Por Fernando López Agudín
Público.es, 16 Feb
2017
Si el recién imputado Fernández Ordóñez es procesado, no
será condenado y si es condenado, será indultado, tal y como acaba de
pronosticar Joan Baldoví en el Congreso de los Diputados: Me apuesto lo que sea a que el próximo
indulto va a a ser Miguel Angel Fernández Ordóñez. Tardará poco o mucho, pero
ya verán como gano la apuesta”. Efectivamente, si fuese así, se uniría a los
Armada, Vera, Barrionuevo, Alfredo Sáez o José María Servitge (un muy estrecho
colaborador de Pujol) que disfrutan de su condición de delincuentes indultados.
Basta ver como el Banco de España cierra filas con sus ocho directivos
encausados, pese al serio daño causado al prestigio de una entidad estatal con
el nombre de España, para deducir que las grandes familias que lo controlan
desde 1939 se aprestan a quitar la venda de los ojos de la Justicia para que
pueda ver que Fernández Ordóñez es un ciudadano por encima de toda sospecha.
No hubo transición en el Banco de España. Los mismos que
mandaban con Franco siguieron mandando después de Franco y todavía, en pleno
siglo XXI, continúan mandando. Así su actual gobernador Luis María Linde, en
línea con todos los anteriores gobernadores, demanda retrasar la edad de
jubilación a la vez que reducir las pensiones fingiendo desconocer que son
numerosas las familias que solo cuentan con este ingreso. De todas las batallas
perdidas por Alfonso Guerra en los gobiernos socialistas de Felipe González,
quizás por ser un vicepresidente oyente, es la de la liberalización del Banco
de España, como gustaban decir en el entorno guerrista, la que tuvo más graves
consecuencias para el desarrollo democrático español. Los Boyer, Solchaga y
Solbes doblaron el pulso del llamado guerrismo y el grupo Prisa se encargó de
sepultarlo políticamente envolviéndole con el sudario de la basura de su
hermano Juan.
El caso Bankia no es más que uno de los expedientes que
demuestran la colusión entre las grandes familias y el turno de partidos
existentes en España, hasta que la irrupción de Podemos pegó fuerte una patada
al tablero de la II Restauración borbónica. Pese a que los inspectores
alertaron sobre la estafa de Rodrigo Rato en Bankia– “ir a Bolsa sería
socializar pérdidas”–, Francisco Fernández Ordóñez no solo autorizó la
cotización de esta entidad muy quebrada, sino que estimuló a los diversos
actores económicos a que compraran sus acciones. Zapatero desde la presidencia
del Gobierno, la incompetente Elena Salgado desde la vicepresidencia y Rajoy
desde la oposición, colaboraron por activa o por pasiva en la gestación de este
escándalo financiero. Por supuesto, claro está, por razón de Estado. O sea,
traduciendo al roman paladino, los bolsillos de las grandes familias.
Son ahora los portavoces de estas grandes familias, con
máscaras liberales o socialistas, los que echan este muerto sobre las espaldas
de las cajas de ahorros públicas o hablan sobre la inexistente incompetencia de
los supervisores como Fernández Ordóñez o Julio Segura en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores. Es bien cierto que el bipartidismo se repartió las
entidades públicas y que la trama turnista del PP y el PSOE puso al frente a
ineptos con carné o aficionados a tocar el piano delictivo como Narcis Serra,
pero quienes se encargaban de supervisarlas eran estos dos altos funcionarios
con capacidad profesional más que sobrada para saber lo que se estaba cociendo.
Es en este último escalafón, donde abundan esos apellidos lustrados por el
franquismo, donde por sumisión o cálculo, sus responsables no defendieron el
interés general sino el muy particular
de las grandes familias.
Hace hoy justo una semana en la que Unidos Podemos pidió que
se creara una comisión de investigación sobre el rescate de las cajas sin que
el PSOE se sumara a esta propuesta por razones más que obvias. Pero de repente,
tras la imputación del ex-gobernador socialista del Banco de España, los dos
Hernandos del PSOE y el PP han descubierto ahora una alarma social que siete
días antes se negaban a reconocer. Como siempre, vienen con la recortada y
tratan de limitarla a Bankia para que no se revise lo sucedido con el saqueo de
las restantes cajas, cuando no de impedirla, debido a que esta colosal estafa
bipartidista se encuentra ya en los tribunales. Precisamente por ello, dado que
la Justicia se levanta la venda cada vez que alguien de las grandes familias
traspasa cualquier sede judicial, es más necesaria que nunca esta comisión de
investigación parlamentaria.
Conviene no hacerse muchas ilusiones. En esa fosa de
complicidades políticas bipartidistas, que tanto condicionan aún al resto de
los poderes, no sólo se ha hundido al sistema de crédito, sino también la
confianza en esta clase política tan bien conectada con las grandes familias.
El dirigente de Compromís, Baldoví, tiene razón. Si no archivan la imputación,
indultarán al imputado. Sólo cuando los ciudadanos se vaya percatando– como
dice Boaventura de Santos en su ensayo sobre La difícil democracia– “que el
destino sin esperanzas de la mayoría sin poder es causado por las esperanzas
sin miedo de las minorías con poder,” las grandes familias tendrán sus días
contados. Hasta entonces, no habrá ninguna cuerda de presos para esos
ciudadanos por encima de toda sospecha judicial.
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