Por Alejandro López
de Miguel
Público.es, 21/02/2017.
Las instituciones europeas, con el BCE a la cabeza,
defendieron y defienden que no había alternativa; que las entidades bancarias
que se derrumbaron durante la crisis debían ser rescatadas con dinero público,
y entre 2008 y 2015 esa inyección económica ya se había tragado cerca de
747.000 millones de euros, sumando distintos tipos de paquetes de rescate,
recapitalizaciones y otras medidas. Un coste, en su mayoría financiado con la
emisión de deuda pública, al que se suman 1,188 billones de euros comprometidos
en avales sobre la deuda emitida por las entidades financieras, por lo que el
montante total subiría considerablemente.
De todas estas ayudas a la banca, con fecha de octubre de
2016, Eurostat daba por perdidos al menos 213.210 millones de euros; es el
equivalente al PIB de Finlandia y Luxemburgo juntos, o al gasto anual en
servicios de salud en España, Suecia, Austria, Grecia y Polonia, sumados. Esta
pérdida correspondería en parte al incremento del déficit, al aumento de pago
de los intereses por los rescates, y todo correría a cargo de los
contribuyentes de los 28, que siguen escuchando – y en ocasiones apoyando- los
argumentos de distintas fuerzas políticas a favor de estas medidas.
Todas las cifras se extraen del nuevo informe del
Transnational Institute (TNI), El negocio del rescate, ¿Quién se beneficia de
los rescates bancarios en la UE?, que verá la luz este miércoles, al que
Público ha tenido acceso en exclusiva. El estudio utiliza datos públicos para
arrojar luz sobre la industria montada en torno a los rescates bancarios, en la
que un puñado de consultoras y asesoras se reparten el grueso de los
beneficios. Sin ir más lejos, las cuatro multinacionales conocidas como Big
Four (PWC, EY, Deloitte y KPMG) representan aproximadamente el 61% de la cuota
de mercado de la auditoría en la UE, y la cifra sube hasta el 80% en Italia o
España.
En nuestro país, donde la propuesta de creación de una
comisión de investigación sobre las posibles responsabilidades de las entidades
financieras durante la crisis será sometida a votación en el Congreso de los
Diputados este miércoles, las cifras son impactantes. Aunque el Ejecutivo de
Mariano Rajoy sigue negando hasta la saciedad la existencia del rescate
bancario, un reciente informe del Tribunal de Cuentas cifraba su coste en 60.718
millones.
Según Erostat, al menos 45.500 millones del dinero público
de los españoles invertido en estos rescates ya puede darse por perdido, una
cifra sólo sobrepasada en la UE por Irlanda, con 46.600 millones, y muy
superior del tercero en el ránking, Grecia, que ha perdido 29.800 millones de
euros. Baste el caso del país heleno,en el que, tras siete años de rescates en
los que han fluido hacia el país miles de millones de euros, la pobreza no se
reduce, sino que crece como en ninguna otra parte de la Unión Europea.
“Hemos intentado explicar de la manera más sencilla posible
un tema que normalmente es complejo y aburrido, banca y finanzas”, explica a
este diario Sol Trumbo Vila, firmante, junto al también investigador del TNI
Matthijs Peters, del informe en cuestión. “Los ciudadanos saben que se ha
gastado dinero público salvando a los bancos, pero no conoce los detalles de
cómo se hace, quién está involucrado, y finalmente, quién hace dinero con ello.
Nuestro estudio arroja luz sobre el lucrativo negocio del diseño e
implementación de rescates bancarios en la UE”, apunta.
Afirma que el texto obedece al interés del TNI por “aclarar
las consecuencias de las políticas de austeridad a raíz de la crisis de 2008”,
que ha servido a las instituciones europeas y a los 28 Estados miembro para
justificar estos programas de rescate, y sigue la línea de otros trabajos como
el informe Privatizando Europa (2013) o La industria de la privatización en
Europa (2016).
Las 'Big Four',
"evidentes ganadoras" de los rescates
En muchos casos son quienes asesoran a los bancos y auditan
sus cuentas; son quienes inspeccionan el terreno antes de un rescate; son
algunas de las beneficiadas por los 500 millones de euros en consultoría para
los test de estrés a las entidades bancarias de 2014; en otros casos están
entre las empresas contratadas por la Troika para evaluar la situación
financiera de países y bancos -en una designación sin licitación pública-; en
algunos casos, son ellas o sus filiales quienes promueven la elusión fiscal,
para después asesorar a los gobiernos en la lucha contra la ingeniería fiscal
que permite a las grandes empresas ahorrarse cientos de millones en
impuestos...
Según el estudio, el negocio de la asesoría reporta a las
Big Four unos beneficios anuales de cerca de 25.000 millones de euros, en un
mercado que funciona como un "oligopolio de facto", y que se
retroalimenta permitiendo que estas empresas trabajen para los bancos y los
gobiernos a la vez, elaborando "informes objetivos" sobre las
instituciones o empresas a las que examinan, que son quienes pagan sus
honorarios. Y afirman que están protegidas de los conflictos de interés.
