Por Andreu Missé
Ctxt.es, 13/07/2016.
La decisión de José Manuel Durão Barroso, el hombre que
representó el máximo poder ejecutivo en la Unión Europea entre 2004 y 2014, de
incorporarse a la presidencia de Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de
inversión del mundo, con graves responsabilidades en la última crisis
financiera, está causando consternación. El conflicto no ha hecho más que
empezar. El sindicato del personal de las instituciones europeas ha dirigido un
escrito al presidente de la Comisión Europea y a todos sus miembros exigiendo
“lo más rápido posible una revisión de las reglas de ética sobre el compromiso
de los más altos dirigentes de la Institución con el fin de que un precedente
como este no se pueda producir nunca”. Crecen las voces que piden llevar el
caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El malestar no proviene sólo de la lógica indignación que
puede provocar el comportamiento oportunista de un político, cuyas andanzas han
estado marcadas desde su origen por el cambio de chaqueta. La cuestión de fondo
verdaderamente preocupante es que en este momento los gobiernos y las principales
instituciones de los países democráticos se encuentran cada vez más debilitados
y amenazados por el creciente poder de las grandes corporaciones financieras,
tecnológicas, industriales o energéticas.
Las decisiones fundamentales que afectan a los ciudadanos se
toman cada vez más fuera de los organismos democráticos. Esto no es una
caricatura. Lo estamos viendo en directo en las actuales negociaciones de la
Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas
en inglés), una iniciativa que fue precisamente puesta en marcha por las
corporaciones multinacionales de ambos lados del Atlántico, que son las que
mantienen el pulso de las negociaciones. Los documentos internos de las
sesiones han revelado que el 93% de las consultas sobre los contenidos las han
realizado las multinacionales. Los gobiernos y parlamentos van camino de
convertirse en comparsas de unas decisiones y acuerdos tomados en otras mesas
por las grandes corporaciones guiadas por la búsqueda de beneficios y no de los
intereses ciudadanos.
La decisión de Barroso es un síntoma doblemente indicativo
de la pérdida de reputación de la Comisión Europea, el principal motor de la
construcción europea, y del reforzamiento de una de los monstruos financieros
más temibles y peligrosos, como han puesto de relieve sus actuaciones ilícitas
antes de (y durante) la última crisis.
De todos los grandes conglomerados financieros, Goldman
Sachs es el que más se ha especializado en colocar a sus directivos en los
puestos de máxima responsabilidad de los gobiernos y al mismo tiempo en
capturar políticos para su organización. Henry Paulson, Robert Rubin y Timothy
Geithner fueron altos directivos de Goldman Sachs antes de ser nombrados
secretarios del Tesoro de Estados Unidos. También el presidente del BCE, Mario
Draghi, estuvo al frente de Goldman Sachs en Europa cuando el banco diseñó la
estrategia para camuflar el déficit griego en 2002. La lista de políticos que
han pasado antes o después por Goldman Sachs es abrumadora. Romano Prodi, ex
primer ministro italiano y presidente de la Comisión Europea antes de Barroso;
Peter Sutherland, excomisario de Competencia; Mark Carney, gobernador del Banco
de Inglaterra, por sólo citar algunos.
Vistos los acontecimientos, es lógico sospechar que quizá
algunas decisiones políticas importantes se tomaron antes en el banco
estadounidense que en los gobiernos. Hay elementos más que suficientes para
recelar. Cuando, por ejemplo, a finales de 2011 estallaron las crisis de Italia
y Grecia, la Comisión Europea, presidida por José Manuel Barroso, colocó como
primeros ministros en estos países a dos economistas sin pasar por las urnas,
Mario Monti y Lucas Papademos, respectivamente. Ambos relacionados con Goldman
Sachs. Monti había sido asesor del banco estadounidense y Papademos era el
gobernador del Banco de Grecia cuando este país contrató los servicios de
Goldman Sachs para disfrazar el déficit.
El periodista belga Marc Roche escribió a principios de esta
década el libro El Banco. Cómo Goldman Sachs dirige el mundo, en el que
describe la tupida red de contactos de la entidad financiera con el poder
político y su presencia activa en los acontecimientos más graves de las crisis
financiera internacional.
