Por Santiago
Fernández Muñoz
Infolibre.es, 24/02/2017.
Hace unos días se hacía público el informe del Tribunal de
Cuentas que estima el coste del rescate bancario en más de 60.000 millones de
euros.
La pregunta que inmediatamente nos surge a todos es ¿dónde
están esos 60.000 millones? ¿Se han esfumado? Lo mareante de las cifras hace
que ni pretendamos entender qué ha pasado con semejante marea de millones. Pero
esos fondos no se han “perdido”. Han pasado de la banca pública a manos de
personas físicas con nombre y apellidos.
Explicar lo ocurrido
con una pequeña finca de Torrelodones (Madrid) entre 2004 y 2017 nos puede
ayudar a comprender la realidad del rescate bancario.
La finca 2266 o Prado de Peña Negra es un encinar situado en
Las Rozuelas de 14,5 hectáreas que forma parte de la llamada Área Homogénea
Norte, un monte incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del
Manzanares, y protegido también como Lugar de Importancia Comunitaria por las
directivas europeas. El AHN es por tanto una zona de alto valor ambiental que
el propio pleno del Ayuntamiento de Torrelodones protegió por unanimidad en
2003, cambiando su clasificación de Suelo No Urbanizable Común a Suelo No Urbanizable
Especialmente Protegido. Pocos meses después se celebraron elecciones
municipales en Torrelodones y el Partido Popular, que venía gobernando el
municipio en los 15 años anteriores, cambió al alcalde por un candidato
favorable a la urbanización, ganó las elecciones con mayoría absoluta e inició
rápidamente los trámites.
El informe ambiental
En 2004 el Ayuntamiento presentó un proyecto que pretendía
construir 1.524 viviendas, un campo de golf, dos centros empresariales, dos
centros educativos, un centro de salud y una zona comercial. La previsión era
incorporar 5.000 nuevos habitantes al municipio. Encargó entonces un informe
técnico con el objetivo de conocer la viabilidad ambiental de la operación. El
primer borrador del informe no descartaba la posibilidad de urbanizar la zona,
pero apuntaba graves limitaciones ambientales. Poco después, la empresa
entregaba una segunda versión con las conclusiones alteradas por completo. Pese
a los cambios, el documento de viabilidad ambiental no les pareció suficientemente
positivo y los promotores encargaron un nuevo estudio a otra consultora, muy
conocida por avalar los proyectos urbanísticos más agresivos de la Comunidad de
Madrid. Sus conclusiones son categóricas: la propuesta de urbanización “pone en
valor un área que presenta un importante estado de abandono como testimonian
los vertidos puntuales de residuos y la masa forestal no intervenida”.
El terreno incrementa
su valor
Los montes del AHN son suelos protegidos, espacios con un
bajo valor económico ya que no poseen potencial agrícola y únicamente está
permitido realizar actividades agropecuarias no intensivas (ganadería,
agricultura, caza y aprovechamientos forestales). Estos suelos alcanzaron en
2006, en el cénit de la burbuja inmobiliaria, un valor máximo de 6,25 € el m2
de acuerdo con optimistas informes municipales. Sin embargo, en 2006, TINSA,
Sociedad de Tasación propiedad de un grupo de cajas de ahorros, valoró en
181.420.476 euros las 128 hectáreas del AHN; es decir, según TINSA cada m2 valía
141 €. La clave de esta desmesurada valoración es que introduce la hipótesis de
que “los terrenos serían reclasificados en una próxima revisión de las normas
subsidiarias”. Es decir, valoran los terrenos como si fueran urbanizables,
clasificación que nunca tuvieron.
Durante los años de la burbuja, y todavía hoy, la principal
clave del negocio inmobiliario es adquirir los terrenos cuando todavía son no
urbanizables a propietarios rurales, con la expectativa de lograr la
reclasificación y multiplicar por cientos de veces el precio de esos terrenos.
Es decir, el éxito de muchos empresarios inmobiliarios no se basaba en su
pericia en la promoción, construcción y venta de viviendas sino en su capacidad
para lograr que alcaldes y concejales aprobaran sus propuestas de
reclasificación.
El presidente, el
alcalde, el promotor y la Caja
En el caso de Torrelodones el candidato a las elecciones de
2003 por el Partido Popular forma parte de una familia propietaria de una de
las más importantes promotoras inmobiliarias de la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid en ese momento. Su propia hermana, a través de la sociedad
Gleisa, adquiere 15.000 m2 de suelo en el año 2006 por 1,5 millones de euros
que pagarían en el momento en que las administraciones competentes dieran el
visto bueno al proyecto. Pero no queda ahí la cosa, según reconoce textualmente
un informe del Sareb sobre esta operación, al que luego volveremos: el
principal promotor de la urbanización de los encinares, Eduardo Morales
Santiago, tenía "vínculos personales y profesionales” con el presidente
del PP local (Mario Mingo) y el alcalde de Torrelodones (Carlos Galbeño).
