Por Alberto Garzón
Espinosa y Carlos Sánchez Mato
El diario.es,
21/02/2017.
El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal
Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro
del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles
responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades
bancarias durante la crisis financiera.
A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde
el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos
realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular
bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de
Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario
político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría
social de este país.
Y sin duda el rescate bancario sigue mereciendo una profunda
investigación parlamentaria porque el Tribunal de Cuentas ha publicado en su
informe de fiscalización que se han utilizado 122.122 millones de euros en
recursos públicos para salvar a las entidades bancarias. De ese descomunal
importe, el coste del rescate bancario para el erario público ha ascendido ya a
60.718 millones de euros, lo que supone más de 1.305 euros por habitante. Y
esta cifra no se puede considerar definitiva ya que el propio Tribunal de
Cuentas considera que no se puede dar por cerrado el quebranto hasta que no
finalice el proceso.
El rescate que no iba a costar ni un euro a los españoles,
Rajoy dixit, sigue acumulándose en nuestras espaldas. Aunque es cierto que la
carga no se distribuye de manera igualitaria entre toda la gente, pues los que
causaron, organizaron y gestionaron el aquelarre se han ido hasta el momento de
rositas.
Además es importante reseñar que el Tribunal de Cuentas no
contempla todas las ayudas públicas que han recibido las entidades bancarias
porque ni la financiación concesional que reciben del Banco Central Europeo, ni
los créditos fiscales "blindados" por el Estado, ni la protección y
aval a los depósitos bancarios figuran entre las ayudas contabilizadas por el
organismo.
El resultado parcial del mastodóntico plan de salvamento de
las entidades bancarias privadas con dinero público deja muy claro al servicio
de quién han estado los sucesivos gobiernos de este país. Desde el momento
inicial, el proceso de salvamento fue ocultado al pueblo en su verdadera
magnitud y aderezado con un cóctel de mentiras y falsedades que intentó
convencer a los ciudadanos de que el sistema financiero español era el más
sólido del mundo desarrollado. Los sucesivos gobiernos intentaron minimizar el
gravísimo problema y limitarlo a una parte del sector, las cajas de ahorro, que
aun siendo entidades bancarias privadas, tenían amplia participación de la
sociedad en sus órganos de representación y dirección (partidos políticos,
organizaciones sindicales y empresariales e impositores).
Por eso, cuando comenzaron a ser perceptibles los efectos de
la quiebra de las entidades, en vez de reconocer el papel esencial que lo
público tenía y tiene en la protección del ahorro que los ciudadanos tienen
depositados en las entidades bancarias y en la necesidad de reconocer a la
actividad bancaria como "servicio público", se optó por liquidar el
sistema de cajas de ahorro nacionalizando parte del sistema para, después de
saneado, privatizarlo de manera acelerada. Errónea e interesadamente se ha
culpabilizado a parte del sistema (cajas de ahorro) eximiendo a la otra parte
(bancos privados).
Es evidente que las cajas han mostrado una enorme debilidad
ante las pérdidas sufridas por la desenfrenada expansión inmobiliaria a la que
se lanzaron, pero su situación no era peor que la de las entidades bancarias
privadas. Ni su morosidad era más elevada ni su gestión peor que la de los
bancos, pero se enfrentaban a la situación sin posibilidades de captar capital
para asumir los quebrantos y con enorme ansia por parte del resto del sector de
acceder a la cuota que estas entidades tenían en créditos y depósitos. El
resultado ha sido su eliminación que, ni ha resuelto el problema de fondo, ni
ha evitado otros efectos negativos de enorme magnitud como la destrucción de la
obra social, que había aportado un considerable dividendo al conjunto de la
sociedad.
Todo ello habría sido imposible sin la necesaria
colaboración de los reguladores que han cedido ante los propietarios de los
grandes sectores estratégicos de la economía. No es algo que deba sorprendernos
si descubrimos que quienes están o han estado al frente de las instituciones
como el Banco Central Europeo o el Banco de España son bien los ministros de
economía, que eran anteriormente miembros de los consejos de administración de
la banca y las grandes empresas privadas, bien han sido empleados de la banca
tras su labor de regulación.
Por todo esto es imprescindible poner en marcha una Comisión
de Investigación que permita esclarecer lo ocurrido. Pero no va ser sencillo
porque hay demasiado interés por parte de los poderes económicos, también
dentro del PP y del PSOE, para que la gente no sea consciente de la magnitud
del rescate del que se ha beneficiado el sector financiero, ya que este se ha
llevado a cabo a costa del conjunto de la ciudadanía que sufre los costes del
mismo. No quieren además que se conozcan los enormes volúmenes de ayudas
públicas puestas al servicio de un proceso de concentración y oligopolización
del negocio bancario. Y, sobre todo, no quieren que se conozca que el rescate
realizado no ha resuelto los riesgos y amenazas que el sector supone para la
sociedad. Yerran si piensan que cejaremos en nuestro empeño de que el pueblo
sepa la verdad porque esa es la única forma en que evitaremos que el expolio
pueda repetirse.
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