Por Raúl Rejón
El Diario.es,
30/12/2017.
La justicia comienza a respaldar la recuperación de la
gestión directa de servicios públicos. Tras haberse convertido durante años en
un extenso nicho de negocio para las empresas, varias sentencias y autos
judiciales han dado el visto bueno a diversos intentos por parte de las administraciones
locales y regionales de volver a dirigir de primera mano áreas como la sanidad
o el abastecimiento del agua. Algunos de estos planes han llegado a los
tribunales por la resistencia que han presentado tanto las empresas
concesionarias como el mismo Gobierno central.
Juzgados de la Comunitat Valenciana, Castilla y León o
Castilla-La Mancha han tomado decisiones recientes que apuntalan estas
reversiones. En Valencia los magistrados rechazaron hace menos de un mes
suspender provisionalmente la decisión de la Generalitat para retomar el
control del área de salud de La Ribera. En Valladolid, un juez ha mantenido el
acuerdo del Ayuntamiento para asumir el servicio de aguas. También hace unas
semanas, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha reabrió la vía
para remunicipalizar el abastecimiento al estimar el recurso de una exconcejala
de Alcázar de San Juan.
La privatización, que ha terminado por llamarse
externalización, de servicios públicos se expandió tanto que, con la llegada de
la crisis del ladrillo, muchas empresas salvaron sus cuentas de resultados a
base de gestionar asistencia a domicilio, guarderías, recogida de basuras,
asistencia telefónica, cuidado de jardines, radios públicas o residencias.
"Prácticamente cualquier servicio que no forme parte de la actividad
principal de una organización puede ser prestado por alguna división o empresa
de Clece", explicaba la filial de ACS en una de sus presentaciones
anuales.
La fórmula se ha basado en un mantra: la gestión privada es
más eficaz. Da el mismo servicio a menor coste. Una ley no escrita pero que se
convirtió casi en inamovible. Incluso aunque el Tribunal de Cuentas acreditara,
por ejemplo, que la premisa era equivocada en el caso de los barrenderos
municipales: la privatización sale un 71% más cara.
Judicializar las
relaciones
Así que, a partir de 2015 se han ido abordando planes para
revertir externalizaciones. Y, al mismo tiempo, han surgido las resistencias.
Una de las primeras grandes privatizaciones y pionera en el ámbito de la
sanidad pública fue la adjudicación a una unión de empresas liderada por Ribera
Salud de la asistencia especializada en La Ribera en la Comunitat Valenciana.
El famoso modelo Alzira.
El sistema Alzira, tras ser rescatado por el propio Gobierno
regional liderado por el PP, ha servido de cabeza de puente para trasladarse
desde allí a, por ejemplo, la Comunidad de Madrid gobernada por Esperanza
Aguirre e Ignacio González. El contrato de Alzira se firmó por 15 años con una
posible prórroga de cinco si se llegaba a un acuerdo entre la parte privada y
la pública.
El actual Ejecutivo valenciano decidió que el acuerdo
terminara y tomar las riendas. Pero
Ribera Salud no se ha resignado a perder esa parte de su negocio y ha
recurrido las decisiones que acordaron no prorrogar el expediente de
contratación.
La consejera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, cuenta
que la concesionaria "ha judicializado toda su relación con la
Generalitat: tenemos más de 50 procesos abiertos por Ribera Salud. No solo por
la reversión del servicio de La Ribera sino casi cualquier decisión que pueda
afectarle".
Ribera Salud ha pedido que se declaren nulas las acciones de
Sanidad describiendo toda suerte de desastres: "Se desmantela la
estructura creada por el concesionario, la pérdida de un sistema de organización
pionero en España", según los documentos judiciales. También aducen
"la paralización de 130 líneas de investigación", pérdida de plazas
de 1.000 alumnos y "caos por el traslado de historias clínicas" .
Ribera Salud ha calculado un daño económico de más de 45 millones para la
Generalitat y un "riesgo de cierto perjuicio para la atención
sanitaria". Pero los magistrados les han dicho que no.
Montón explica ahora que la decisión de los jueces ha sido
fundamental para poder seguir adelante. "Queríamos una transición
pacífica, pero no ha podido ser". Ribera Salud se autodefine como
"líder en el sector de las concesiones administrativas en España"
pero la mayor parte de su negocio está en la Comunitat cuyo Ejecutivo actual
anunció que haría estas reversiones. "Estamos cumpliendo el programa
electoral", añade Montón. "Y demostrando que la privatización no era
para siempre".
Reticencias
ideológicas
Las trabas para recuperar estos servicios no solo están
llegando de las contratistas que pueden ver su cartera de clientes (y de
ingresos) reducida. El Gobierno también está saliendo al cruce, casi siempre
con el argumento de que asumir los servicios implica asumir nuevos gastos
especialmente de personal. Así, el Ejecutivo de Mariano Rajoy envió al abogado
del Estado a tratar de parar el acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid para
retomar la gestión del agua de la ciudad mediante una empresa pública. La
justicia firmó el 14 de noviembre una sentencia que rechazaba la postura del
Gobierno y daba la razón a la ciudad.
El alcalde vallisoletano, el socialista Óscar Puente, cuenta
a eldiario.es que acometieron este proceso porque, tras estudiar la fórmula
durante un año, se concluyó que "es más eficaz y rentable" y la
manera de paliar "el déficit de 200 millones en inversiones para
actualizar la red de abastecimiento".
No ha sido el único caso. Las delegaciones o subdelegaciones
gubernamentales a lo largo del país han iniciado acciones legales parecidas. En
la provincia de Cádiz, por ejemplo, la Subdelegacón ha llevado al juzgado al
municipio de Chiclana ante el proyecto de retomar el servicio de limpieza de
edificios públicos y colegios y la ayuda a domicilio. En Zaragoza, el Gobierno
ha ido de la mano de la CEOE para impugnar la recuperación del servicio de información
telefónica 010. El tamaño del servicio no está siendo un motivo para mirar para
el otro lado. La Delegación en Valencia también ha cuestionado la legalidad de
la remunicipalización de los servicios de la piscina y la radio por parte del
Ayuntamiento de Alzira.
Puente asegura que "es muy evidente que la oposición
del Gobierno es ideológica. Hacienda pone todo tipo de trabas –la tasa de
reposicion o la regla de gasto– porque la privatización es su modelo:
externalizas el servicio y es lo que menos quebraderos de cabeza da".
También hace pocas semanas, un caso de privatización que
copó titulares por su manera de efectuarse, ha tenido novedades judiciales: el
agua de Alcázar de San Juan. Su paso a gestión privada adjudicada a Aqualia se
realizó por trámite de urgencia con los votos del PP y CXA que no sumaron la
mayoría absoluta precisa. Los magistrados estimaron en noviembre pasado el
recurso de la ex concejala de Alcázar de San Juan, Ana Belén Tejado, contra el
proceso. Tejado lo presentó en 2014 tras la venta de la empresa municipal
realizada en medio de una marea azul ciudadana de protestas. La alcaldesa
actual, Rosa Melchor, considera que ese auto supone "un paso más por la
remunicipalización".
(Nota de Carlos J. Bugallo: ¿Ha llegado el momento de recuperar a la antigua Argentaria?)
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