Por Mario Saavedra
Te interesa.es,
12/06/2017.
El mismo día en que siete altos cargos del Banco Santander
han empezado a desfilar por la Audiencia Nacional, imputados por blanqueo de
capitales, doce organizaciones de activistas contra los abusos de la banca han
lanzado una campaña contra la entidad. Consideran criminal su conducta en
países como Puerto Rico, un Estado en bancarrota cuya deuda está en manos del
Santander; dicen que impide sistemáticamente que se formen sindicatos en sus
filiales de Estados Unidos o Brasil; y afirman que ha vendido hipotecas de alto
riesgo en España a través de su filial Unión de Créditos Inmobiliarios.
Banco Santander no ha
querido responder a las preguntas de Teinteresa.es.
“Lo que denunciamos hoy es que lo que se empieza a juzgar en
la Audiencia Nacional no es un caso aislado, sino parte de una mala práxis de
este banco, un diseño macroeconómico destinado a extraer recursos a la
población”, afirma Simona Levi, de 15MPaRato, la organización que dio los
primeros pasos para sentar al ex ministro Rodrigo Rato en el banquillo por el
caso Bankia. Hoy han comparecido en rueda de prensa en el Congreso junto a la
diputada de En Comú Podem Sonia Farré.
Siete ejecutivos en
el banquillo
Desde este lunes, siete directivos del Santander y a tres de
BNP Paribas comparecen ante el juez José de la Mata por presunto blanqueo de
capitales. Ellos, precisamente responsables del cumplimiento de las normas
antiblanqueo de la entidad, habrían escondido la operativa utilizada por el
presidente del grupo, el fallecido Emilio Botín, para ocultar que tenía un 8%
de las acciones de Bankinter fuera de España.
Esta información se dio a conocer gracias a la “lista
Falciani”, un conjunto de datos robados por el informático Hervé Falciani al
banco suizo HSBC y que ha permitido a España recuperar casi 2.000 millones de
euros que 3.000 españoles tenían ocultos en Suiza.
El propio Falciani forma parte de la lista de grupos
activistas que firman el informe contra el Santander. Le acompañan, además de
15MPaRato, las españolas Plataforma de Afectados por la hipoteca (PAH),
Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, Observatorio de la Deuda en la
Globalización y ATTAC; la Iniciativa Kalmanovitz (Washington DC), Hedge
Clippers (EEUU y Puerto Rico), Action Center on Race & the Economy
(Chicago/Detroit), ReFund America
Project (Chicago), Center for Popular Democracy (Nueva York), Make the Road CT
(Connecticut), Centro de Comunicación Estudiantil (Puerto Rico) y Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Brasil).
Le acusan orquestar
la bancarrota de Puerto Rico
Entre las acusaciones más graves está la de haber
“orquestado” la quiebra de Puerto Rico. La deuda pública puertorriqueña se ha
disparado del 63% del PIB en 2006 al 100% en 2015.
“El banco es ahora esencialmente el dueño de Puerto Rico,
mientras se cierran escuelas y hospitales, se incrementan los desahucios y el
país se encuentra en una situación de emergencia humanitaria” comenta Levi. “El
Santander es dueño del 110% de la deuda declarada de Puerto Rico y del 90% de
la real. Está en bancarrota técnica desde 2014”.
La asociación carga, en concreto, contra el ejecutivo del
Santander en la isla Carlos M. García, “el Rodrigo Rato de Puerto Rico”. García
era ejecutivo de Santander Securities, y responsable de “los bonos municipales,
bonos tóxicos que precisamente fueron los principales responsables del brutal
endeudamiento de la población”. García fue después designado en 2009 como
director del Banco de Fomento Gubernamental. En ese cargo “abrió camino para
más prestamos tóxicos en la isla”, para después volver al Banco Santander, en
lo que consideran un caso flagrante de puerta giratoria
Impiden la
sindicación en Estados Unidos y han vendido hipotecas de riesgo
Las acusaciones contra la multinacional española se refieren
también a la situación de los derechos laborales en Estados Unidos o Brasil,
donde están impidiendo sistemáticamente la formación de sindicatos por parte de
sus trabajadores, según la agrupación.
Estados Unidos, en particular, tiene una ley, conocida como
“derecho a trabajar”, que limita en muchos estados el poder de los sindicatos.
Para España, el argumentario lanzado por la asociación carga
contra lo que califican de “estafa hipotecaria orquestada por el Banco
Santander a través de su filial Unión de Crédito Inmobiliario”, desde donde se
concedieron “miles de hipotecas subprime” que, en muchos casos, “se vendieron a
compañías como Altamira, propiedad del fondo buitre Centerbridge Partners, a
precio de saldo".
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