Pero sigamos la pista del dinero; en 2005 la finca 2266 fue
adquirida por Inverlur 2005, una sociedad inmobiliaria propiedad de la Caja de Ahorros
Kutxa Vital, actualmente absorbida por Kutxabank. Un año después vende estos
terrenos a Proyectos Styx Dos SL, propiedad de Eduardo Morales Santiago,
principal promotor del proyecto. En 2006 Styx Dos vende la finca a Proyectos
Inmobiliarios Burke, otra sociedad inmobiliaria con un capital social de 3.000
euros, propiedad también de Eduardo Morales Santiago.
El pago se realiza mediante un pagaré avalado por Caja Ávila
y con fecha de vencimiento octubre de 2008. El mismo día del vencimiento del
pagaré Caja Ávila concede un préstamo hipotecario a Proyectos Inmobiliarios
Burke por un importe de 20,7 millones de euros, sin más garantía que la propia
finca. Como tasación se aporta únicamente el informe de TINSA del total del
AHN. Asimismo se concede a la empresa una línea de crédito de 1,8 millones de
euros.
En resumen, la empresa de Eduardo Morales Santiago obtiene
22,5 millones de euros de la caja de ahorros pública, con el compromiso de
devolverlos con un interés del 7,5% en 36 meses.
La oposición vecinal
al proyecto de urbanización
Paralelamente a los cambios empresariales, se generó una
dura oposición vecinal al proyecto de urbanización de los encinares. El movimiento comenzó en 2005, con un pequeño
grupo de vecinos que fundamos una asociación de defensa ambiental, Torrenat,
que tenía un objetivo claro: paralizar el pelotazo urbanístico.
Torrenat fue creciendo en número de asociados y en
relevancia social, y en 2007 la mayor parte de sus miembros decidimos crear el
partido político Vecinos por Torrelodones, apenas tres meses antes de las
elecciones municipales.
Los años de asociacionismo habían permitido constatar que
resultaba fundamental tener presencia directa en las instituciones para
transformar la realidad. El nuevo partido, contra todo pronóstico, obtuvo 4 de
los 17 concejales de la corporación y se convirtió en el principal grupo de la
oposición; sin embargo, el PP revalidó su mayoría absoluta.
Entre 2005 y 2009, la asociación y Elena Biurrun, actual
alcaldesa de Torrelodones, fueron objeto de todo tipo de presiones, demandas y
denuncias por parte de los promotores inmobiliarios apoyados por el PP local,
pese a lo cual el movimiento fue creciendo en apoyos dentro y fuera del
municipio. Tras una larga y dura batalla que nos llevó incluso al Parlamento
Europeo y a una intensa movilización social y científica, en el mes de octubre
de 2009, un escueto informe de tres páginas de la Comunidad de Madrid establecía
que el proyecto de urbanización del AHN era “inviable ambientalmente”.
Pero… ¿Quién tiene el
dinero?
Caja Ávila había concedido una hipoteca por un valor de 20,7
millones de euros apenas un año antes con la única garantía de una finca que en
el mejor de los casos vale 915.000 €. El crédito hipotecario se novó en 2010 y
2012 ampliándose su plazo de vencimiento en cada novación. El crédito resultó
finalmente impagado, sin que hasta la fecha se haya devuelto un solo euro.
Mientras tanto, en 2010 Caja Ávila pasó a formar parte de
Bankia, que poco después es rescatada por el Estado, al tiempo que se crea el
Sareb, (el comúnmente llamado 'banco malo') con el objetivo de recoger todos
los suelos, promociones y viviendas financiadas por las cajas de ahorro
nacionalizadas y que “tuvieran una clasificación distinta de riesgo normal”. El
crédito es primero traspasado a Bankia y en agosto de 2013 al Sareb, que es
actualmente su titular.
Como consecuencia de los impagos e intereses la deuda de
Proyectos Inmobiliarios Burke con Sareb es de 34,8 millones de euros, a lo que
cabe descontar los 915.000 € en que se ha tasado la finca, de forma que la
deuda total es de 33,9 millones de euros.
Por tanto ya sabemos dónde están 34,8 de esos 60.000
millones de euros del rescate bancario. No se han evaporado, han pasado de las
cuentas de una entidad pública (Caja Ávila) a una empresa con un único
propietario y administrador. También sabemos que José Manuel Espinosa era
entonces Director General de Caja Ávila y Agustín González González era su
Presidente.
En abril de 2015 pusimos en conocimiento de Sareb y de la
Fiscalía Anticorrupción todos estos hechos y sabemos que Sareb ha redactado un
informe en el que constata, punto por punto, todo lo denunciado en 2015 y lo ha
trasladado a la Fiscalía General del Estado. Desconocemos sin embargo qué
trámites e investigaciones se han concretado después. Preguntaremos por ello a
la Fiscalía.
Pese a que llevamos 12 años denunciando estos manejos, nos
quedan pocas esperanzas de que las responsabilidades sean depuradas, ya que
probablemente los posibles, presuntos y aparentes delitos habrán prescrito.
Solo nos queda el consuelo y la obligación de dar a conocer entre todos lo que
ha pasado con los 60.000 millones, que en realidad no se han esfumado.
Simplemente han cambiado de manos.
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