de Andalucía anunció que tomaría medidas tras las denuncias
presentadas por FACUA a comienzos de 2013. La autoridad de protección al
consumidor, dependiente de Izquierda Unida, socio de Gobierno del PSOE, hizo
público incluso un comunicado de prensa en el que anunció que aplicaría multas
a los bancos por importes que alcanzarían el comiso de los beneficios obtenidos
con el fraude de las cláusulas suelo. A fecha de hoy, los expedientes siguen en
trámite y el nuevo Gobierno andaluz no ha vuelto a hacer público si sancionará
a la banca y cuál sería en ese caso la cuantía de las multas. Y ello pese a que
la presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz, aseguró en la campaña de
las elecciones autonómicas que sería una de sus prioridades: "lucharé
contra las cláusulas suelo con todas mis fuerzas", dijo.
Aragón
La Dirección General de Consumo del Departamento de Sanidad,
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón se desentendió de las
denuncias de FACUA recurriendo a toda una colección de excusas en una respuesta
remitida a FACUA el 11 de abril de 2013: en primer lugar, que los contratos
aportados a modo de ejemplo se habían firmado hacía varios años, por lo que
consideraba prescrito el plazo para reclamar. Además, indicó que esos contratos
no habían sido firmados en Aragón, por lo que no tenía competencias para
actuar, obviando que había cientos de miles de aragonenses afectados por el
fraude. También indicó que como las escrituras habían sido supervisadas por un
notario y que ello le impedía tomar medidas. Por último, inventó que sólo los
tribunales pueden declarar abusiva una cláusula contractual.
Asturias
En el Gobierno del Principado de Asturias, el organismo con
las competencias en la protección de los consumidores, la Dirección General de
Salud Pública de la Consejería de Sanidad, se quitó de enmedio las denuncias de
FACUA rebotándolas a otros dos: al Servicio de Reclamaciones del Banco de
España, que no tiene competencias para aplicar la legislación de consumo, y a
las comunidades autónomas donde tenían sus domicilios los usuarios de los
contratos aportados como prueba del fraude. Así lo comunicó la autoridad de
consumo a la asociación en tres escritos fechados el 5 de abril, 29 y 30 de
julio de 2013.
En 2014, trascendió públicamente que el Gobierno asturiano
había impuesto pequeñas multas de entre 8.000 y 18.000 euros por cada contrato
con cláusula suelo sobre el que había abierto expedientes sancionadores a raíz
de denuncias de los usuarios. Es la única comunidad de la que han salido a la
luz hasta la fecha la aplicación de sanciones, aunque su importe es
insignificante dada la envergadura del fraude, advierte FACUA.
Baleares
En el Govern de les Illes Balears decidieron derivar una
parte de las denuncias a las comunidades donde vivían los usuarios de los
contratos aportados como ejemplo. En cuanto a los de consumidores con domicilio
en Baleares, la Direcció General de Salut Pública i Consum de la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social comunicó a FACUA en junio de 2013 que abría un
expediente, del que nunca más le facilitó información.
Cantabria
La Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria archivó
directamente todas las denuncias. Su excusa, expuesta en sendos escritos de
fechas 21 de mayo y 20 de junio de 2013, fue que en los contratos aportados a
modo de ejemplo de la existencia de un fraude masivo que afectaba a usuarios en
todo el país, los domicilios de los hipotecados estaban en otras comunidades
autónomas.
Canarias
En el Gobierno de Canarias, la Dirección General de Comercio
y Consumo de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio se quitó de enmedio
las denuncias contra los veinte bancos: se inhibió trasladándoselas a las Junta
de Andalucía, aunque no aclaró si el motivo es que FACUA tiene su sede nacional
en Sevilla o que una parte de los usuarios de los contratos aportados como
ejemplo vivían en Andalucía. El escrito está fechado el 18 de abril de 2013.
Castilla-La Mancha
La Dirección General de Salud Pública, Drogodependencias y
Consumo de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha nunca contestó a ninguna de las denuncias de FACUA.
