Por Vicente Clavero
Público.es,
20/06/2017.
El hundimiento y saqueo de las cajas de ahorros, que va a
costar 60.000 millones de euros según los últimos cálculos del Banco de España,
ha hecho que muchos de sus responsables directos hayan tenido o vayan a tener
que sentarse en el banquillo.
Hay numerosas causas abiertas desde hace tiempo contra ellos
y más de 200 imputados, pero de momento se han dictado pocas sentencias y sólo
cinco personas han entrado en la cárcel, ya que en general las condenas son muy
bajas.
He aquí los casos más destacados:
Caixa Penedés
La Audiencia Nacional condenó en mayo de 2014 por
administración desleal al exdirector general, Ricard Pagès, y a otros tres
miembros de la cúpula. Fue la primera sentencia relacionada con el saqueo de
las cajas de ahorros.
Los reos consiguieron una sustancial rebaja de la pena tras
admitir el delito y devolver 28,6 millones de euros que habían percibido
indebidamente como dotación de sus fondos de pensiones. A Pagès le cayeron dos
años y al resto, uno a cada uno.
Durante el juicio quedó de manifiesto el “poder omnímodo”
del que disfrutaba el director general en aquella época y la falta de un
sistema eficaz de control.
Caixa Penedés forma parte ahora, junto con Caja Murcia, Sa
Nostra y Caja Granada, del Banco Mare Nostrum (BMN), que controla el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) después de haberle inyectado 1.645
millones. Está en proceso de fusión con Bankia.
Novacaixagalicia (NCG
Banco)
El expresidente Julio Fernández Gayoso, el exdirector
general José Luis Pego, el exresponsable del negocio inmobiliario Gregorio
Gorriarán, el responsable de la fusión de las cajas gallegas Óscar Rodríguez
Estrada y el abogado Ricardo Pradas ingresaron en prisión a mediados de enero
de 2017.
Pesaba sobre todos ellos una condena de dos años de
privación de libertad por administración desleal y apropiación indebida.
Pego, Gorriarán y Rodríguez Estrada, con la colaboración de
Fernández Gayoso y Pradas, se subieron el sueldo y cobraron indemnizaciones
millonarias después de que la entidad se viera obligada a solicitar ayudas
públicas.
Audiencia Nacional, contra lo habitual en casos similares,
se negó a dejar en suspenso la aplicación de la sentencia, que había sido
ratificada por el Tribunal Supremo.
NCG Banco, ahora denominada Abanca, pertenece al grupo
venezolano Banesco, que lo adquirió al Estado por 1.003 millones de euros,
después de haber recibido una inyección de 9.052 millones.
Caja Madrid / Bankia
La Audiencia Nacional condenó el pasado mes de febrero a 65
expresidentes, exconsejeros y ex directivos por un delito de apropiación
indebida, relacionado con el uso de las tarjetas black.
Las penas más altas recayeron sobre Miguel Blesa (seis años
de prisión) y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses), a quienes les fueron
impuestas también sendas multas de 116.000 euros.
Hay otras tres causas abiertas, relativas a la
comercialización de las participaciones preferentes, el cobro de sobresueldos y
la salida a Bolsa de Bankia.
Blesa, por su parte, fue imputado por delito societario,
falsedad en documento público y apropiación indebida en la compra del National
Bank de Florida. Pasó dos semanas en prisión preventiva, pero finalmente la
causa fue sobreseída.
Bankia está controlado por el Estado. El FROB tiene un 65%
de su capital a través de BFA. Requirió ayudas por importe de 22.424 millones.
Caja Castilla La
Mancha (CCM)
El expresidente Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector
general Ildefonso Sánchez fueron condenados en febrero de 2016 a dos años de
prisión.
La Audiencia Nacional les consideró culpables de haber
ocultado “pérdidas galopantes” en las cuentas correspondientes al ejercicio de
2008. Perjudicaron así a inversores y depositantes que tomaron decisiones a
partir de una información falsa.
Ambos se libraron de ir a prisión porque el juez tuvo en
cuenta que no se produjo enriquecimiento ilícito, aunque a veces su gestión se
guió por criterios políticos y no de rentabilidad, como ocurrió con los 330
millones de euros enterrados en el aeropuerto fantasma de Ciudad Real.
