Por Cristina Vázquez
El País, 01/07/2016.
La Generalitat Valenciana quiere un banco público que
dinamice el desarrollo de sus empresas. Sería una entidad financiera fuera del
perímetro SEC de la Administración para poder endeudarse y que dispusiese de un
activo de 600 millones de euros. Además estaría gobernada por consejeros
independientes y el Banco de España se encargaría de supervisar sus operaciones.
Esa es la idea. "No es ninguna novedad; la banca pública funciona en el
resto de España y Europa. Como valencianos, no podemos renunciar a esta palanca
de desarrollo de nuestra economía", sostiene el director del Instituto
Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca. El directivo baraja varias
fórmulas para que este banco regional no reproduzca los "antiguos
vicios" que detectó cuando hace un año tomó las riendas del IVF, el brazo
financiero de la Generalitat. Se encontró con un agujero cercano a los 60
millones de euros de la etapa de gobierno del PP en operaciones poco claras.
El calendario de creación está diseñado pero algunas
decisiones todavía tienen que perfilarse. El Banc de la Generalitat –así
quieren llamar a la nueva entidad financiera- y el IVF se separarían a finales
de 2017. Hasta la fecha el Instituto está considerado a efectos estadísticos
parte de la Administración autonómica y como la Generalitat tiene limitada su
capacidad de endeudamiento, el IVF no puede salir a los mercados para obtener
crédito y financiar a las empresas. Además de banco, el instituto gestiona la
deuda autonómica, los avales y tutela otras entidades atípicas como las
cooperativas de crédito valencianas.
Segregar las
funciones de banco
Las funciones de banco tienen que segregarse del resto para
que el proyecto coja fuerza. En otras comunidades autónomas, el servicio de la
deuda está gestionado por una dirección general ordinaria pero en la Comunidad
Valenciana se ha encargado hasta ahora el IVF. "Funcionó bien",
apostilla Illueca, "pero hoy la Generalitat no puede emitir deuda, carece
de sector financiero que supervisar -las dos grandes cajas de ahorros
autóctonas fueron absorbidas por otras entidades-, y aquella estructura y razón
de ser del IVF está en cuestión. Vamos a segregar la actividad pública de la
privada".
El proyecto de banco autonómico llega tras un duro año de
auditoría interna del instituto. Los nuevos gestores, una coalición de
socialistas y Compromís que gobiernan desde mayo de 2015, se encontraron al
llegar al IVF después de 20 años de Administración del PP, con cuantiosos
problemas. La tasa de morosidad rondaba el 65% en los préstamos al sector
privado y, aunque las operaciones estaban provisionadas en un 50%, se
tropezaron con otros préstamos no tan claros. Por ejemplo, los 40 millones de
euros concedidos a la Institución Ferial Alicantina (IFA). "El interventor
de la Generalitat nos dijo claramente que hacía tres años que no se devolvían
las cuotas, el FLA no podía hacerse cargo de esa deuda, y nada indicaba que IFA
generase suficiente cash flow para poder pagar", resume el director del
IVF. Fueron a pérdidas.
La losa del fútbol
Illueca explica que la morosidad del instituto de finanzas
valenciano no se debió, a diferencia de lo que ocurrió en otras entidades, a la
promoción inmobiliaria pero, tras el pinchazo de la burbuja, las empresas
valencianas se resintieron y las operaciones con el IVF también. Pero no todo
fue la crisis. "Aquí hay préstamos que se han concedido en contra del criterio
de los técnicos (...). El tema del fútbol es muy llamativo porque se
concedieron préstamos a fundaciones que no podía devolverlos. Son deuda viva
los 18 millones de euros concedidos al Hércules y otros 14 millones al Elche.
Porque el Levante UD está pagando sus cuotas", afirma el directivo.
Reformularon las cuentas de 2014 y el 'agujero' detectado
ascendía a 60 millones de euros. Los planes ahora, después de sanear el
balance, son recapitalizar el instituto con 200 millones de euros y mantener
una tasa de solvencia del 20%.
"Lo primero que tenemos que hacer es aprender de lo
ocurrido con la banca pública. Es verdad que funcionó mal durante muchos años:
los mecanismos de gobierno corporativo han estado muy lejos de respetar la
autonomía de gestión que tiene que tener una entidad así, pero necesitamos
bancos públicos regionales que nos ayuden a colocar dinero en proyectos de
inversión rentables, con una organización y un análisis del riesgo
profesionales", defiende Illueca.
La Generalitat necesita una supervisión externa, por eso
quiere que la Intervención General de la Administración autonómica delegue en
el Banco de España sus labores de supervisión. Y en ello están.
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