Contexto.es,
15/02/2017.
Cinco años después de la intervención de Bankia, el Congreso
de los Diputados se siente al fin interpelado por una operación que ha costado
al tesoro público más de 22.000 millones de euros y se dispone a crear una
comisión de investigación. Es uno de los efectos higiénicos de la ruptura del
bipartidismo. Rajoy ya no tiene votos suficientes para vetarla ni así contara
con el apoyo del PSOE, que se ha sumado a la iniciativa arrastrando los pies
por las muchas vergüenzas que tiene que tapar debido a sus complicidades en la
crisis bancaria.
Este tipo de comisiones ha sido casi siempre un fracaso en
España, porque la mayoría de turno ha solido utilizarlas para entorpecer
cualquier indagación franca y blindarse frente a eventuales responsabilidades.
Así ha sido desde la ya olvidada comisión Flick, en la que a mediados de los 80
un Felipe González en lo más alto de su gloria se desembarazó sin rubor (“Ni
Flick ni Flock”) de la acusación de haber recibido financiación ilegal de los
socialdemócratas alemanes. El precedente más inmediato data de 2004 y versó
sobre los atentados del 11-M, que pese a proclamar de forma inequívoca la
autoría del terrorismo islámico no impidió al PP blandir durante años –con
Aznar a la cabeza— el fantasma de ETA, que los más recalcitrantes aún sacan de
paseo ocasionalmente.
Por desalentadores que sean la mayoría de los precedentes,
esta comisión sobre Bankia corrige la anomalía democrática de que nuestros
diputados no hayan dedicado nunca un pleno monográfico a abordar una crisis
bancaria que, según el Tribunal de Cuentas, ha tenido ya un coste no
recuperable de 62.000 millones para el tesoro público. La Constitución
establece en su artículo 76 que el Congreso podrá crear comisiones de investigación
“sobre cualquier asunto de interés público”. Nadie en su sano juicio podrá
rebatir que sea de gran interés público la bancarrota de nuestro sistema de
cajas, cuyo salvamento exigió un rescate europeo cuyas condiciones aún estamos
pagando en forma de recortes presupuestarios.
Bankia es solo una parte (la más suculenta) de este desastre
financiero al que contribuyeron políticos de los dos partidos mayoritarios:
singularmente Rodrigo Rato, pero también el exvicepresidente socialista Narcís
Serra en Caixa Catalunya. Solo la complicidad y el encubrimiento mutuo pueden
explicar que la mayor crisis bancaria de nuestro país no haya merecido una
investigación en profundidad del Congreso hasta que una sala de lo penal de la
Audiencia Nacional ha decidido que se llame a declarar en calidad de
investigados (antes imputados) al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel
Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión del Mercado de Valores Julio
Segura, junto a seis altos funcionarios de ambos organismos.
La caja madrileña salió a bolsa en 2011 y declaró unos
beneficios de 309 millones de euros cuando en realidad tenía un agujero cercano
a los 3.000 millones de euros. Los pequeños compradores de acciones se fiaron
de esta información falsa respaldada oficialmente por el Banco de España y
autorizada por la CNMV. Estos compradores vieron como el valor de sus acciones
se desplomaba una vez los mercados repararon en el valor real del Banco, y en
consecuencia las pérdidas de los accionistas fueron ingentes.
A la luz de los correos electrónicos emitidos en 2011 por el
jefe del equipo que inspeccionaba a Bankia en su propia sede (“es una máquina
de perder dinero”, “el grupo no es viable”, “acabará en pocos meses en la
nacionalización”), resulta del todo imprescindible que, al margen de sus
eventuales responsabilidades penales, los máximos ejecutivos del Banco de
España y la Comisión del Mercado de Valores expliquen en sede parlamentaria por
qué autorizaron una salida a Bolsa que sus expertos vaticinaban ruinosa y que
produjo enormes daños a miles de pequeños ahorradores, que recién empiezan a
recuperar sus pérdidas gracias a las resoluciones dictadas por tribunales de la
UE.
Aunque tarde, los jueces (europeos o nacionales) han hecho
una impagable contribución a la democracia despojando de algunos blindajes
políticos a los causantes de nuestra mayor crisis bancaria. Ahora corresponde a
los diputados profundizar en sus causas y alcanzar conclusiones que no
alimenten nuevas frustraciones, por mucho que el portavoz del PP, Rafael
Hernando, augure lo peor con su despectiva frase del “fervorín investigador”.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario