Por Vicente Clavero
Público.es, 01/12/2017.
En un país donde el 20% de los asalariados no cobran ni mil
euros al mes, es difícil que el éxito acompañe a los planes de pensiones. Aun
así, hay ocho millones de españoles que tienen dinero colocado en este
instrumento de ahorro a largo plazo. Aspiran con ello a vivir una jubilación
más desahogada de la que les permitirá su sola pensión de la Seguridad Social.
Sobre todo teniendo en cuenta los negros nubarrones que se ciernen sobre el
sistema público, debido al envejecimiento de la población, a la crisis económica
y a la generalización de empleo precario y mal pagado.
Para la banca, que controla los planes de pensiones, éstos
son un magnífico negocio. Le permiten tener cautivos los más de cien mil
millones de euros que a día de hoy acumulan y cobrar encima las
correspondientes comisiones por depósito y gestión. A cambio ofrecen
rentabilidades muy modestas, que a veces cubren a duras penas los gastos. De
ahí que el mayor atractivo de los planes sea la posibilidad de desgravar las
aportaciones cuando se hace la declaración anual de la Renta. Lo que significa
que, al final, quienes pagamos la fiesta somos el conjunto de los españoles.
Pues bien, la banca está que trina porque el Ministerio de
Economía ha anunciado su intención de facilitar al máximo el rescate; es decir,
la recuperación del dinero ahorrado antes de la edad prevista de jubilación.
Ahora sólo puede hacerse si concurren supuestos especiales: desempleo de larga
duración, amenaza de ejecución hipotecaria o enfermedad. La idea de Luis de
Guindos se resume en renunciar a esta limitación e incluso al tope de diez mil
euros que se había barajado, dejando sólo la condición de que el plan tenga una
antigüedad mínima de diez años.
El temor de la banca, según dicen sus representantes, es que
se produzca una avalancha de retirada de fondos y se le fastidie el negocio.
Pero no tiene razones para ello. En primer lugar, porque los partícipes son muy
reticentes a sacar el dinero si no tienen motivos de peso, habida cuenta el
coste fiscal que conlleva. De hecho, en 2016 sólo un 8,6% pidieron el rescate,
según datos oficiales. Y en segundo lugar, porque el Ministerio de Economía no
tiene la menor intención de poner la zancadilla a los fondos de pensiones, sino
más bien todo lo contrario.
Las medidas que planea De Guindos pretenden dotarles de
mayor atractivo, para que la gente se anime a suscribirlos, sin miedo a que el
dinero se quede cautivo hasta el fin de la vida laboral. Dicho de otro modo, lo
que pierda la banca por un lado lo puede ganar por otro, y el balance final
seguramente será positivo para ella. Que lo sea para los ciudadanos, en cambio,
es harina de otro costal. Sobre todo si facilitar el ahorro para la jubilación
encierra un reconocimiento implícito de que el sistema público no da más de sí
y hay que ir olvidándolo. Lo cual sería una auténtica catástrofe.
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