Por Vicente Clavero
Público.es.
22/06/2017.
La compra del Popular por el Santander ha infligido un
fuerte quebranto a los accionistas del primero de esos dos bancos, que vieron
cómo se evaporaba el valor de sus inversiones de la noche a la mañana. El
precio al que se cerró la operación fue de un euro, lo que en la práctica
significaba dejar a cero el capital del Popular, pese a que su último día en
Bolsa (el 8 de junio) se saldó con una cotización de 0,370 y una capitalización
de 1.330 millones.
También han perdido todo su dinero los tenedores de instrumentos
como obligaciones convertibles y deuda subordinada, que se convierten
automáticamente en acciones cuando el capital baja de un determinado nivel.
Esos títulos entrañan menos riesgo que las acciones, pero suponen una segunda
línea de fuego en situaciones similares a las que ha protagonizado el Popular,
y sus propietarios debieron ser informados de ello al suscribirlos.
De todas formas, unos y otros tienen varias opciones para
recuperar algo de la inversión realizada, algunas perfectamente compatibles
entre sí. De la que más se ha hablado es de demandar al Popular por no haber
ofrecido una imagen real de la situación que estaba atravesando. Eso,
lógicamente, requiere tiempo y depende de la decisión que a la postre adopten
los tribunales de justicia, que pueden dar la razón a los damnificados o no.
Con esa posibilidad juegan los especuladores que están
haciendo acopio de los derechos derivados de las obligaciones convertibles y de
la deuda subordinada del Popular, que ahora no valen nada, pero pueden
proporcionar pingües beneficios si se produjera una avalancha de sentencias
favorables. Según algunas fuentes, los precios rondan el 0,2% del valor nominal
de los títulos y hay inversores que los venden sólo para minimizar pérdidas.
Éstas, además, pueden compensarlas en todo caso con las ganancias
patrimoniales que obtengan a lo largo de los próximos cuatro años, cuando
llegue la hora de liquidar sus impuestos. Lo cual significa endosar al Estado
parte del quebranto sufrido como consecuencia de las condiciones de la
adjudicación del Popular al Santander; un quebranto que contribuiremos a
sufragar entre todos, al ser dinero que deja de entrar en las arcas de
Hacienda.
Calcular el montante de esa contribución no es fácil, pues
se desconoce cuántos antiguos accionistas o tenedores de bonos convertibles y
deuda subordinada tendrán ganancias patrimoniales con las que compensar estas
pérdidas. Lo que sí se sabe son los créditos fiscales que se anotará el
Santander gracias a la operación: 5.200 millones de euros que el Popular
acumulaba por los resultados negativos cosechados en los últimos años.
Según fuentes jurídicas, los accionistas con más
probabilidades de pleitear con éxito contra el Popular son los que acudieron a
las tres últimas ampliaciones de capital, lanzadas para reforzar la solvencia
del banco cuando las cosas empezaron a ir mal para la entidad. También tiene
margen de maniobra aquellos que aguantaron hasta el final, pero no tanto
quienes se deshicieron a tiempo de sus participaciones, aunque perdieran
dinero.
En el caso de los otros instrumentos financieros, las
dificultades de ganar en los tribunales son mayores. La última emisión de bonos
convertibles, por importe de 1.250 millones de euros, fue en 2013, muchos antes
de que la situación del Popular empezara a torcerse. De deuda subordinada se
colocaron entre particulares 200 millones en 2001 y otros 250 millones en 2011,
y han generado rentabilidades de hasta el 40% de su valor nominal.
Disponible en:
No hay comentarios:
Publicar un comentario