Castilla y León
En la Junta de Castilla y León, la Dirección General de
Comercio y Consumo de la Consejería de Economía y Empleo también se recurrió a
desentenderse de las denuncias derivándolas a las autoridades de consumo de las
comunidades autónomas donde vivían los firmantes de los contratos aportados
como simple prueba de las características de la cláusula abusiva. Sus escritos
están fechados el 19 de abril y el 15 de mayo de 2013.
Cataluña
La Agència Catalana del Consum, adscrita al Departament
d'Empresa y Ocupació de la Generalitat de Catalunya, contestó inicialmente que
iniciaría actuaciones para "esclarecer los hechos denunciados". En
una segunda respuesta, recurrió a esta excusa para archivar las denuncias:
"en su escrito no hace referencia afectación alguna de los derechos e
intereses de los consumidores y usuarios del ámbito territorial de Catalunya,
ni existe ningún indicio que vincule las entidades financieras con dicho ámbito
territorial". Las respuestas están fechadas entre mayo de 2013 y noviembre
de 2014. En mayo de 2015, FACUA recibió nuevos escritos relativos a las
denuncias contra varios de los bancos, en los que la Agència indicaba que había
realizado inspecciones sin detectar que existiese ningún fraude: "se ha
verificado el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la
actividad comercial en las relaciones de consumo llevada a cabo por las
entidades del sector".
Comunidad Valenciana
En la Generalitat Valenciana, la Direcció General de Comerç
i Consum de la Conselleria d`Economia, Indústria, Turisme y Ocupació archivó
también las denuncias. Su fórmula para hacer fue, como en la mayoría de los
casos, derivar a las comunidades donde residían los usuarios que aparecían en
los contratos aportados como prueba de la existencia de las cláusulas suelo.
Sus escritos tienen fechas de 9 de abril y 12 de mayo de 2013.
Extremadura
La Junta de Extremadura es otro de los gobiernos autonómicos
que optó por no dar ni siquiera respuesta a las denuncias de FACUA, que fueron
remitidas al Instituto de Consumo de Extremadura de la Consejería de Sanidad y
Políticas Sociales.
Galicia
El Instituto Galego de Consumo, dependiente de Consellería
de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia, también recurrió al argumento
de que los usuarios de los contratos anexos a las denuncias de FACUA como
simple prueba de las características de las cláusulas abusivas no vivían en esa
comunidad autónoma. El escrito desentendiéndose del fraude, como si no
existiese ni un sólo gallego afectado por las cláusulas suelo, está fechado el
29 de abril de 2013.
La Rioja
En el Gobierno de La Rioja, desde la Dirección General de
Salud Pública y Consumo de la Consejería de Salud y Servicios Sociales se
limitaron a acusar recibo de las denuncias de FACUA."Agradecemos su
interés y le trasladamos el nuestro". Nunca contestaron qué hicieron con
ellas.
Madrid
En la Comunidad de Madrid, la autoridad de consumo de la
Consejería de Economía y Hacienda contestó a FACUA en un escrito de 20 de mayo
2013 que era incompetente. "La Dirección General de Consumo de la
Comunidad de Madrid no tiene competencia para declarar la abusividad de las
cláusulas que se plantean, ya que esta función está exclusivamente reservada a
los tribunales de justicia".
Murcia
La Región de Murcia también recurrió a derivar las denuncias
a las nueve comunidades autónomas donde vivían los usuarios de los contratos
aportados a modo de ejemplo. Así lo señaló la Dirección General de Consumo,
Comercio y Artesanía de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación
en un escrito remitido a FACUA con fecha 8 de julio de 2013.
Navarra
En sendas respuestas fechadas el 13 de mayo de 2013, la
Dirección General de Política Social y Consumo de la Comunidad de Navarra
indicó a FACUA que no actuaría porque los contratos incluidos como ejemplos en
las denuncias no estaban firmados por consumidores navarros. El organismo
archivó directamente, sin ni siquiera tomarse la molestia de derivarlas a otras
comunidades.
País Vasco
En el País Vasco, el Instituto Vasco de Consumo
(Kontsumobide) comunicó a FACUA en un escrito de 9 de abril de 2013 que
derivaba las denuncias a las comunidades donde vivían los consumidores de los
contratos aportados como ejemplos para que analizase las características de las
cláusulas suelo. Como si en Euskadi no hubiese afectados por el fraude.
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