Por Íñigo de Barrón
El País.es,
19/01/2018.
Los 54 juzgados especializados en cláusulas suelo acumularon
164.969 demandas en 2017, según el Ministerio de Justicia. De momento, las
resoluciones finales —a falta de los datos del 30% de los juzgados— son cerca
de 5.000, el 3% del total. Vicente Pascual, representante del Consejo General
de la Abogacía en la Comisión que sigue la evolución de las cláusulas, avisa
que pueden acabar en los juzgados la mayoría de las 650.000 demandas que la
banca ha rechazado pactar con sus clientes y bloquearán los juzgados. Fuentes
del Consejo General del Poder Judicial creen que es pronto para vaticinar ese
extremo.
Según Gerardo Martínez Tristán, vocal coordinador de estos
juzgados especializados y representante del CGPJ en la Comisión de Control y
Evaluación de las Cláusulas Suelo, en los últimos meses "ha disminuido el
ritmo de presentación de demandas. Este año subirá con fuerza el número de
resoluciones, porque ya está afinada la maquinaria judicial de los juzgados
especializados".
Sin embargo, Vicente Pascual, decano del Colegio de Abogados
de Elche y representante de Abogacía en la Comisión de Control, cree que
"si nadie lo remedia, seguirán entrando nuevas demandas en los juzgados;
no creo que nuestro país pueda aceptar que las más de 650.000 solicitudes de
clientes que no han alcanzado un acuerdo con sus bancos se conviertan en
650.000 nuevos pleitos. La Justicia no lo podría soportar y la banca española
no lo debería provocar". Pascual califica de "innecesario" este
proceso extrajudicial organizado por el Gobierno, que puede convertirse en un
fracaso por no evitar el bloqueo judicial, y considera el mecanismo legal como
"un sistema de privilegiados para la banca en materia de costas
judiciales", según declaró a Abogacía Española.
Sin embargo, desde la Asociación Española de Banca (AEB),
rebaten la opinión de Pascual. "Como la propia sentencia del Tribunal de
la UE afirma expresamente, las cláusulas suelo no han sido declaradas nulas en
sí mismas, sino únicamente en determinados casos. Prueba de lo anterior es que
existen diversas sentencias de Tribunal Supremo de fecha posterior, declarando
válidas determinadas cláusulas suelo. No puede procederse con los automatismos
que se sugiere: es lógico que se realice un análisis individualizado de cada
cláusula, de cada reclamación, para determinar si procede o no la devolución de
los importes cobrados", asegura un portavoz.
Martínez Tristán, que también es magistrado de la Sala de lo
Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, apunta que todavía es
pronto para decir si habrá atasco o no en los juzgados. "En noviembre y
diciembre han bajado en 13.000 las demandas sobre las presentadas en los dos
meses anteriores. Los próximos meses los juzgados funcionarán a pleno
rendimiento, acelerando las resoluciones, cuyas tramitaciones se han reducido a
solo tres meses. Veremos cómo reaccionan los clientes que no han llegado a acuerdos
con los bancos. Todavía es pronto", dice.
Para este magistrado, otro factor clave para el futuro
judicial es "si llegan más sentencias del Tribunal de Luxemburgo sobre
otros aspectos de las hipotecas, como los gastos, que están a falta de la
posición del Tribunal Supremo, los vencimientos anticipados, los préstamos
multidivisas... que son aspectos sobre los que se pueden abrir litigiosidad en
cualquier momento", recuerda.
Sin embargo, Fernando Zunzunegui, abogado especializado en
derecho bancario, coincide con Pascual en que van a llegar "unas 400.000
demandas a los juzgados. Lo normal es que los que han sido rechazados por los
bancos pasen al juzgado". Este experto recuerda que se ha formado
"toda una industria de despachos de abogados que atienden estos casos con
un esquema de bajos costes, publicidad masiva y gran presencia en los medios de
comunicación para llegar al gran público. Esto es un fenómeno que puede elevar
la movilización de los clientes".
Miguel Ángel Heredia, diputado del PSOE que ha protagonizado
diferentes iniciativas parlamentarias sobre esta materia, critica que el número
de demandas siga creciendo "desorbitadamente". Heredia cree que el
problema existe "porque la mayoría de las entidades se están negando a
devolver estas cláusulas. Siguen ganando los bancos y perdiendo la gente. Es
intolerable".
La polémica de quién
juzga estos préstamos
La administración de Justicia, con el Consejo General del
Poder Judicial, estableció 54 juzgados especializados en cláusulas suelo, uno
por provincia, para evitar el bloqueo del resto de procedimientos. El sistema
ha recibido críticas de la Consejo General de la Abogacía y de la oposición. El
Grupo Socialista ha registrado proposiciones no de Ley para que sean los
juzgados ordinarios los competentes, "ante la saturación de los juzgados
específicos".
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