Por Alicia Avilés
Pozo
El diario.es,
09/12/2017.
Una serie de obligaciones vincularán a las entidades
financieras para que antes de iniciar una ejecución hipotecaria en Castilla-La
Mancha que derive en desahucio, prevean la posibilidad de ofrecer a la persona
o personas afectadas una “alternativa habitacional”. Así lo recogerá la futura Ley regional de Vivienda cuyo
articulado ya ha finalizado el Gobierno castellano-manchego y que actualmente
estudian los servicios jurídicos. El objetivo para su aprobación sigue siendo
el año que viene, pero aún tiene que recibir luz verde del Consejo de Gobierno,
del Consejo Consultivo, pasar el proceso de información pública e iniciar
después su tramitación parlamentaria, un proceso que se puede alargar debido a
su complejidad.
Según ha explicado a eldiarioclm.es el director general de
Vivienda, José Antonio Carrillo, el texto ya ha sido derivado también a la
consejera del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ya que buena
parte de sus medidas están contempladas en esta iniciativa de Podemos que forma
parte de la acción de Gobierno para 2018.
Las situaciones de emergencia habitacional son solo una
parte de la nueva normativa, ya que no se trata de una ley ‘ad hoc’ para frenar
los desahucios, sino de un cuerpo legislativo completo para regular todos los
aspectos en materia de vivienda. Aún así, en la Junta reconocen que este
objetivo es uno de los más importantes y que para ello se regularán con rango
de ley tanto las Oficinas de Intermediación Hipotearia (‘Antidesahucios’) como
una serie de “obligaciones” para que las entidades financieras que vayan a a
iniciar una ejecución hipotecaria, prevean antes ofrecer al afectado una
alternativa habitacional, “tanto con medios propios como con la colaboración de
las administraciones públicas”. La futura ley también establece que si el banco
en cuestión se queda con alguna vivienda, aparte de dar una solución a la
persona, también “tendría que ofertarla” para la Administración, “no para que
se la quede, sino para que la adjudique a alguien que tenga esa necesidad”.
El director general de Vivienda precisa que esta ley parte
con la base de que ya ha habido una respuesta del Estado a comunidades
autónomas que han legislado contras los desahucios, en forma de recursos ante
el Tribunal Constitucional, como ha sucedido recientemente con la Comunidad
Valenciana. Por esto, la Junta ha querido conformar una norma con “medidas
respetuosas" tanto con los bancos como con la doctrina del Constitucional
que ya se está creando y que no entren en esa situación de conflicto con el
Estado. Por ejemplo, la apelación a las entidades financieras para que ofrezcan
soluciones se ha estudiado para que no sea recurrida, pero “otra cosa es que lo
pueda interpretar el Gobierno central”.
Posibilitar la
"movilización" de viviendas
De cualquier forma, es también el motivo por el que la Ley
de Vivienda de Castilla-La Mancha contempla una serie de acciones previas y
mecanismos antes de iniciar un proceso coercitivo (de multas y sanciones, que
también establece la norma) hacia constructores, empresas o dueños de viviendas
desocupadas. El objetivo, precisa Carrillo, “no es buscar la sanción” sino
posibilitar la movilización de las viviendas, ofreciéndoles ayudas a la
rehabilitación como las que ya se han ido convocando, o subvenciones para el
alquiler, “en vez de tenerlas vacías”. “Ahora, si no se adoptan, sí llegaremos
a las multas”, subraya.
Como novedad, la Ley también prevé un censo de viviendas
vacías que todavía no existe en la región. En este caso, el Gobierno quiere ir
un poco más allá debido a las particularidades de la región y su extenso ámbito
rural: ese registro no se centrará en cada uno de los municipios de la
comunidad autónoma, sino en aquellos donde haya demanda de vivienda como Ciudad
Real, Albacete, Toledo o los del Corredor del Henares, entre otros. Es decir,
“aquellas zonas donde hemos acreditado que hay una necesidad de vivienda
gracias el registro de demandantes”, ya que “no podemos fomentar la ocupación
de viviendas en zonas donde la dinámica poblacional no lo requiere".
Además, dentro de los inmuebles vacíos, también se
diferenciará entre que lo están sin ningún motivo y los que son susceptibles de
beneficiarse de los instrumentos de ayudas al alquiler o a la rehabilitación
antes mencionada.
Promociones públicas
que "se quedaron a medias"
En cuanto a la vivienda social, el Gobierno regional
reconoce que la situación económica no permite desarrollar todas las
promociones económicas de vivienda que serían deseables. “Lo que estamos
intentando esta legislatura, con mucho esfuerzo, es culminar todas aquellas
promociones públicas tanto de la Junta como de GICAMAN (Empresa Pública de
Gestión de Infraestructuras) que se dejaron a medias la pasada legislatura y se
paralizaron. Antes que hacer nuevas viviendas desde cero, tenemos promociones
detectadas que, habiendo también demanda, se quedaron a medio construir y a las
que ahora hay que dedicar más recursos públicos porque se han depreciado,
desgastado o han sido vandalizadas”. Estas acciones se suman al ‘stock’
“aprovechable” del que ya disponen los bancos y “que tenemos que poner en
valor”.
Precisamente, la delegación castellano-manchega de Amnistía
Internacional hizo públicas recientemente sus propuestas para garantizar el
derecho a la vivienda. A las ayudas al alquiler, la intermediación y a la
puesta en valor de los recursos habitacionales públicos, ha añadido otras
peticiones como la adopción de un protocolo de coordinación entre juzgados y
servicios sociales para que en cuanto exista un proceso de desalojo se contacte
con los servicios sociales para garantizar una vivienda adecuada alternativa.
Esta organización ha solicitado igualmente incrementar el
parque de vivienda social para hacer frente al volumen de desahucios en la
región y realizar un diagnóstico de las necesidades de vivienda de la
población, con el fin de “elaborar políticas orientadas a satisfacer las
necesidades de los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad”. Para ello
considera necesario contar con datos desagregados de cuántas personas han
perdido la vivienda como resultado de un desalojo; cuántas de ellas son
mujeres, menores, personas mayores o personas con discapacidad. Según apunta,
tan solo en 2016 hubo 1.018 desahucios de viviendas en alquiler en Castilla-La
Mancha y 1.251 desalojos hipotecarios pero se desconoce a cuántas personas
afectaron.
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