Por Guillermo García-Alcalde
La Opinión de
Zamora, 18/07/2016.
Definen al Banco de España como "regulador" de la
actividad bancaria del país. Si lo fuera, tendría que responder de casos tan
sangrantes como la venta de acciones llamadas preferentes o el cobro de la
cláusula suelo en los préstamos hipotecarios. Los tribunales ratifican de
continuo la ilegalidad de ambos hechos, pero ven caso a caso las demandas de
los damnificados/expoliados, gente por lo general modesta que se ve obligada a
esperar años y años la devolución de sus ahorros o la depuración de sus
hipotecas. Con la agravante, además, de que las instancias europeas descafeínan
las resoluciones judiciales españolas, como está ocurriendo con la abusiva
cláusula suelo.
Por consiguiente, ¿qué regula el regulador? ¿Por qué no se
legisla preventivamente? En una democracia "social", como es la
española según la Constitución, el que regula debería prohibir los productos
basura que lanza al mercado la banca privada y cubrir diligentemente el daño de
los abusos camuflados en la letra pequeña de los créditos. Nadie compra
acciones ni pide préstamos en presencia de un jurista. La restitución a las
víctimas de lo irregularmente vendido o gestionado tendría que ser prioritaria.
Sobran sentencias para justificar que el BE responda del dinero captado por
consentimiento de malas prácticas, y lo exija después con sanción e intereses a
los bancos que sobrepasen la línea roja de lo que la justicia considera ilegal.
Hechos de esta naturaleza, por no hablar del carísimo
rescate bancario que pagamos todos, la salida a Bolsa de Bankia, los sueldos y
pensiones exorbitantes de directivos, las tarjetas "black" y otras
hazañas del mismo jaez, mueven a pensar que el regulador no regula los daños a
la gente común, ni previene aquello que la escandaliza. El neoliberalismo y la
economía extractiva solo piden "desregulación", o sea, luz verde a la
acumulación de bienes por una exigua minoría, con galopante empobrecimiento de
la inmensa mayoría en el paro, los empleos basura, la forzada emigración y la
amenaza de las pensiones. En definitiva, mayor desigualdad y desvertebración
social, economía sumergida, evasión fiscal, etcétera.
El "laissez faire" siempre acaba mal cuando los
gobiernos y/o los reguladores no hacen sus deberes.
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