Por Miguel Cifuentes
Tiempo, 10/03/2016.
La reciente sentencia del juicio contra los exdirectivos de
Caja Castilla-La Mancha confirma la opinión de abogados penalistas que creen
que es extremadamente complicado que los banqueros vayan a la cárcel.
Los procesos judiciales siguen con su calendario. Las
demandas contra las cúpulas dirigentes de cajas de ahorros que acabaron en la quiebra,
rescatadas por el Estado u obligadas a fusionarse para poder mantener en pie
sus negocios, muchas de ellas interpuestas por el Fondo de Rescate Ordenado
Bancario (FROB), comienzan a dilucidarse en vistas públicas y empieza a haber
sentencias. Y todas con una cosa en común: las condenas son siempre de un
máximo de dos años de prisión, con lo que los procesados no van a la cárcel.
La última de ellas, la dictada contra Juan Pedro Hernández
Moltó, expresidente de Caja Castilla-La Mancha (CCM), e Ildefonso Ortega,
exdirector general de la entidad, tiene la peculiaridad de que es la primera
que castiga la mala gestión en sí misma, ya que las anteriores juzgaban las
indemnizaciones millonarias de directivos que tuvieron que dimitir. Estos dos
directivos de CCM han sido condenados a dos años de cárcel y una multa de
29.970 euros por falsear las cuentas del ejercicio de 2008. La cifra de la
multa es llamativamente baja si se compara con los 5.600 millones de euros de
ayudas públicas que necesitó la entidad financiera para salir adelante una vez
que tuvo que ser intervenida por el Estado. El tribunal ha dejado en uno los
cinco delitos que les imputaba el fiscal Luis Rodríguez Sol, que había pedido
2,5 años de prisión, lo que hubiera implicado ingresar en la cárcel. El juicio
ha tardado en celebrarse cinco años.
Se cumple así a pie de la letra el pronóstico que han hecho
para Tiempo desde hace tres años numerosos juristas: “No veremos a los
banqueros entrar en la cárcel. Tal y como está montado el sistema judicial, es
muy difícil probar delitos financieros y societarios”. Los jueces son reacios a
las penas de cárcel, no quieren evaluar los errores empresariales, se lo dejan
a los supervisores y a los accionistas, y les cuesta mucho ver delitos en materias
muy técnicas difíciles de entender. Así opinan Javier Álvarez y Jacobo Dopico,
catedráticos de Penal de la Universidad Carlos III, y Manuel Cancio,
catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid.
La excepción de Mario
Conde.
El profesor Cancio señala una clave: la exigencia de los
jueces de que los peritos “acrediten en el juicio los delitos de modo
contundente. Y esto en materia financiera y contable no es nada fácil. En el
sector financiero todo se puede disfrazar de errores de gestión, mala
valoración del riesgo, etcétera. Son hechos muy difíciles de cuadrar en un tipo
penal”. Para el profesor Álvarez, la falta de contundencia y ejemplaridad en la
condena de delincuentes financieros viene de lejos en España. De hecho, el caso
de Mario Conde, condenado a 20 años de cárcel (cumplió menos de 5) resulta
anecdótico como escarmiento con implicaciones políticas. Hay un rosario de
juicios a banqueros en los últimos veinte años en los que todos han salido bien
librados.
Andrés Herzog, abogado de la acusación popular del caso
Bankia, cree que todo “se debe a cómo está montado el sistema, lleno de
garantías para los imputados, a base de prescripciones, aforamientos,
dilaciones e incidentes procesales, e incluso indultos cuando son condenados”.
El letrado, que ha peleado para abrir dos piezas separadas del caso Bankia,
está convencido de que “hay un sistema de protección para los políticos y
expolíticos que estaban en las cajas” con la coartada de “que todo estaba
supervisado por el Banco de España y la CNMV”. En esas condiciones, “condenar a
los directivos de las cajas supondría pedir responsabilidades penales a los
supervisores por omisión en la vigilancia o cooperación en los delitos”, lo que
explicaría las sentencias benévolas que se están dictando ahora.
El recuento de las condenas a altos cargos de cajas de
ahorro es coincidente. Uno llamativo es el de cinco directivos de Nova Caixa
Galicia a los que la Audiencia Nacional condenó a dos años de prisión por
administración desleal y apropiación indebida, delitos castigados con hasta
seis años de cárcel. Los directivos de Caixa Penedés fueron condenados también
a dos años tras aceptar su culpa y pactar una sentencia de conformidad con la
obligación de devolver 29 millones de euros de indemnizaciones cobradas
ilegalmente.
Más casos
Otro caso llamativo fue el de la cúpula directiva de la Caja
del Mediterráneo, que fue absuelta. Roberto López Abad, exdirector general de
la caja, y Juan R. Avilés, exdirector financiero, quedaron en libertad pese a
que quedó acreditado que crearon una filial para repartir sobresueldos a los
consejeros y concedieron un crédito de 17,6 millones al propio Avilés para una
promoción inmobiliaria ruinosa. López Abad cobró una indemnización de 6,5
millones. La caja tuvo que ser intervenida finalmente por el Estado para evitar
la quiebra y luego vendida a Banco Sabadell por un euro con un esquema de
protección de activos que garantiza a los compradores no hacerse cargo de
posibles pérdidas de hasta 16.000 millones.
Todas estas sentencias, más la de CCM, llevan a muchos
expertos a pensar que finalmente no habrá grandes condenas en el resto de casos
pendientes de juicio. En esa espera están, por ejemplo, Miguel Blesa y Rodrigo
Rato, expresidentes de Caja Madrid y Bankia, respectivamente. Rodrigo Rato, en
libertad bajo fianza, tiene abiertos cinco frentes en los que se suman los
casos de Bankia y de las tarjetas black
con presuntos delitos por cobro de comisiones, fraudes fiscales y blanqueo de
capitales.
En este desfile por los juzgados están también pendientes de
comparecer en el banquillo los directivos de Caixa Cataluña, con Narcis Serra
al frente, y los dirigentes del Banco de Valencia, con José Luis Olivas a la
cabeza. Y de propina, va camino de juicio la tercera pieza separada de Caja del
Mediterráneo, sobre la ruina de la entidad y sus responsables.
Y mientras, hay países que son ejemplares juzgando a los
delincuentes financieros. En Islandia han pasado por la cárcel 26 banqueros,
las cúpulas de todas las entidades, con condenas de tres a cinco años. Y en países
pequeños como Uruguay, una familia de banqueros como los Peirano, dueños del
Banco de Montevideo, estuvieron cinco años en prisión. Bernard Madoff, el
financiero estadounidense, fue condenado en junio de 2009 a 150 años de cárcel.
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