Por Andreu Missé
El diario.es,
29/06/2017.
Las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(TJUE) están provocando un verdadero revulsivo en la justicia española al
elevar significativamente los derechos de los ciudadanos. Las resoluciones de
los jueces europeos están forzando cambios sustanciales en la doctrina del
Tribunal Supremo e importantes reformas legislativas. Estos cambios, sin
embargo, son todavía muy insuficientes para resolver las necesidades de
millones de personas que han sido víctimas de una incontable pluralidad de
abusos por parte de las entidades financieras, desde los dramáticos desahucios
hasta las injustas cláusulas suelo.
Destacados jueces españoles han desempeñado un papel
determinante en esta profunda transformación jurídica planteando cuestiones
prejudiciales ante el TJUE de Luxemburgo y numerosos abogados han desarrollado
intervenciones decisivas en los pleitos. El análisis de esta evolución jurídica
ha sido el campo de investigación de varios libros que dan una buena muestra de
la amplitud y profundidad de los cambios sociales que se están produciendo.
El verdadero impulso de esta renovación legal y judicial no
se ha generado en los despachos, sino que ha llegado directamente desde la
calle. Este aspecto lo reconoce de manera explícita el magistrado Guillem Soler
en Protección frente a cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios (editorial
7aGen): "No puede ni debe olvidarse", escribe Soler, "el papel
que en esta materia han desempeñado determinadas asociaciones procedentes de la
sociedad civil, especialmente en materia hipotecaria y de vivienda (por
ejemplo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca —PAH). Gracias a su
actuación se ha puesto de manifiesto y denunciado un drama social al que las
instancias legislativas y judiciales no prestaban la atención debida. Su
actuación ha influido indudablemente en la aprobación posterior de determinadas
normas, aunque no con la rapidez ni el contenido que hubiesen deseado las
asociaciones".
Soler es autor de un recurso pionero ante el Tribunal
Constitucional en 2010, que fue desestimado, en el que cuestionaba que la ley
negase al ejecutado la posibilidad de presentar alegaciones sobre las
circunstancias del impago o nulidad de cláusulas abusivas. El magistrado
destaca que las reformas legislativas efectuadas en España no sólo han sido
tardías y parciales, "sino que en muchos casos no han sido espontáneas y
han venido impuestas por instancias exteriores, en especial el TJUE". Su
libro constituye un texto de referencia sobre uno de los campos más difíciles
del derecho, el de las cláusulas abusivas en contratos hipotecarios que han
causado miles de desahucios.
En La tutela de los consumidores en los procedimientos
judiciales (Bosch) el magistrado José María Fernández Seijo continúa una
investigación formalmente iniciada hace tres años, en la que profundiza en el
impacto que ha tenido la jurisprudencia del TJUE en el campo de las ejecuciones
hipotecarias. El magistrado, autor de la histórica cuestión prejudicial sobre
el caso Aziz, explica las contradicciones que han vivido los profesionales del
derecho durante los convulsos años de la crisis.
Por su parte, el abogado Eugenio Ribón, experto en derecho
de los consumidores, pone al descubierto los vínculos entre las cláusulas suelo
y los desahucios en su libro Cláusula suelo y reclamación de gastos
hipotecarios (Sepin). Ribón explica que
las entidades financieras han percibido cerca de 10.000 millones de euros como
consecuencia de la aplicación de estas cláusulas.
El letrado apunta que "tampoco sabremos cuántas
ejecuciones hipotecarias se han producido escondiendo en las entrañas de las
escrituras, ante la silente contemplación del fedatario público, la cláusula
suelo o intereses de demora que también han sido declarados abusivos por los
tribunales". Ribón es el autor de una demanda que logró una sentencia del
Supremo en 2015 que anuló los gastos hipotecarios, cuyo efecto será un nuevo
impacto para la banca.
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