"Gracias a los servicios de asesoramiento e investigación, estas empresas
se han erigido como las evidentes ganadoras de los paquetes de rescate de la
UE", reza el informe.
“Encontramos un patrón parecido en todos los grandes
programas de rescate: un coste oculto en gran medida desconocido", explica
Trumbo. "Se concedieron unos lucrativos contratos para labores consultivas
a un pequeño grupo de empresas: las principales compañías auditoras del mundo,
unas pocas firmas de asesoría financiera como Lazard, que también ha estado muy
activa en los programas privatizadores, y las filiales especializadas en
asesoría de los mayores fondos de riesgo del mundo, como BlackRock”, apunta.
Por otro lado, el informe cifra en 150 el número de
entidades rescatas durante la crisis, y denuncia que en la mayoría de casos las
auditoras no habían encontrado muchos de los problemas que se daban en las
distintas entidades antes de que su situación llevara a los Estados a
inyectarles dinero público. "El estudio de varios casos ilustra cómo las
empresas de auditoría ofrecieron evaluaciones y servicios incorrectos, pero aún
así, fueron recompensadas por ello", apunta el texto.
Sin ir más lejos, las Big Four estaban entre las empresas
contratadas para efectuar auditorías de los principales bancos españoles antes
de que el Gobierno español solicitara el rescate bancario, en 2012. Según el
informe, los honorarios percibidos entre todas las auditoras rondaron los 30
millones de euros, de los que 1.8 millones fueron a parar a las arcas de
Deloitte, "en parte responsable de agravar la crisis española debido a su
papel en el hundimiento de Bankia".
El de Bankia es un caso paradigmático; la consultora contratada
para dirigir el proceso que conduciría al rescate, Lazard, había firmado seis
contratos con Caja Madrid y Bankia en la época en la que Rodrigo Rato estaba al
frente de la entidad, y a su vez el exdirector del FMI había sido empleado de
Lazard con anterioridad.
En 2011, Bankia declaró ganancias de más de 300 millones de
euros, auditadas por Deloitte. Sin embago, menos de un año después el Gobierno
español nacionalizó la entidad, que se tragó al menos 23.500 millones de euros.
"Poco después de la nacionalización, resultó que los registros auditados
por Deloitte eran incorrectos, ya que el banco, en realidad, había perdido
4.300 millones", afirma el estudio. El Banco De España declaró que los
informes elaborados por Deloitte eran inválidos, citando "graves
irregularidades" -"omitió al menos 12 errores claros en las
cuentas". El desenlace fue que Deloitte tuvo que afrontar una multa de 12
millones de euros; el importe del rescate que hoy se considera perdido ronda
los 16.000 millones.
Así las cosas, teniendo en cuenta este escenario, ¿por qué los Estados y las instituciones
comunitarias siguen contratando a estas consultoras y auditoras? "Una
posible explicación se hallaría en el conocido problema de las puertas
giratorias en la UE, por el que antiguos altos ejecutivos de las finanzas pasan
a ocupar cargos directivos en las instituciones de la UE y viceversa",
explica Trumbo. "Otra, en que los Gobiernos y las instituciones de la UE
carecen de alternativas. A pesar de sus repetidos fracasos, las empresas que la
integran siguen encontrándose en una posición casi única para emitir dictámenes
autorizados sobre este ámbito", lamenta.
En última instancia, el documento elaborado por el TNI
recopila también algunas de los procedimientos utilizados para rescatar a bancos
(garantizar depósitos, crear un banco malo, nacionalizar la entidad o recurriar
al apoyo al capital) y recoge algunas recetas para evitar este tipo de
situaciones.
Banca pública, medida
para fortalecer las instituciones
El informe del TNI reconoce que en los últimos años las
instituciones europeas han tomado medidas para regular actividades del sector
de auditoría: "Se han relizado algunos avances para evitar las peores
prácticas y los conflictos de interés más flagrantes", reconoce el texto. "Sin embargo, poco nada se ha hecho para
hacer frente a la dependencia que tienen los Estados miembro y la instituciones
de la UE con respecto a las Cuatro Grandes", puntualiza.
Por otra parte, la centralización de la supervisión y la
toma de decisiones por parte del BCE - cuya composición no es elegida
democráticamente- "institucionaliza la idea de rescatar bancos con dinero
de los contribuyentes", reza el texto. "La Unión Bancaria normaliza e
institucionaliza bajo la autoridad del BCE el rescate de los bancos quebrados
de la UE utilizando el dinero de los contribuyentes".
Frente a esto, el informe apuesta por reducir esa
dependencia de los Estados con respecto a las Big Four, además de avanzar en la
creación de una banca pública. "La banca pública puede ser un primer paso
para fortalecer las instituciones públicas de forma que estas puedan
administrar mejor los asuntos financieros y bancarios y responder ante nuevas
crisis", zanja el texto.
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