Por Andreu Missé
El diario.es,
02/02/2017.
La acumulación de condenas judiciales a la banca por los
cobros indebidos en distintos tipos de abusos ha puesto al descubierto que una
parte de los ingresos de las entidades financieras y por lo tanto de sus
beneficios han sido ilícitos. Los jueces europeos sancionaron el pasado
diciembre a los bancos españoles a restituir a los ciudadanos lo que les habían
cobrado de más a través de las cláusulas suelo al considerarlas abusivas y sin
efectos para el consumidor.
Las cláusulas suelo son unos límites que los bancos
establecieron en los préstamos hipotecarios, en torno al 3%, que impedían a los
titulares de estos créditos beneficiarse de la bajada de los tipos de interés.
Constituían un seguro para los bancos, aunque lo enmascaraban con unas
cláusulas techo del 15% al 20% para simular que también se protegía al
consumidor si los intereses subían, lo cual era claramente improbable. El
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció el pasado 21 de diciembre
que estas cláusulas eran nulas y que los bancos debían devolver todo el dinero
cobrado de más a sus clientes desde el momento en que se incluyeron estas
cláusulas.
El TJUE se ha convertido en el gran defensor de los
consumidores españoles con una serie de sentencias que han anulado diversos
tipos de cláusulas abusivas establecidas unilateralmente por la banca en los
préstamos hipotecarios. La primera de estas sentencias fue la conocida como el
caso Aziz, que estableció que se podía alegar la existencia de una cláusula
abusiva para paralizar un procedimiento de desahucio. En España los desahucios
han sido el gran drama de la crisis. Unas 110.040 familias han perdido su
vivienda entre 2012 y 2014, según el Banco de España. Esta cifra hay que
elevarla a más de 320.000 si se consideran los desahucios de primeras viviendas
desde que empezó la crisis en 2008, según Carlos Macías, portavoz de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La cuantía de lo cobrado injustamente por las entidades
financieras por cláusulas suelo, que afectan a más de 1,5 millones de
hipotecas, entre 2009 y 2015, oscila entre los 7.600 millones de euros, según
el Banco de España y los 9.743 millones estimado por Analistas Financieros
Internacionales (AFI). Esta consultora ya reconoció a finales de 2015 que
"en el entorno actual de tipos de interés tan reducidos, la aportación de
las cláusulas suelo al margen de intereses supone una importante fuente de
ingresos para el sector".
Pero la cuantía de ingresos indebidos no se limita al
generado por las cláusulas suelo. Las entidades financieras están siendo
condenadas por los jueces por diferentes tipos de prácticas abusivas que van a
suponer devoluciones de cantidades muy cuantiosas a los ciudadanos. Entre estas
hay que señalar el uso del IRPH (Índice de Referencia de Préstamos
Hipotecarios) que las entidades incluyeron en las hipotecas para calcular el
tipo de interés con la promesa de que era más estable que el Euribor.
La realidad ha sido todo lo contrario, pues el IRPH ha sido siempre
mucho más caro. Los jueces han calificado esta cláusula de nula por abusiva y
el Banco de España ha reconocido que "cada caja podía influir en el
resultado del IRPH Cajas aumentando los intereses aplicados por ella".
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) estima que
existen 1,3 millones de familias afectadas por este tipo de cláusulas. La
abogada Ingrid Sumarroca estima que "un consumidor con un préstamo
referenciado al IRPH paga una media de unos 2.000 euros de más al año que con
el Euribor". Un estudio de Societé Générale calculó en 2013 que la
sustitución del IRPH de las hipotecas por el Euribor podría costar a la banca
hasta 1.000 millones de euros. Otras fuentes jurídicas y políticas elevan la
cuantía del dinero extra ganado por los bancos por el uso del IRPH hasta los
13.000 millones de euros.
Sentencias en contra
Otra práctica abusiva condenada por los jueces es la
imposición a los clientes de todos los gastos de formalización de las
hipotecas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que hay seis
millones de hipotecas en las que los consumidores han pagado estos gastos, que
suponen una media de 3.000 euros por contrato. Fuentes financieras estiman que
la devolución de estos gastos cobrados de más supondría unos 1.500 millones de
euros para la banca.
La devolución de estas sumas percibidas indebidamente se
añade a las cuantías que las entidades financieras ya han tenido que devolver
tras decenas de miles de sentencias por la mala comercialización de otros
productos. Entre estos destacan las participaciones preferentes, obligaciones
subordinadas, swaps, venta de acciones, cuotas participativas y Valores
Santander.
Es cierto que la caída de los tipos de interés ha situado el
negocio bancario en una posición difícil. Un reflejo de estas dificultades es
que el coste del capital para los bancos alcanzó el 8% a finales de 2015,
mientras que la rentabilidad del sistema bancario español fue sólo del 5,6%,
según el Banco de España. Pero también hay que tener en cuenta que en ningún
país europeo la banca ha sufrido una repulsa tan amplia y masiva por parte de
los jueces y una pérdida de reputación tan grande entre los ciudadanos sólo
superada por Irlanda debido a la generalización de prácticas abusivas.
De todas formas, a pesar de las dificultades señaladas desde
el punto de vista de los beneficios, la banca española obtuvo una rentabilidad
sobre fondos propios el año pasado del 6,1%, ligeramente por encima de la media
europea, según la Autoridad Bancaria Europea.
Hay que tener en cuenta que las cantidades reales que
efectivamente devolverán los bancos serán muy inferiores a las cifras
barajadas. Según estimaciones divulgadas por la agencia Efe, las ganancias de
los seis grandes bancos se reducirán en 10,5% debido a las provisiones
efectuadas por las cláusulas suelo. Esas provisiones se limitarán a 1.182
millones de euros, mientras que los beneficios ascenderán a 10.093 millones de
euros.
El práctico bloqueo de los juzgados por el alud de
reclamaciones refleja que los efectos de la crisis bancaria serán mucho más
cuantiosos y de efectos más retardados de lo previsto. Las promesas del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y varios miembros de su Gobierno de que
la crisis bancaria "no tendrá coste para los ciudadanos" quedarán
como el ejemplo más representativo de la post verdad de esta época.
El informe del Tribunal de Cuentas sobre la reestructuración
bancaria del pasado enero reveló que las actuaciones entre 2009 y 2015
exigieron 122.122 millones de euros de recursos públicos comprometidos y un
coste de 60.718 millones. Pero esta crisis no se puede dar por cerrada. Es
significativa en este sentido la advertencia del informe: "La estimación
del coste del proceso de reestructuración no puede considerarse definitiva en
tanto no estén finalizadas todas las consecuencias de los procesos de
reestructuración".
Es evidente que este modelo de banca que precisa
sistemáticamente las muletas del Estado y del Banco de España no es sostenible.
Los jueces europeos nos lo están recordando continuamente. Urge una
reconversión del sector que destierre las malas prácticas y recupere la
confianza de los ciudadanos. Los bancos públicos Bankia y BMN ya han
reaccionado positivamente al anunciar que devolverán todo lo cobrado de más a
sus clientes. Un ejemplo que deberían seguir los demás.
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