Caja Castilla La Mancha fue adjudicada a Cajastur en 2009,
tras su intervención y posterior saneamiento, en el que se emplearon 1.740
millones. Hoy está integrada en Liberbank.
Caja de Ahorros de la
Inmaculada (CAI)
La Audiencia Provincial de Zaragoza condenó en marzo de este
año a cuatro años de prisión a dos antiguos directivos por un delito continuado
de apropiación indebida.
Se trata de Tomás García Montes, director general entre 2005
y 2009 y de Francisco Javier Alfaro Navarro, que ocupó el cargo de subdirector
general.
Ambos causaron a la entidad un perjuicio de 6,3 millones de
euros con una reestructuración de sus sociedades inmobiliarias de la que salió
beneficiado el abogado Ramón Marrero Gómez, también condenado.
El fallo, que todavía no es firme, acusa a García Montes de
ejercer sus funciones de manera “opaca y personalista”, de conducirse con una
“falta total de transparencia” y de ocultar al Consejo datos relevantes sobre
su gestión.
CAI está incluida en Ibercaja, a la que también se
incorporaron Caja Círculo y Caja Badajoz. Con estas dos últimas entidades había
formado antes Caja 3, que recibió 407 millones en ayudas públicas.
Bancaja / Banco de
Valencia
El ex presidente de la Generalitat valenciana, José Luis
Olivas, que fue presidente de Bancaja antes de su fusión con Caja Madrid, está
imputado por la concesión de préstamos a Gran Coral, un proyecto urbanístico en
el caribe mexicano.
Se le acusa de estafa, apropiación indebida, blanqueo de
capitales y administración desleal. También se le investiga, junto con una
decena de consejeros y directivos, como consecuencia de su gestión al frente
del Banco de Valencia, filial de Bancaja.
Olivas ya fue condenado a año y medio de prisión por
falsificar una factura de 500.000 euros correspondiente a servicios que nunca
realizó.
Bancaja fue miembro fundacional de Bankia, y el Banco de
Valencia fue adjudicado a Caixabank después de que el Estado empleará en su
reflotamiento 5.498 millones.
Caixa Catalunya
El exvicepresidente del Gobierno en tiempos de Felipe
González, Narcís Serra, en su condición de expresidente, Adolfo Todó, que fue
director general, y otros tres antiguos altos cargos están siendo investigados
por administración desleal.
Según la Fiscalía, todos ellos son responsables de una serie
de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2000 y 2013, que causaron un
agujero de 720 millones de euros.
Dichas operaciones no estuvieron respaldadas por informes
externos independientes, ni por valoraciones adecuadas, ni por un análisis
exhaustivo de riegos, y algunas podían estar inmersas en conflicto de
intereses.
Serra y Todó tienen otra causa pendiente por un aumento de
sus retribuciones en plena crisis, justo antes de que la caja fuese rescatada.
Caixa Catalunya, junto con Caixa Tarragona y Caixa Manresa,
formaron Catalunya Banc, que fue adquirido por el BBVA a cambio de 1.165
millones, una décima parte de lo que le costó al FROB su saneamiento (más de
13.000 millones).
Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM)
A finales de mayo pasado comenzó la vista oral del juicio
contra ocho exdirectivos, entre ellos Modesto Crespo y Roberto López Abad, que
fueron presidente y director general de la entidad, respectivamente, antes de
su quiebra.
La Audiencia Nacional les acusa de falsear las cuentas de
2011 para presentar beneficios, cuando en realidad se habían registrado
cuantiosas pérdidas. Eso les permitió cobrar incentivos y complementos por
importe de 20 millones, a los que no tenían derecho atendiendo a la verdadera situación
de la entidad.
El fiscal pide penas de hasta siete años y medio de cárcel
para los máximos responsables. Se calcula que el caso no quedará visto para
sentencia antes de julio.
La CAM fue intervenida en julio de 2011, se le inyectaron
5.249 millones de euros y posteriormente la compró Banco Sabadell.
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