Por Salvador
Arancibia
Expansión,
01/06/2017.
El CGPJ habilita hasta 54 juzgados especializados con jueces
de refuerzo. Los despachos 'oportunistas' recomiendan no acogerse a la solución
extrajudicial.
El plazo contemplado en el real decreto que el Gobierno
elaboró para tratar de que bancos y afectados pudieran alcanzar un acuerdo no
judicializado sobre las cláusulas suelo termina mañana y en medios cercanos a
los despachos de abogados y de los bancos afectados se espera que se produzca
una avalancha de reclamaciones judiciales que podrían paralizar los juzgados
sobre los que recaigan las denuncias. Algunos despachos han convencido a sus
clientes para que no negociaran.
Si alguien pensaba de verdad que el mecanismo articulado a
través del real decreto para que bancos y clientes se pusieran de acuerdo sobre
los derechos o no de devolución de las cláusulas suelo para evitar una
litigiosidad elevada que pudiera suponer un problema para el funcionamiento normal
de la justicia iba a funcionar, se equivocaba.
Solamente Bankia y BMN, las dos entidades con mayoría de
capital público, decidieron desde el primer momento no discutir con las
personas que tenían créditos hipotecarios con cláusula suelo y acordaron no solo
proceder a devolver las cantidades presuntamente adeudadas en exceso sino
ayudar a los clientes en el cálculo de las mismas para hacerlo con la mayor
rapidez posible.
El resto de bancos, con mayor o menor intensidad, discuten
con los clientes las devoluciones en la medida en que consideran que realmente
no son cláusulas poco transparentes y que se explicaron con suficiente claridad
como para que las entendieran y supieran lo que estaban firmando. En alguna
entidad reconocen que aproximadamente tres de cada cuatro reclamaciones son
rechazadas inicialmente y que tan solo aceptan devolver las cantidades a una
cuarta parte de los clientes.
En otras entidades este último porcentaje es algo mayor,
pero en todo caso no mayoritario respecto al total de reclamaciones. Los bancos
no han facilitado hasta ahora información pormenorizada de cómo evoluciona el
problema en el sentido de dar a conocer cuántas reclamaciones amistosas han
recibido, cuántas han resuelto favorablemente y cuántas han sido rechazadas, y
tampoco han dado datos sobre el número de denuncias judiciales que tienen y su
evolución. A lo más a lo que llegan es a señalar que no hay desviaciones
significativas sobre lo que habían calculado.
Personal de apoyo
El Consejo General del Poder Judicial anunció que a partir
del primero de junio, cuando termina el plazo para la búsqueda de soluciones
pactadas, habrá 54 juzgados especializados en los litigios generados por las
cláusulas suelo (uno por provincia y uno en cada una de las principales islas
de Baleares y Canarias). En quince de estos juzgados, los de mayor importancia,
ya hay jueces en prácticas reforzando la actuación del titular del juzgado.
Todos los jueces de la última promoción, 67, estarán disponibles para, si es
necesario, que se dediquen a labores de refuerzo por estas cuestiones.
Algunas de las entidades con mayor número de clientes
potencialmente afectados sí han contactado con bufetes de abogados
especializados en cuestiones mercantiles judicializadas para que les presten
apoyo ante lo que temen puede suponer una avalancha que dificulte el trabajo de
los juzgados, pero también el de las propias entidades.
La pelea judicial promete ser dura y fuerte como lo fue la
de las preferentes, ya que algunos de los despachos que en ese momento encabezaron
las denuncias no quieren perder esta nueva ocasión de conseguir unos ingresos
vía costas judiciales sustanciales. «El despacho de Arriaga», se señala en uno
de los bufetes contratados por un banco para ayudar a su defensa, «ha vuelto a
invertir una importante cantidad de dinero en publicidad desde hace varios
meses para tratar de captar al mayor número de clientes». Estas mismas fuentes
señalan que el objetivo de estos despachos oportunistas (según su denominación)
no es solo conseguir el mayor número de reclamantes sino presentarlas de manera
individual, nunca agrupadas, aunque el contenido de las mismas sea
prácticamente el mismo.
De esta forma, añaden, «los despachos facturan minutas
individuales que, sumadas, siempre son mayores que si se tratara de una
reclamación colectiva».
Por último, estos bufetes tratan de convencer a los clientes
de que la reclamación amistosa es un puro trámite y de hecho lo que hacen es
presentar una carta con la reclamación con el objetivo de que se acepte sin
negociación de ningún tipo por parte de la entidad. Tanto es así que, por
ejemplo, en un escrito tipo del bufete Arriaga, el último párrafo de la carta
dirigida al banco señala: «Mi cliente manifiesta expresamente que mediante el
presente escrito no desea acogerse al mecanismo extrajudicial aprobado mediante
RDL 1/2017 de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en
materia de cláusulas suelo, instando a la entidad bancaria a que en el plazo de
10 días atienda a las peticiones expuestas en este documento. En el caso de que
no se sirvan atender esta solicitud, nuestros clientes se verán obligados a
ejercer ante los tribunales de justicia las acciones que les asisten en
derecho».
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