Por J. M. Fernández
Caamaño
El Ideal gallego,
27/12/2017.
La crisis que mantiene el Popular fue promovida por unos
pocos en contra de una masa de ciudadanos en un festín sin precedentes en la
banca española. Hubo muchos abusos y quien debía corregir, mirar y velar por
los inversores no lo hizo. Dieron por válidas las cuentas sin comprobar su
correcto estado; solo imperaba el criterio de la compañía responsable de su
auditoría. Bajo esta premisa se creó una ocultación de datos que llevó a la
quiebra a una entidad.
Como dijo la presidenta del Santander: “Es una buena
oportunidad en un buen momento”. Tiene toda la razón, se le puso en bandeja una
entidad por la suspiraban muchas otras, tanto españolas como extranjeras y tuvo
que ser un ex directivo del banco santanderino quien llevó a cabo la operación
en una completa ocultación de datos hacia sus accionistas, más de 300.000. De
modo que las demandas no dejarán de hacerse un hueco contra la cúpula del banco
expropiado, cuyos responsables son Ángel Ron y Emilio Saracho, los cuales
tendrán que responder a los motivos y circunstancias por los que se fue al
garete.
Todo el mundo sabía que la apuesta por el mercado
inmobiliario fue la mayor pesadilla del Popular, que sufrió sonados fracasos
que fueron los que lastraron la marcha de la entidad. Ahora bien, tenía un
punto fuerte, era el mayor banco con presencia de pymes en sus cuentas y
también de donde procedían sus mejores beneficios. El Santander adquirió una
buena presa, acompañada del Pastor, líder en el mercado financiero de Galicia.
De modo que el banco cántabro no tardó en hacer caja al vender el 51% del
paquete inmobiliario del Popular en 30.000 millones, una garantía más que
suficiente para evitar la bancarrota. A cambio el Santander invirtió 12.000
millones en reflotar la entidad, con lo cual le quedan de beneficio al banco
liderado por Patricia Botín 18.000 millones; el negocio es redondo.
Lo complicado es saber qué tejemaneje se hizo en la Comisión
Europea para que el organismo que llevó a cabo esta solución de interinidad
alevosa para los accionistas, se niegue a hacer públicos los documentos con sus
resoluciones, los cuales tendrán que ser puestos a disposición judicial cuando
se reclamen por esta vía. Hay muchos inversores atrapados en un papel que ahora
es decorativo y un tribunal tendrá que decidir quién es el responsable y si
dichos tenedores van a recibir alguna compensación. La presidents del banco
santanderino había anunciado que solo serían los accionistas de la última
ampliación los que recibirían un bono a siete años, pero tendrían que renunciar
a las acciones legales que les correspondiesen. Tanta validez tiene una acción
del Popular comprada en el Mercado de Valores, como de una ampliación. ¿Cuál es
la diferencia para otorgar y retirar derechos a los accionistas?
La responsabilidad no es del Santander por hacerse con una
entidad que tiene todos los visos de haber sufrido un boicot, sino a qué han
venido las masivas retiradas de fondos unos días antes y por medio de rumores
de que el Popular podía tener problemas de liquidez, cuando hacía unos meses
que se sacaba al mercado una ampliación de capital de 2.500 millones. Se espera
que la explicación sea amplia y convincente.
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