Por Cándido Marquesán
Millán
Nueva Tribuna.es,
13/01/2018.
El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con
el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una
fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.
Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de
concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En
definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio
básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia
exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de
ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas.
Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas
décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con
respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas
del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de
creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede
cuestionarla.
A este proceso de privatización-venta de empresas del sector
público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el
geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por
desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte
del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa
"acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de
las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que
garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada
tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo
novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en
la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en
yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del
Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el
Centro mismo del sistema global.
Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La
privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta
empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los
españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o
externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las
instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes
fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y
rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa
privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha
sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta
economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de
especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron
entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así
como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los
procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de
naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya
olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.
En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de
empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos
socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones
ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y
tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones
formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa
gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos
políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la
corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa,
Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado
entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora
una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció
impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca
empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están
pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los
Paradores…. Más, según Mariano Fernández
Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto
está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del
Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una
demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no
sabría renunciar a ellos, tanto es así
que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos
mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más. Además de capitales ávidos, las políticas de
privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y
contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios
genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de
espera en el sector sanitario o que los españoles no quieren que sus hijos compartan pupitre con
inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada.
Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza,
las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a
niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u
otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que
quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a
ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir
en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso
al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un
paradigma la Comunidad de Madrid.
Mas en este proceso de privatización de la propiedad
colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave.
Al respecto parece muy oportuna la
reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo
frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido en Le Monde Diplomatique, en el que plantea la necesidad de proteger la propiedad
colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios
públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos;
ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por
el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común,
exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con
una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al
propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras
que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna
protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de
la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre
los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa
un anacronismo jurídico y político.
Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo
ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa
privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de
agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad,
educación o dependencia, el objetivo fundamental dentro de la más estricta lógica de su
funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios
económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo
prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una
contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los cientos de afectados han criticado la escasez
de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la
empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de
las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras
políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de
autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los
peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas
estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011
Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los
puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73,
respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas
en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del
17%).
La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa,
hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las
privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas
élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En
cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se
redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen
grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado.
¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las
autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las
grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en
quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones,
que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se
estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217
millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios
por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los
tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los
terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de
urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la
búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes
concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras,
transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había
conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).
En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal
nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya
nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en
desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los
servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos
empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas
de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra
todos de la que hablaba Hobbes.”
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