Por Íñigo de Barrón
El País,
11/02/2017.
En septiembre próximo se cumplirán nueve años de la quiebra
de Lehman Brothers. Desde entonces, los Gobiernos de grandes países han gastado
cientos de miles de millones para socorrer a bancos quebrados que han sido
nacionalizados, vendidos a terceros o han desaparecido.
Sin embargo, en Italia no se tomaron estas medidas de choque
y Portugal no pasó de realizar insuficientes parches. La consecuencia es que se
ha cumplido el axioma de que “retrasar la solución de los problemas de los
bancos siempre los hace más grandes”. El diagnóstico es similar en los dos
países, aunque la magnitud de Italia, la tercera economía más grande de la UE,
la convierte en un grave problema.
“El reconocimiento de los problemas bancarios en Europa se
hizo en 2010 y en España en 2012. Italia y Portugal eran sistemas enfermos
antes de la crisis y, probablemente, no tuvieron supervisores excesivamente
estrictos. Los bancos de estos países tienen escasa capacidad de vender
negocios, lo que dificulta más su salida. Además, carecen de grandes entidades
sanas que pudieran absorber a los bancos débiles. La banca de Italia y Portugal
es una preocupación para el BCE”, apunta el analista bancario Íñigo Vega, de
Nau-Securities.
La mayor parte de los principales bancos de estos dos países
sufren por la elevada cantidad de activos improductivos que tienen en sus
balances. Esta morosidad oculta no genera ingresos, pero sí produce gastos y
consume capital, por lo que paraliza la actividad prestadora de estos bancos,
que no quieren asumir más riesgos. Como no prestan, frenan la economía. Además,
mantienen altos gastos generales y bajos ingresos por la situación de los tipos
de interés, lo que hunde su rentabilidad (y su solvencia). Otra dificultad:
Lisboa y Roma no han creado un banco malo donde aparcar los créditos tóxicos,
en ambos casos no provenientes del ladrillo, sino de la morosidad empresarial.
Fusiones
Este panorama debería conducir a fusiones, pero no hay
candidatos solventes. En Portugal, los bancos más sanos son españoles: las
filiales del Santander, de CaixaBank (tras la opa cerrada esta semana sobre
BPI) y de Barclays. Esto añade un problema nacionalista a la solución.
La deuda pública de Italia y Portugal es muy elevada, por lo
que sus Gobiernos tratan de evitar las inyecciones de capital público. Además,
tras la entrada en vigor de la Unión Bancaria, en noviembre de 2016, los
Estados no pueden ayudar a sus bancos si antes no lo han hecho sus accionistas
o bonistas, algunos de ellos, pequeños clientes.
El mejor ejemplo de esta crisis se conoció el jueves pasado:
el mayor banco de Italia, UniCredit, perdió 11.790 millones en 2016, tras
reconocer los activos morosos reales. Negocia el recorte de 14.000 puestos de
trabajo, mientras ha lanzado una incierta ampliación de capital de 13.000
millones y estudia vender 17.000 millones de créditos morosos.
Demasiados paralelismos con Bankia, que hizo algo parecido a
UniCredit, pero hace casi cinco años, cuando Europa forzó a España a sacar a la
luz los problemas bancarios. Mario Draghi, presidente del BCE y exgobernador
del Banco de Italia, no obligó a su país a ese streeptease financiero. El FMI
ha recordado que las entidades transalpinas acaparan un tercio de todos los
créditos morosos de la zona euro, 360.000 millones o el equivalente al 22% del
PIB italiano. El Fondo cree que puede llegar un “contagio regional y global
significativo dado el peso sistémico de Italia”.
Si UniCredit consigue el capital de los inversores, quitará
presión a la olla. “Es un paso importante para mejorar la percepción del
sector, pero las entidades italianas tendrán que reforzar más su capital”
afirma Itziar Sola, experta de AFI.
Fragilidad bancaria
En Portugal, el aviso no llega del FMI, sino de la OCDE: “La
fragilidad de los bancos tiene que ser resuelta lo más rápido posible para
reducir los riesgos presupuestarios y recuperar el crecimiento del crédito. Es
crucial reducir el crédito malo de los balances”.
En las próximas semanas, Caixa Geral de Depósitos (CGD),
propiedad del Estado, aflorará más de 3.000 millones de morosidad. Será el
penúltimo eslabón de una cadena de intervenciones del Estado en la banca,
iniciadas en 2008 con pequeñas entidades, el BPP y BPN. El banco público, con
una quinta parte del mercado, acarrea varias inyecciones de dinero público,
cinco años de pérdidas y tres directores en un año.
Desde 2008 y hasta finales de 2017, las ayudas públicas al
sector superarán los 14.000 millones de euros, el 8% del PIB. El plan de la
troika en 2011 destinó 12.000 millones de ayudas a la banca, pero apenas se
utilizó la mitad. El otro lío estatal es Banif, vendido al Santander por 150
millones, pero con un agujero de 3.200. Ahora falta vender Novo Banco, en el
que han inyectado 4.900 millones y la mejor oferta es del fondo norteamericano
Lone Star, que ofrece 750 millones, con garantías del Estado de 2.000 millones.
El privado BCP se ha solucionado pero vendiéndolo al fondo
chino Fosun (24%), la angoleña Sonangol de Isabel Dos Santos (15%) y el fondo
norteamericano Blackrock (3%). Demasiado retrasos y las bombas se van
calentando.
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