Por Marcos Míguez
La Voz de Galicia, 27/05/2017.
Hace un año, un hombre de 82
años entró en una sucursal bancaria de Vigo armado con un cuchillo y dispuesto
a todo para no perder su vivienda. A la semana siguiente, se lanzó con su
vehículo al mar y falleció, víctima de una presión emocional extrema.
Es un caso excepcional, pero
el deterioro físico y mental que han sufrido miles de afectados por abusos
bancarios, desde las participaciones preferentes a las cláusulas abusivas, es
un hecho probado ya a nivel científico y médico que comienza a llegar a los
tribunales españoles (Madrid y Andalucía) en forma de demandas judiciales
contra los bancos por daños a la salud.
Hay muchos damnificados,
pero, según explica el abogado José Manuel Espinosa, «volver a la batalla
judicial es un camino que no muchas de las víctimas de abusos bancarios están
dispuestas a volver a emprender, al menos hasta saber el recorrido de la
reclamación, ya que hay demandas, pero no sentencias firmes».
¿Cuál es la cuantía a
reclamar por daños morales y psicológicos? El letrado reconoce que no es un
cálculo fácil, ya que no hay legislación para valorar las indemnizaciones,
«pero sí es posible argumentar una analogía con una normativa que puede servir
para plantear la reclamación, como es la Ley 35/2015 de valoración de los daños
y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación», asegura.
Científicamente probado
El abogado advierte que
demandar tiene sus riesgos. Si un juez no aceptara la cantidad económica que el
afectado reclama a la entidad bancaria por daños morales, psicológicos o
emocionales, el cliente se vería obligado a pagar la totalidad de las costas
judiciales del proceso, «algo que podría pasar factura aún mayor a su salud»,
reconoce.
Una de las argumentaciones de
la que están echando mano los abogados es un estudio piloto realizado por
investigadores de la Universidad de Montreal, la Universidad Autónoma de Madrid
y la Universidad Carlos III. El trabajo se realizó durante los años 2015 y 2016
sobre una muestra de 188 casos de personas afectadas por abusos bancarios
residentes principalmente en Madrid y León, pero también en otras comunidades
como Extremadura y Galicia.
En las conclusiones se
sugiere que «deberían investigarse los mecanismos por los que los fraudes
financieros causan daños a la salud». Los autores proponen que, si los
resultados se confirman, «debe proveerse asistencia psicológica y médica,
además de las compensaciones económicas».
María Victoria Zunzunegui,
una de las principales impulsoras de esta investigación, manifiesta que el
trabajo demuestra que los fraudes bancarios son un factor de riesgo para la
salud de la población. «Lo que vemos es que las personas que han sufrido estos
fraudes tienen peor salud, están más enfermas, que la media de la población
española de la misma edad».
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