El poder y la influencia de Goldman Sachs eran bien
conocidos gracias a este libro y otras publicaciones posteriores. Pero
recientemente hemos sabido que este banco ha estado muy vinculado a una peligrosa
trayectoria, plagada de prácticas tramposas, sometido a numerosas
investigaciones oficiales, y que tuvo importantes responsabilidades en la
crisis financiera mundial desatada en 2008. El pasado abril se conoció que el
banco sufrió uno de los mayores castigos de las autoridades estadounidenses por
engañar a sus clientes. El banco se vio forzado a aceptar pagar una sanción y
compensar a los inversores perjudicados por un total de 5.060 millones de
dólares por los engaños efectuados a sus clientes entre 2005 y 2007. El
Departamento de Justicia concluyó que Goldman Sachs era responsable de haber
asegurado falsamente a los inversionistas que los productos que les vendía
estaban respaldados con hipotecas sólidas cuando sabía que tenían elevadas
posibilidades de resultar fallidas.
Por otra parte, Goldman Sachs fue uno de los creadores y
vendedores de los CDO (obligaciones de deuda garantizada) sintéticos, que
“amplificaron las pérdidas cuando se produjo el colapso de la burbuja
inmobiliaria”, según el informe oficial del Gobierno sobre la causa de la
crisis económica y financiera en Estados Unidos (The Financial Crisis Inquiry
Report). Según este informe, sólo Goldman Sachs empaquetó y vendió 73.000
millones de dólares en CDO entre 2004 y 2007.
Esta elevada sanción no ha sido ni mucho menos el único
tropiezo de Goldman Sachs. Su historial está repleto de buenas acciones. En
2002 ideó un artificio contable para camuflar el déficit del Gobierno
conservador griego de Kostas Karamanlis. Un asunto que nunca se ha aclarado. En
2009, el banco aceptó pagar 60 millones de dólares a las autoridades para que
el fiscal general de Massachusetts cerrase una investigación sobre una promoción de préstamos fraudulentos a
viviendas. En 2013 fue investigado por una supuesta manipulación del precio del
aluminio en el mercado de materias primas. En enero de 2016 el banco aceptó
pagar una multa de 15 millones por su participación en operaciones de ventas al
descubierto. Y más recientemente el banco está siendo investigado por una emisión
de bonos de 3.000 millones de dólares para el fondo soberano de Malasia, 1MDB.
La manera desvergonzada de funcionar del banco fue puesta de
manifiesto por un alto ejecutivo, Greg Smith, que abandonó el banco en 2012
hastiado de “oír cómo se hablaba de timar a los clientes”.
Este banco con este dechado de virtudes es el que ha
escogido Barroso para su nueva etapa profesional. No es de extrañar que su
decisión haya provocado irritación a alguno de los miembros de la actual
Comisión Europea. Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y
Monetarios, ha señalado que Barroso debería haber hecho una reflexión
“política, ética y personal”, cuando aceptó el trabajo de Goldman Sachs.
Lo cierto es que la trayectoria política del ex primer
ministro portugués no inspira mucha confianza. Tras su paso por la Federación
de Estudiantes Marxistas Leninistas, organización juvenil del Movimiento
Reorganizativo del Partido del Proletariado, de inspiración maoísta, dio un
fuerte giro a su actividad política para incorporarse a los 24 años al Partido
Socialdemócrata (PSD), de centro derecha.
Al frente del PSD, Barroso ganó las elecciones generales en
Portugal en 2002. Al año siguiente, como primer ministro, fue el anfitrión de
la tristemente famosa reunión de las Azores en la que, junto a Bush, Blair y
Aznar, se urdió la guerra de Irak sobre la base de todo tipo de falsedades para
justificar la agresión como acaba de demostrar el informe Chilcot en el Reino
Unido.
Su mandato de una década al frente de la Comisión Europea
significó una pérdida progresiva de identidad y del peso político de esta
institución frente al creciente protagonismo de los gobiernos, especialmente el
de Alemania. La herencia que dejó Barroso fue una Comisión cada vez más
desautorizada, insensible ante el auge del desempleo y la pobreza en Europa,
empeñada en aplicar a rajatabla las recetas neoliberales basadas en la
austeridad y olvidando el desarrollo de la Europa social que había impulsado
Jacques Delors.
Lo terrible es que la decisión de Barroso es otro empujón
más hacia la deslegitimación de unas instituciones europeas cada vez más
desprestigiadas. Los ciudadanos ven cada vez más con razón que estas
instituciones están sobre todo al servicio de los intereses financieros y de
las grandes corporaciones. Por si faltaban muestras, Barroso acaba de aportar
las últimas pruebas.
Produce además un notable escándalo que un alto empleado que
disfruta de una pensión comunitaria próxima a los 18.000 euros mensuales busque
ingresos adicionales en un banco cuyas malas prácticas era justo lo que la
Comisión había prometido perseguir cuando hablaba de acabar con “el capitalismo
salvaje”. Pasándose al servicio de este capitalismo sin escrúpulos Barroso, ha
dado su última patada a la legitimidad de la Comisión Europea, de la que hoy
está más necesitada que nunca.
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